Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

A partir del descubrimiento del yacimiento de gas de Camisea por parte de Shell en 1984 y algunos esfuerzos infructuosos por definir un proyecto viable hacia 1994, Shell abandonó el Perú y el Estado licitó internacionalmente el desarrollo del proyecto de explotación del campo, transporte y comercialización de gas y líquidos. El ganador de esa licitación fue el Consorcio constituido por Plus Petrol, Hunt Oil, SK y Teck Petrol, quien ofreció pagar una regalía de 38% del valor de venta, recibiendo el derecho de explotación por 40 años. En el tiempo, se sumaron al consorcio, Repsol y Sonatrac.

Este proyecto tuvo tres efectos:

1. Una inversión del orden de los US$13 mil millones, entre el campo para la explotación, los ductos para el transporte, la planta criogénica de Melchorita, la planta de fraccionamiento de Pisco y las instalaciones portuarias, lo que ciertamente brindó grandes oportunidades de trabajo.
2. La modificación de nuestra matriz energética (mercado interno) y
3. la exportación mediante un contrato de 15 años plazo.

Esta gran inversión permitió que, todos los peruanos nos hayamos beneficiado desde el inicio de operaciones hasta la fecha, con un ahorro de más de US$100 mil millones; en nuestros recibos de luz, al reemplazar en la generación eléctrica diésel por gas, por usar GNV en transporte público, ahorros en la industria mediana y comercios, al igual que en la gran industria, al cambiar la fuente de energía por gas natural.

[El gas de Camisea llega a todos los peruanos, pues alimenta el 40% del consumo de electricidad del país]

En términos de recaudación fiscal, producto de la exportación y venta local, durante estos 17 años, Camisea ha pagado US$14,880 millones entre Regalías e Impuesto a la Renta, vale decir, el 65% de la renta generada, llegando directamente al Cusco, más de US$1 millón diario.

Es muy importante que todos sepamos, que su capacidad de producción es de 1,650 MMPCD (1) (millones de pies cúbicos por día), de los cuales, el mercado local consume entre 550 y 600 MMPCD, se exporta entre 550 y 600 MMPCD y se reinyecta al pozo en promedio 400 MMPCD. Esto confirma que contamos con gas natural más que suficiente para toda nuestra población, si consideramos que, a la fecha, Calidda (responsable de la distribución) destina 17 MMPCD para atender a 1.1 millones de hogares (aproximadamente 5 millones de peruanos), por lo que se estima que, reservando 50 MMPCD adicionales, se podría atender al resto de la población del centro y sur del Perú.

Mucho se habla de los precios del contrato de exportación de Camisea, y es importante que sepamos que, independientemente de tener un comprador contractual por 15 años (Shell), no se fija un precio en el contrato, sino que se establece lo que se llama un “Marcador”, que es el precio del mercado al que se destina el producto. Así tenemos:

• HH (Henry Hub) para el mercado de las américas.
• JKM para el mercado asiático.
• NBP principal marcador para Europa.

Igualmente debemos conocer algunos hechos históricos, como que, cuando se inició la exportación con destino a Manzanillo, México, el HH era el marcador con precios más altos en el mundo, puesto que para ese entonces no existía el shale oil, ni el shale gas (petróleo y gas de esquisto o de fracking), que se desarrolló al sur de USA, pero que se convirtió en una amenaza al mercado a mediados de la década pasada. Por su lado, un terremoto y tsunami en 2011, afectaron gravemente la central nuclear de Fukushima y todo el sistema energético japonés, por lo que tuvieron que construir de emergencia centrales termoeléctricas a gas, y al aumentar dramáticamente la demanda de gas natural, el precio del marcador JKM subió mucho. Finalmente, en Europa, dependiente del gas y del gasoducto ruso, el mercado se vio expuesto a las decisiones políticas rusas, que hicieron subir los precios en el marcador NBP. En resumen, mientras los altos precios del HH cayeron por presencia de shale gas, los mercados asiático y europeo, subieron radicalmente por las razones indicadas. Lo importante aquí, es que durante los últimos 5 años se han despachado 220 barcos y de ellos, sólo 5 han tenido México como destino, pero ninguno durante los últimos 2 años.

En esencia, el problema que debemos resolver en el Perú, es la masificación del gas y ese es un tema que corresponde al Estado peruano resolver, no a ningún contratista.

En el pasado se decidió construir el “Gasoducto del Sur” hoy “SIT”, una obra faraónica, que, siendo un sistema secundario para el transporte de gas, se construía con tuberías de mayor diámetro que el de TGP (TGP 32”, 24” y 18”, mientras el SIT entre 36” y 30”).

Algo que pocos mencionan, es la diferencia entre el GN (gas natural) que nos sobra, y el GLP (gas líquido de petróleo) que se vende en los balones de gas, del que no tenemos suficiente. Este último se obtiene de los líquidos que se extraen de los pozos de gas y que debemos complementar con GLP que importamos. En consecuencia, 75% del GLP proviene de nuestra producción y 25% es importado.

Para resolver nuestra necesidad de masificar el gas, deberíamos hacer cabotaje de gas natural licuefactado en la planta criogénica a muy baja temperatura, en buque tanque hasta Ilo. Pocos saben que el gas licuefactado reduce su volumen en 600 veces, mientras que el gas comprimido para ser transportado en camiones, tal como se transporta hoy, reduce su volumen sólo entre 30 y 60 veces. Debemos pues instalar una planta de regasificación en Ilo, para atender las dos centrales termoeléctricas construidas ya en esa zona y desde Ilo, con tuberías de sólo 8”, distribuir el gas a Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno, etc., mientras que el norte del Perú, se debe atender con gas de Talara, disponible desde hace muchos años.

Esta propuesta podría ejecutarse en un año y con costos mucho más razonables que las otras opciones, permitiendo con esto que los peruanos se beneficien de este gas natural que, a pesar de este proceso, su costo es de hasta un tercio del diésel o el GLP.

El gobierno debería estar actuando diligentemente en esta dirección, en lugar de estar dando mensajes inadecuados a la comunidad de inversionistas nacional e internacional.

¡No sigan destruyendo la reputación e imagen del Perú! Lampadia

(1) En campo se obtiene una mezcla de gas y líquidos que le llaman “sopa”. In situ se separan el gas de los líquidos (unos 80 MBBLD), 50% se convierte en GLP, 10% es diésel y 40% es Nafta que se exporta para ser tratado y convertido en gasolina de aviación de alto octanaje.

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Desde Cusco
Para Lampadia

Recuerdo que en una de mis primeras clases de “Taller de Teoría Económica”, nuestro profesor lanzó la pregunta ¿Qué es una des-economía? Por supuesto, todos los estudiantes empezamos a dar respuestas llenas de “floro”, pero el curtido profesor, “nos sacó al fresco” diciendo; encender luz eléctrica cuando hay luz del día, regar un jardín cuando ha llovido, pintar una pared ya pintada, hacer un esfuerzo para resolver algo ya resuelto, etc.

Si nuestros políticos y doctos asesores de gobierno tuviesen claro el concepto, que eficaces hubieran sido en la conducción del Estado.

Los numerosos ejemplos de proyectos abandonados, que siempre se inician con pompa, pero nunca se concluyen o demoran en su ejecución y, por lo tanto, no generan el beneficio social y retorno económico sobre la inversión que se planeó al tiempo de aprobarlo y contratar su ejecución o concesión, suman un stock impresionante de capital gastado (pues deja de ser invertido) y sin retorno o beneficio.

En esta oportunidad no hablaremos de los sistemas de irrigación paralizados, a pesar de su gran avance, ni de los múltiples hospitales abandonados en casco u otros. Esta vez nos referiremos al proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), cuya construcción se inició el año 2014, pero que después de casi siete años, se ha llegado a usar máximo el 3.2% de su capacidad.

Por ley, el titular de la RDNFO es el Estado Peruano y lo concesiona a uno o varios posibles operadores interesados. En principio, la concesionó a AZTECA, quien debió montar, financiar, operar y mantener tal RDNFO, bajo la supervisión, regulación tarifaria y normativa de OSIPTEL, dándose a AZTECA la entrega de señal en las capitales de provincias. Estaba abierta la posibilidad de que, otros operadores, compartan el uso de la infraestructura y que establezcan Redes Regionales de Banda Ancha y Conectividad.

Por su parte y como usuario final, el Estado tiene la necesidad de interconectar

• Todos los colegios y universidades del país.
• Los hospitales, no sólo por acceso a las historias clínicas de todos los ciudadanos en una base de datos única, sino también por la necesidad de implementar telemedicina, especialmente en poblados que muy difícilmente puedan justificar contar con un especialista permanente, pero al que podrían acceder cada vez que sea necesario.
• La interconexión de todas las dependencias policiales, para contar con información en línea que permita perseguir el delito.
• La interconexión de los jueces y fiscales, así como contar con acceso a todos los antecedentes policiales y judiciales en línea.
• Proveer conectividad digital a los gobiernos regionales y municipales, como parte de un plan integrado de gobierno.
• Conectar dependencias de la RENIEC, con todos los registros de nacimiento, cambios de estado civil y defunciones.
• Tener centralizado todo tipo de licencias o permisos otorgados por el Estado, así como su vigencia, licencias de conducir y sus sanciones. Incorporar a las fuerzas armadas, personal y logística.
• Dependencias como el MIDIS y el Ministerio de la Mujer, serían capaces de gestionar los proyectos sociales que les corresponde, contando con buena conectividad digital.
• Todo lo anterior permitiría también estructurar un buen sistema logístico y de adquisiciones, coordinar compras masivas, oportunas y eficientes para todo el aparato del Estado.

Por otro lado, debemos tener claro que, contar con conectividad digital adecuada y estable a todas las poblaciones de la costa, sierra y selva, permitiría convertir al Perú en un país del siglo XXI, con mucho mayor productividad y eficiencia, mejorando todo nuestro ecosistema educativo, comercial, de salud, seguridad y empresarial, especialmente ahora que necesitamos de ciencia, tecnología e innovación, para competir globalmente sin mayores desventajas.

Resulta que el Estado, tal como se ha dicho, diseñó un mal sistema de contratación de la concesión y limitó al concesionario a brindar el servicio de comunicación en los 13,500 km de línea principal, sin poder brindar el servicio al usuario final en la “última milla”, actividad que se reservó a “empresas distribuidoras” del servicio regional. El Estado, una vez más, no supo negociar la concesión, ni asumir su rol regulador, para primero convertirse en el primer usuario de esta conectividad, generando la masa crítica de consumidores del servicio y así permitir la convocatoria a otros demandantes a precios competitivos.

¿Qué tanto se llenan la boca los políticos hablando de ciencia, tecnología e innovación, si no son capaces siquiera, de hacer viable una conectividad digital que tanta falta nos hace?

Hoy, después de varios años desperdiciados y de un alto costo de oportunidad sacrificado por el país, el Estado quiere resolver el contrato y al margen de las posibles demandas del concesionario ante tribunales internacionales, se estaría abandonando una infraestructura construida y no debidamente usada, aun cuando es uno de los elementos que más falta nos hace. Por la forma de concesión, se sigue esperando la construcción de 21 proyectos de fibra óptica para las ciudades, cuando se ha debido incorporar en la solución, al concesionario de la Red Dorsal, permitiéndole cubrir también la última milla, compitiendo con tantos concesionarios locales como la demanda justifique. Lo que no se puede hacer pues, es concesionar una red troncal que cubre longitudinal y transversalmente nuestro país, pero sin permitirle también un destino final.

Al final, esta RDNFO está resultando tan mala inversión como la refinería de Talara o las obras de irrigación abandonadas. Así no hay forma de avanzar y salir del hoyo.

Esto sin lugar a dudas es otra de nuestras des-economías, con recursos invertidos, pero inactivos y sin brindarnos servicio alguno. ¿Resultado? Colegios sin internet, escolares sin poder recibir educación no presencial, ciudades sin apoyo médico del mejor nivel de especialización con telemedicina, sistemas de seguridad policial aislados, sistema judicial desconectado, gobiernos descentralizados, sin un sistema de gobierno integrado, con adecuado monitoreo y coordinación. Retraso en la conectividad de la pequeña y mediana empresa, ampliando la brecha de productividad y competitividad, pues las empresas de gran tamaño, se han visto obligadas a resolver su problema con inversiones hechas a su medida.  

Otra incapacidad más de nuestro Estado.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Las declaraciones de ambos candidatos en sus respectivos desayunos electorales ayer hacen abrigar esperanzas de que se quiere pacificar el país luego de esta agresiva confrontación electoral y buscar un clima que permita la colaboración y la gobernabilidad. Los dos han dicho que respetarán los resultados electorales. Además, Keiko Fujimori ha llamado a Pedro Castillo a que “a partir de mañana ambos trabajemos en ese espacio de paz y unidad que todos los peruanos merecemos”, y Pedro Castillo, por su parte, que “hay que llamar a la tranquilidad”. 

Es lo que se va a necesitar. Cualquiera fuera el resultado final. Hay que aprender a aceptar la derrota, si es que esta se dio en buena lid. Pero no cabe duda que un eventual gobierno de Pedro Castillo podría ser catastrófico para el Perú. Aun en el supuesto más benigno de que se aplicara un plan económico siguiendo las líneas que ha sugerido Pedro Francke -más moderadas que los anuncios anteriores y que las propuestas del Plan de Cerrón-, y que el tema de la nueva Constitución se canalice por vías constitucionales –sin llamar a una asamblea constituyente-, habrá un cierto daño a la capacidad de recuperación económica lo que, sumado al desengaño de los grupos radicales que llevaron a Castillo, probablemente se traduciría en movilizaciones y protestas contra el gobierno, que podrían llevarlo a  recaer en su plan original.

Y ese plan ya sabemos dónde nos conduce. Si quien ganara finalmente fuera Keiko Fujimori, tendría delante de si el desafío de formar un gobierno multipartidario que le asegure una mayoría parlamentaria que, además, esté dispuesta a aprobar las leyes y reformas necesarias para resolver los problemas fundamentales que se hicieron evidentes en la pandemia y que estallaron en el propio proceso electoral –la informalidad y la precariedad de la Salud Pública-, cuya solución ya no se puede soslayar. 

Esos problemas son uno solo en el fondo: la exclusión de la mayor parte de los peruanos del Estado en sus dos dimensiones: la formalidad y servicios públicos de calidad. Exclusión legal y social. Un Estado inclusivo debería ser el gran objetivo nacional en los próximos 5 años. Pero eso supone un nuevo pacto social no para cambiar la Constitución sino para cambiar el Estado, lo que implica afectar el statu quo burocrático y alterar algunos paradigmas que han resultado excluyentes.

Se requerirá claridad y convicción para llevar a cabo esas reformas, lo que no está asegurado. Pero lo que sí es seguro es que, por el contrario, un eventual gobierno de Castillo agravaría la naturaleza excluyente del Estado peruano, pues agrandar el papel interventor, sobre regulador y empresarial del Estado no haría sino agravar la informalidad y la mala calidad de los servicios públicos, profundizando la exclusión legal y social.

La sociedad civil deberá estar preparada y atenta para señalar los peligros y tratar de prevenir males mayores. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 26 de marzo de 2021
Para Lampadia

La noticia es positiva. Súper positiva. Después de una eternidad – por fin – tendremos una Carretera Central de cuatro vías, que nos permitirá viajar entre El Callao y La Oroya, en apenas hora y media. ¡Parece un sueño! Sin embargo, la noticia es un tanto curiosa: El gobierno francés – no el Estado peruano – construirá la carretera.

Entonces, la pregunta del millón es ¿qué hace el Estado peruano que tiene que recurrir a un gobierno extranjero para construir una carretera en nuestro país? ¿Qué hacen los organismos estatales creados ex profesamente para construir obras de infraestructura como la Carretera Central, pero que en más de 20 años no construyeron ni un mísero metro de dicha vía?

La inversión es lo de menos… S/. 11,571 millones. Tampoco importa que el Gobierno francés gane lo que tenga que ganar… aunque sea un montón de plata. ¿Cuánto nos ha costado no tener una buena Carretera Central? Estoy seguro que sólo en tiempo y accidentes hemos perdido más de cien veces esa cifra… sin contar las millonarias pérdidas de frutas y verduras de la Sierra y Selva Central, que se pudrieron en el camino en cada interrupción de la vía, las cuales – dicho sea de paso – ocurren a cada rato.

A lo que quiero llegar es que si estamos optando por gobiernos extranjeros para construir carreteras, hospitales, líneas de metro, recintos deportivos como los Juegos Panamericanos Lima 2019, y otros ¿qué sentido tiene mantener instituciones burocráticas estatales – encargadas de construir obras públicas – que además de inoperantes y corruptas, cuestan un ojo de la cara? ¡Para qué gastar pólvora en gallinazo!

Me refiero a PROINVERSION, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y sus derivadas… PROVIAS Nacional y PROVIAS Descentralizado. Entre paréntesis ¿alguien me podría explicar para qué tenemos dos estructuras burocráticas idénticas como PROVIAS Nacional y PROVIAS Descentralizado? ¿Acaso ambas no hacen lo mismo… carreteras? ¡Oh política estatista y populista, cuánto daño nos haces a los peruanos!

Si – por otro lado – estamos recurriendo a gobiernos extranjeros para terminar de construir hospitales como el Antonio Lorena del Cusco, hay que cerrar el PRONIS que supuestamente desarrolla el Programa Nacional de Inversiones en Salud. También habría que cerrar el PRONIED que se encarga – supuestamente – del Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Incluso, habría que cerrar las Direcciones Regionales de Infraestructura de los Gobiernos Regionales y Municipales. ¿Para qué seguimos con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) si hemos contratado al Gobierno de Corea para la construcción del aeropuerto de Chinchero en Cusco?

Seamos sinceros y prácticos. El Estado peruano no sirve para construir obras de infraestructura. No sirve para construir una buena Carretera Central. Tampoco sirve para construir hospitales, escuelas, líneas de metro, o aeropuertos. El Estado peruano no sirve para construir nada. El tiempo y la vida así lo han demostrado.

Efectivamente, los convenios de Gobierno a Gobierno constituyen un reconocimiento fáctico – del propio Gobierno – respecto de su propia inoperancia para la construcción de obras de infraestructura pública.

Entonces… a confesión de parte, relevo de prueba. Cerremos todos los organismos estatales que no hacen nada, más allá de las consabidas corruptelas y coimas de por medio. Destinemos ese dinero a mejorar las remuneraciones de los maestros, médicos y enfermeras, policías y militares, y jueces y fiscales.

Reitero – entonces – la pregunta del millón ¿qué obras hace bien el Estado peruano? Quedo a la espera de tu respuesta. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Estado peruano no puede cumplir siquiera con la razón de ser de un Estado, que es garantizar el orden y el imperio de la ley, para no hablar de servicios básicos como salud, y al partido Victoria Nacional del candidato puntero George Forsyth no se le ocurre mejor cosa que agregarle más funciones y proponer que se aclare el principio de subsidiariedad del Estado en la Constitución para que pueda asumir funciones que le den viabilidad social a la inversión en recursos naturales. En su página 38 postula lo siguiente:

“…redefiniremos la finalidad del Banco Central de Reserva por la de preservar la estabilidad macroeconómica, incluyendo la estabilidad monetaria, el nivel de actividad económica y de empleo, y aclararemos el principio de subsidiaridad del Estado en las inversiones, para fortalecer la viabilidad social de la inversión en sectores sensibles vinculados al aprovechamiento de recursos naturales, en los que el Estado podría contribuir a generar valor compartido, paz y desarrollo multisectorial en asociación con la inversión privada, a través de la constitución de fondos de fideicomiso”. (p.39)

¿Qué sentido tiene modificar la constitución en el tema definitorio del modelo económico solo para permitir la constitución de fondos de fideicomiso? ¿Acaso se requiere dicha modificación para conformarlos? Más bien esa pueda ser la puerta entreabierta por la cual se cuele el estatismo empresarial. Podríamos terminar regresando al Estado empresario cuando ni siquiera el Estado peruano ha sido capaz de cumplir sus funciones más elementales, salvo la de asegurar la estabilidad macroeconómica, gracias precisamente al capítulo económico de la Constitución.

Pero la propuesta de Victoria Nacional pone en riesgo también ese logro, cuando pretende agregarle al BCR el objetivo de preservar no solo la estabilidad monetaria, sino también el nivel de actividad económica y de empleo. Algo que en la práctica el BCR también hace cuando aplica medidas contracíclicas como las que implementó por medio de los Reactiva en la crisis de la pandemia. Es riesgoso modificar lo que funciona bien.

Sí es correcta, en cambio, esta propuesta:

“También estableceremos como rol del Estado su actuación como facilitador, promotor, fiscalizador y vigilante de la libre competencia, dándole al Indecopi reconocimiento como organismo constitucionalmente autónomo” (p. 38).

Ese es el tipo de función que el Estado debe cumplir: garantizar la libertad económica, la libre competencia, la igualdad de oportunidades. Forma parte esencial de esa función garantizar la seguridad y el orden público. Thomas Hobbes explicó hace cuatro siglos que la razón de ser del Estado es impedir la guerra de todos contra todos, que es lo que ocurre cuando no hay autoridad. Lo vimos en Ica: bastaron 5 días de anarquía, en las que el Estado renunció a existir porque decidió no impedir los bloqueos, para que se desencadenaran ataques a las empresas formales y se derogara por la fuerza una ley que había sido tremendamente benefactora. Un sector se ha arruinado por ausencia del Estado en su función esencial. Por anarquía.

Si Forsyth quiere el desarrollo nacional y recuperar tasas altas de crecimiento, antes que pensar en crear empresas públicas o darle más funciones al Estado, debe empezar por proponer un plan para que el Estado cumpla su principal razón de ser: impedir la guerra de todos contra todos, establecer el imperio de la ley, el estado de derecho y la seguridad jurídica. Sin eso no habrá inversión de ningún tamaño y todo será el robo de unos a otros. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En el Perú nos estamos mal acostumbrando a la protesta desbordada, que usa la fuerza extrema y viola los derechos de los demás ciudadanos. ¿En qué país del mundo, donde exista un gobierno democrático, regido por el imperio de la ley, es eso aceptado? Obviamente, en ninguno que se precie de ser una democracia y que cuente con un verdadero gobierno.

En el Perú, ciertos grupos políticos, nos han vendido la “narrativa” de que, impedir los desmanes y controlar que no se produzcan desbordes de la protesta que afecta los derechos de los demás ciudadanos, es un exceso, que se traduce en brutalidad policial. El gobierno actual no respalda a sus fuerzas del orden y se está generando en ellas un grave sentimiento y desmoralización, que impide poner límites a esas protestas.

No sólo eso, sino que se ha “santificado” a los dos lamentables fallecidos, durante la protesta que encumbró a Sagasti, acompañado de un terrible maltrato a la Policía Nacional y sus autoridades. Desde el lado de las autoridades políticas, no se ha acelerado el proceso de investigación que identifique a los responsables de esas pérdidas de vidas humanas y transcurrido más de un mes, no se ha identificado a los responsables, pero sí se ha hecho ofertas apresuradas de indemnizaciones. A la fiscalía “le han comido la lengua los ratones” y para estos efectos, no existe. La Defensoría del Pueblo se pronunció respecto al atropello legal contra los 17 generales defenestrados, pero sin efecto ni seguimiento alguno (sólo habló para las tribunas). Se tuvo que pedir la renuncia al Sr. Vargas en el MININTER por lo insostenible de su situación y se hizo una jugarreta con su reemplazo, únicamente para lograr la ratificación del gabinete, para luego designar a un ministro que dice que “no es el jefe de la policía” y que muy suelto de huesos informa, que los policías que han sido atacados por las turbas en la carretera Panamericana, que están con cabezas rotas, heridas punzo cortantes abiertas en la cara y cuerpo, “están bien, un poco golpeados, pero bien” y para él no pasó nada…

Se envía a la policía a los lugares de protesta, absolutamente inermes, a resistir a pie firme el ataque de las turbas, quienes no sólo superan ampliamente en número a los efectivos policiales enviados, sino que además están armados con hondas, piedras, bombas Molotov, entre otros elementos. ¿A eso es lo que le llaman “uso proporcional de la fuerza”? ¿La autoridad tiene que enfrentar de igual a igual, si no disminuido, a los delincuentes? ¿En qué mundo se han imaginado tamaña barbaridad? No señores, la autoridad debe ser respetada por su sola presencia y si alguien pretende atacarla, debe ser consciente que está poniendo en riesgo su integridad personal. Lo contrario es dar pase libre a la anomia y al desgobierno.

En esa misma línea, los ataques a las Fuerzas Armadas en el VRAEM continúan y la ministra de Defensa se permite hablar de “cambio de rumbo” para estas fuerzas. Esto enciende las alarmas, después de haber iniciado su gestión, induciendo al presidente a un desaire a las Fuerzas Armadas, al no haber asistido a las correspondientes ceremonias de graduación de sus oficiales.

Algo está pasando acá, ya que en política no hay coincidencias y, da la casualidad, que en el ministerio del interior se maltrata a la estructura jerárquica de la Policía Nacional, se designa a un Comandante General inexperto y no caracterizado, únicamente por ser obsecuente y dócil al poder político del momento. Se envía contingente policial debilitado, física y moralmente, al mando de jefes inexpertos, sin mandato claro y sin apoyo político. Por otro lado, se empieza a fustigar a las Fuerzas Armadas, aprovechando de su silencio y respeto al orden constitucional por no ser deliberante político.

¿Queremos celebrar el bicentenario maltratando y disminuyendo a las fuerzas que han protegido a la República durante estos dos siglos? ¿Qué propósitos ocultos hay tras este maltrato y manoseo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional?

Todo parece indicar, que la izquierda está buscando una escalada de mayor dimensión, con posiciones maximalistas en todo orden de cosas (políticas y económicas) y para eso requiere un Estado debilitado desde el punto de vista presupuestal, institucionalmente débil, con gobernantes, congresistas y miembros del sistema judicial, sometidos al escrutinio ciudadano bajo sospecha de corrupción (cosa que en muchísimos casos aflora) y en ese ambiente, ahora también atacado con múltiples mensajes repetidos desde la cátedra en muchas universidades, algunos miembros de la curia, con el eco de una prensa confundida o comprada (hay elementos para pensar en las dos opciones) y para completar el círculo, debilitando y sometiendo a las fuerzas del orden, poniéndolos a la par que los “protestantes”.

En esa línea, me avergonzó el increíble comentario hecho por el ministro del interior: “si la Policía y quienes están protestando no ejercen actos violentados, pues se generará un clima de paz”. Con esto deja claro que en el Perú no tenemos autoridad y que, ante las protestas, cuando se envía a la Policía, en realidad estamos enfrentando dos “bandos” contrapuestas, de igual categoría, moral y derechos para ejercer la fuerza. ¿Cuándo perdió el Estado peruano el derecho al monopolio de la fuerza? ¿Desde cuándo en el Perú la relación Policía-delincuencia, es una relación entre pares?

Sinceramente no puedo creer que el representante del gobierno, responsable del orden interno, afirme semejante cosa, después de afirmar que, “no es el jefe de la policía”.

¡No hay derecho que se deje vía libre al socialismo del siglo XXI! Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

El Estado peruano, al igual que todos los Estados del mundo que se respeten, tiene derecho a exigirle a sus ciudadanos la información que considere conveniente y a gestionar por todos los medios a su alcance, aquella información que requiera para asegurar la recaudación tributaria, tener bajo control los movimientos de dinero que podrían implicar; lavado de dinero, evasión tributaria y financiamiento del terrorismo, entre otras actividades delictivas.

El asunto sería sencillo si contáramos con instituciones sólidas, que respeten las normas y parámetros de legalidad, con las se maneje la información antes mencionada. El problema se complica, cuando alguno de los poderes del Estado es infiltrado por la delincuencia y está claro que en nuestro país, desde el poder ejecutivo (empezando por una seguidilla de ex-presidentes y ministros), el congreso, al que en los últimos años se le fue incorporando la delincuencia, al punto que algunas fuerzas del lumpen lo tienen controlado. El sistema judicial, con muchos jueces y fiscales descalificados (para muestra “los cuellos blancos del puerto”, por no recorrer todo el país y confirmar lo dicho con múltiples ejemplos).

En estas circunstancias, estamos observando que la Comisión de Defensa del Consumidor del congreso, después que le atribuyeron facultades de comisión investigadora, ha tenido el atrevimiento de solicitar a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que le entregue una copia espejo de un sinnúmero de datos e información recibida por esta entidad, incluyendo información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Ante esto, la jefe de la SBS, Sra. Socorro Heysen, ha explicado que este pedido “pone en riesgo la reputación, la seguridad y hasta la vida de los ciudadanos”.

Debemos tener claro, que las normas legales que le permiten a la SBS y a la SUNAT a exigir a los ciudadanos, así como la atribución de recibir información proveniente de múltiples países, en base a acuerdos internacionales, también obligan al Estado peruano a la reserva de tal información. Esta obligación de reserva está protegida por la Constitución y la ley, incluyendo la ley de protección de datos y su no cumplimiento, es sancionable. Las comisiones investigadoras del congreso tienen derecho a solicitar información puntual, referida a casos específicos bajo investigación. La otra forma de obtener igualmente información puntual, es mediante mandato judicial. Lo dicho significa, que ninguna comisión del congreso puede solicitar se le proporcione un “archivo espejo”, sin límites de la información manejada de manera reservada por estas instituciones.

Resulta importante remarcar, que esta prerrogativa y derecho de los Estados, se ha instituido de manera universal, partiendo del supuesto de un Estado conducido por gente honesta, que respeta las instituciones y guiado por intereses superiores orientados al bien común. En el mundo, nadie se ha puesto ante el escenario en que la delincuencia pueda capturar al Estado y valerse del poder que este control le confiere, para a partir de eso, ampliar su accionar delictivo. Eso no se puede permitir, lo contrario implica ratificar un elemento adicional para considerarlo un Estado fallido.

Creo que la ciudadanía debe cerrarle el paso a esta pretensión, caso contrario, los propios ciudadanos tenemos el derecho de entrar en rebeldía, en contra del uso de estos poderes por parte de la delincuencia y al efecto, suspender sus declaraciones juradas, no proporcionar más información que pueda caer en manos del lumpen, con fines delictivos e insospechados.

Si los poderes del Estado, los mismos que han sido diseñados considerando los contrapesos necesarios para evitar estos excesos, no ponen coto a esta situación, somos los ciudadanos quienes debemos poner freno, por todos los medios a este riesgo y curarnos en salud. Debemos denunciar estas pretensiones ante organismos internacionales y hacer que el Perú quede excluido, cuando menos, de los convenios internacionales de cooperación y cruce de información financiera, en protección de la integridad de los ciudadanos frente a la delincuencia que haya tomado el poder. Independientemente, debemos asegurarnos que esta información sea de uso exclusivo de la entidad que la recibe en primera instancia, permitiendo su uso exclusivamente al poder judicial, ante mandato expreso del juez a cargo de la causa. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 11 de diciembre de 2020
Para Lampadia

Dar una orden a la Policía en el sentido de no despejar vías bloqueadas es señal de debilidad. No controlar ni sancionar el uso ilegal de Services en el agro denota inoperancia. Abandonar a pacientes de hospitales públicos en horario de trabajo es un maltrato cruel. Y pedir plata por lo bajo – o sea, bailar al son de las coimas – es corrupción.

Bueno pues, eso y mucho más es el Estado peruano. Y el periodismo – salvo escasas y honrosas excepciones – apaña a ese Estado fallido. ¡Así estamos!

A propósito de Estado fallido, el Congreso de la República acaba de derogar la Ley de Promoción Agraria. Y el presidente Sagasti – ipso facto – promulgó la derogatoria… feliz. ¿Qué ley rige para el sector agrario? No se sabe, pero no importa. La consigna era derogar la Ley Chlimper. El vandalismo pide… el Estado otorga. ¡Así estamos!

¿Cómo será la nueva ley del sector agrario? Tampoco se sabe, pero tampoco importa. La Ley Chlimper fue derogada. Eso era lo único que importaba. La demagogia y el populismo están de fiesta. El vandalismo pide… el Estado otorga. ¡Así estamos!

Mientras tanto, el Ministerio del Interior y la Policía se hunden cada vez más en su laberinto. El presidente Sagasti no tiene un mes en el cargo y ya va por su tercer ministro del Interior. Y – como se sabe – cada ministro entra y sale con su Director General bajo el brazo. Y los directores – a su vez – hacen lo mismo con sus subordinados. Cero carreras públicas, cero meritocracia, cero profesionalismo, cero continuidad funcional. ¡Así estamos!

Consecuentemente, la seguridad ciudadana es un bien escasísimo en nuestro país. Los bloqueos de carreteras aparecen aquí y allá… en cualquier momento, y por cualquier motivo. El problema es que cualquier momento es todos los días… mañana, tarde y noche. Y cualquier motivo es la huelga agraria, la huelga minera, la huelga médica; incluso la huelga de transportistas ilegales. Toda protesta conlleva el bloqueo de una carretera. ¡Así estamos!

El caos es tal, que para viajar por tierra hay que redoblar las provisiones de agua y comida. Y si hay niños de por medio, hasta en pañales hay que pensar. Los bloqueos de carreteras pueden durar hasta cinco días. Los protocolos conspirativos se han sofisticado. Aparte de apedrear a los buses y camiones con niños y mujeres adentro, los vándalos revientan las llantas de los vehículos – y en algunos casos, los incendian – con lo cual quedan convertidos en barricadas infranqueables.

Lo que llama la atención es que no hay ninguna denuncia, ni ningún detenido. Como que en Ica – la semana pasada – no pasó nada. Las empresas agrícolas están trabajando con total normalidad. ¡100% de afluencia de trabajadores! Los vándalos… simplemente no existen. Nunca existieron. Y el Estado… tampoco existe. Esto es tierra de nadie. ¡Así estamos!

Claro que hay que respetar el derecho a la huelga y la protesta. Y sancionar como corresponde a las empresas abusivas que maltratan a sus trabajadores e incumplen las leyes. Pero también hay que sancionar a las autoridades que no cumplen sus funciones, y a los vándalos que bloquean carreteras y destruyen todo lo que encuentran en su paso.

Estado débil, inoperante, maltratador… y corrupto. Vandalismo pide… Estado otorga. ¡Así estamos! Lampadia

Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa
Para Lampadia

Como todos saben, la definición de la palabra ‘crisis’ en chino es “la oportunidad después del problema”. No es la oportunidad dentro del problema, sino después de él.

Desde febrero del año 2012 la pequeña minería peruana, especialmente la aurífera, ha sido considerada un problema, cosa que viene reflejada en los DL 1100 al 1107, con los efectos penales, administrativos y de otra índole que conlleva esa consideración. A lo largo de los siguientes años se han creado y llevado adelante una serie de procedimientos, que han tratado de darle alternativas a esta actividad, y que en realidad no parecen haber sido eficientes, a la luz de los resultados, casi nueve años después.

Lo primero que habría que preguntarse es si era necesario crear un cuerpo legal específico para la ahora llamada minería informal y/o minería ilegal. La verdad es que en un país con más de 70 % de economía informal, prácticamente todas las actividades económicas tendrán un gran componente informal. De esto no se salva la pesca, el agro, los transportes, la industria y por supuesto un inmenso sector de los servicios.

Lo que también es cierto es que lo informal es ilegal, dado que no tributa, no tiene planillas, no cumple la seguridad del sector, no emite facturas y, en general, está fuera de la legalidad formal. En el caso de la minería informal, ya existían por muchos años los dispositivos dentro del Código Penal que permitían y permiten la tipificación de los delitos que pudiera cometer.

Existen por lo menos tres notables tipos penales que existían previamente y que las autoridades podrían haber aplicado a la minería informal. El Título XIII del Código Penal contiene todos los casos en los que cualquier persona natural o jurídica puede ser sentenciada con penas de carcelería efectiva, en las formas agravadas, si contamina el medio ambiente. Y esto se aplica a cualquier actividad, pública o privada, independientemente que sea minería o cualquier otra. Por otro lado, el Título IV del mismo Código Penal contiene, entre otros delitos contra la libertad, los referidos a la trata de personas, con penas efectivas, incluyendo la cadena perpetua si la persona es menor de edad y muere como consecuencia de este delito. Y la evasión tributaria tiene, por supuesto, penalizadas todas las actividades económicas que incurran en estos hechos, la minería incluida.

Esto lleva a la conclusión que, si se debía actuar en la realidad minera informal, se tenían ya en ese momento todas las leyes necesarias para hacerlo, en cuanto impacto ambiental, social, tributario o cualquier otro hiciera falta.  A la fecha, en abundancia a lo anterior, se tienen leyes redundantes sobre la misma actividad, que a la vista de los resultados no han logrado el objetivo de formalizar este segmento.

Es importante anotar que la pequeña minería es ancestral en el Perú, y no solo la aurífera, como resulta obvio por las riquezas del Incanato, también argentífera y cuprífera, como lo demuestran los instrumentos necesarios para hacer cirugía craneana entre las culturas pre-incas. El Perú ha hecho minería pequeña por milenios, no es una actividad nueva, es una actividad realmente ancestral.

El Patriarca minero Don Alberto Benavides de La Quintana calculaba que había alrededor de 400,000 mineros informales en el Perú. Y Macroconsult también ha estimado entre 2 y 3 billones de dólares lo que produce por año la minería informal, particularmente la aurífera. Esto nos pone ante el dilema del problema de la minería informal, o la oportunidad que la misma significa para casi medio millón de familias que viven de ella, sin considerar los empleos indirectos que existen a su alrededor.

Hay que repensar la forma en la que el Estado Peruano ha venido tratando con la pequeña minería informal. Controlar la contaminación, la trata de personas, la evasión y otras lacras sociales, que ocurren no solo en la minería sino en varias otras actividades rentables del Perú, es un rol del Estado, y tiene desde hace muchos años las herramientas para hacerlo bien. No es entonces un tema que se soluciona con más leyes, sino con las que ya existían, y que siguen existiendo actualmente. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Ha quedado meridianamente demostrado, que el Estado peruano no tiene la más mínima capacidad de manejo y control de sus actividades básicas, tales como; proporcionar salud, educación, justicia y seguridad. Que lo poco que hace, o lo hace mal o lo ejecuta con un altísimo nivel de corrupción, a pesar del floro del “experimentado” Martin Vizcarra (potencial candidato a su denostado Congreso de la República).

Durante la última década, hemos visto crecer el número de “trabajadores” y el monto de las planillas del Estado, tanto en el gobierno central, como en los regionales y municipales, para que brinden cada vez un peor servicio. Como pruebas recientes podemos mostrar el manejo de la pandemia, las compras realizadas para estos efectos, el manejo logístico de hospitales y postas médicas (falta de oxígeno, camas y medicinas), la entrega de bonos a la población, el manejo de la entrega de canastas de alimentos, al igual que el catastrófico resultado sanitario, medido en términos de contagios y fallecidos, no sólo de la población, sino también, entre el personal de las fuerzas que dieron seguridad, particularmente la PNP. Y menciono sólo esto, para no irritarnos con la vergüenza que ha significado el manejo de la inversión pública, incluida la reconstrucción con cambios, entre otras perlas…

Es clarísimo, que el Estado tampoco es eficiente en la gestión de plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales, al igual que las correspondientes redes de agua potable y residual. Otro tanto podemos decir de los servicios de distribución de energía a lo largo y ancho del país, ahí donde aún el Estado está involucrado.  Es evidente que no es un tema de dinero, el gobierno central ha transferido “plata como cancha” para que hagan veredas, parchen huecos en las pistas, entre otras obras menores. ¿Resultado? Bajísima ejecución y altísima corrupción, a pesar que se le advirtió a Vizcarra, pero tal parece que ese era su objetivo; que puedan robar mucho para contar con el apoyo masivo de estos y aumentar así su popularidad.

Por su lado, empresas emblemáticas como Petroperú, tienen también resultados económicos y societarios muy malos. Ya Guayo Paredes, en su libro “La tragedia de las empresas sin dueño”, explica cómo estas empresas, que no responden a unos accionistas interesados en el negocio, sin una clara identificación de su visión y misión, medición de resultados e incentivos de la gerencia alineados con los de sus “stakeholders”, pero sujetas a injerencia política, es claro que no deben continuar, aunque no lo afirma categóricamente. Lo dicho es también aplicable a Electroperú y a cualquier otra empresa pública peruana (DISTRILUZ, SEAL, ADINELSA, etc.).

A pesar de estos antecedentes, algunos congresistas ahora insisten en la creación de una “línea aérea de bandera”, de bajo costo y en la que el Estado cuente con una participación del 20%. ¿Para qué queremos un problema nuevo? La verdad, resulta inexplicable, a menos que añoren poder tener más injerencia en más instituciones públicas, al margen de su creación o destrucción de valor para la sociedad. Y la pregunta natural es: ¿por qué no se ocupan primero de que lo que tienen bajo su responsabilidad funcione bien? ¿que el ciudadano se sienta bien servido y atendido en salud, educación, seguridad y justicia?

Si tuviéramos un Estado minimalista, concentrado en sus tareas esenciales y comprometido con una rendición de cuentas claras y públicas de manera trimestral (como cualquier empresa listada en bolsa), habríamos dado un gran salto cualitativo y confirmaríamos que menos, es más.  Insisto en lo dicho ya tantas veces en artículos previos, y ya que, pareciera que el presidente cree como yo, de que SERVIR debe dotar a las instituciones públicas de los profesionales que las gestionen, debería iniciar esa tarea partiendo por los gobiernos municipales y regionales. Debería, además, eliminar las burocracias no capacitadas para el cargo y que llegaron al puesto por pago de favores políticos (por ejemplo: lograr un puesto en Petroperú, según se explica, es casi como ganarse la lotería. Sueldos superiores a los de mercado, dirigentes sindicales recibiendo “viáticos por negociación colectiva” de 365 días al año por 30 años sin haber trabajado un solo día. Con razón no se jubilan sino hasta los 70 años).

En esencia, si queremos que el Estado mejore su eficiencia y eficacia, debemos quitarle todo aquello que no sea parte de su rol fundamental y asegurarnos que cumpla como reloj con sus tareas básicas, que esté dotado del personal idóneo para la tarea y que rinda cuentas, transparentemente, de su gestión y progresos.

Como dicen los gringos: KISS (“keep it simple stupid”)
[no lo compliques].
Lampadia

“Donde está la gravedad del tema, este sistema se lo ofrecieron en marzo al Perú, y el Perú no lo aceptó, porque Google Apple exigía que solo se utilizara para el tema de seguimiento de pacientes”.

Recomendamos ver el Webinar Reflexiones con José Pardo siguiendo el enlace mostrado líneas abajo.

Pero antes queremos destacar algunos elementos importantes de la charla, como la decisión del gobierno de Vizcarra de rechazar la donación del sistema de seguimiento de contactos con covid por razones políticas.

Este ofrecimiento exigía que el sistema solo se utilizara para el seguimiento de pacientes, pero el gobierno lo tenía en la PCM, en vez del Minsa, y no pudo garantizar un uso estríctamente sanitario. Esto es un escándalo, pues aparentemente, el gobierno quería hacer uso político del sistema de seguimientos.

Como hemos comentado varias veces, la gran falla del gobierno para enfrentar la pandemia fue insistir en la utilización de pruebas rápidas en vez de las moleculares. Las pruebas rápidas no detectan el virus y no permiten desarrollar la estrategia exitosa de seguimiento de contactos utilizada por los países que lograron controlar la epidemia.

Veamos que dijo Luis Solari:

¿Cuál ha sido el peor error en el manejo de la crisis sanitaria?

Según los taiwaneses, con los cuales tuve un webinar junto con 20 latinoamericanos, para ellos la piedra angular ha sido el seguimiento de los contactos. Es decir, si yo hago pruebas, pruebas, hago pruebas para detectar, y una vez que los detecto, ya tengo que aislarlos y a ellos se les envía la bolsa de comida.

Lo ideal hubiera sido darles un teléfono inteligente que nos va a servir para digitalización rápida del Perú, para las campañas, etc.

Pero además esta el sistema de detección de los contactos desconocidos, a través de bluetooth. Uno entra a un microbus, a un mercasdo, y el telefono de uno hace intercambios con los códigos de todas las personas con lass que uno se cruza. Y a cualquiera de las personas que han estado en este recinto, durante 14 días se guardan los códigos y les van a avisar si tienen o no tienen, si alguien de ese grupo ha tenido contactos. La piedra angular son definitivamente los sistemas de notificación de contactos.

Google Apple ha decidido llamarla notificación de contactos.

Donde está la gravedad del tema, este sistema se lo ofrecieron en marzo al Perú, y el Perú no lo aceptó, porque Google Apple exigía que solo se utilizara para el tema de seguimiento de pacientes. Porque si el seguimiento de pacientes está en la PCM y no en el Minsa, ni traten de obtener la respuesta, porque la respuesta será política.

Y finalmente el 9 de octubre El Comercio publicó que el Estado peruano ha gastado dinero en encargar una aplicación que hace exactamente lo mismo. Habiéndosele ofrecido la otra sin costo y con el soporte de los ingenieros, sin costo.

Hemos fallado en todo, pero lo que no ha habido es el rastreo a los contactos desconocidos que es donde se han esforazado Taiwan, Tailandia, Nueva Zelanda.

Por su lado, Elmer Cuba, presentó una descripción de la situación económica. Pero además, destacó el impacto de las cuatro grandes medidas populistas del Congreso que afectan la calidad de nuestra economía.

• Desconocer contratos
• Penalizar la especulación y el acaparamiento
• Destruir el sistema de pensiones
• Devolución de fondos que no existen (ONP)

La primera medida del nuevo ministro de Economía debe ser tratar de parar lo de la ONP. Es un monto muy grande, muy importante.

Ver el webinar en:

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 6 de noviembre de 2020
Para Lampadia

Traición – en Derecho – es un delito cometido contra un deber público. En ese sentido, el maltrato de un funcionario estatal a un ciudadano es una traición. Lo mismo se aplica si se maltrata – desde el Estado – a una empresa, o a una asociación civil.

Visto así, el Estado peruano está lleno de traidores. Por ejemplo, aquellos alcaldes y regidores que exigen pagos por lo bajo para otorgar licencias de construcción. Igual son esos policías e inspectores municipales que cobran cupos a vendedores ambulantes. Y aquellos jueces que chantajean a litigantes para procesar sus disputas legales. Incluso, esos médicos corruptos e indolentes que abandonan hospitales públicos en horarios de trabajo.

Muchas veces, dichos malos funcionarios se amparan en normas o procedimientos burocráticos creados por ellos mismos para hacer de las suyas contra la sufrida e indefensa ciudadanía.

Bueno pues, una de esas normas traicioneras es la relacionada a los certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), los cuales deben renovarse cada dos años, aunque las condiciones no hayan variado ni un ápice en el ínterin. Me refiero a las condiciones bajo las cuales se emitieron dichos certificados

Bueno pues – como era de esperar – el incumplimiento de la renovación del certificado en cuestión impide a muchas empresas e instituciones operar formalmente. Efectivamente, las licencias de funcionamiento quedan sin efecto cuando no se renuevan los certificados de Defensa Civil. Y al quedar sin efecto las licencias de funcionamiento, entran a tallar las temidas multas y cierres de locales como tiendas, talleres, almacenes, fábricas, escuelas, cines, centros deportivos; incluso lugares de culto.

El problema es que una de las principales fuentes de ingreso de los municipios del país es – adivinen qué – las multas por estos incumplimientos. En ese sentido, los municipios de todo el país se han vuelto dependientes de dichos recursos. Entonces, se podría decir que, así como hay drogadicción en algunas personas, en asuntos municipales hay también “multadicción”.

El caso es que un procedimiento de Defensa Civil – en teoría, justificable y necesario para la protección de la ciudadanía, pero mal aplicado – se ha convertido en una de las principales causas de informalidad y corrupción, a nivel nacional.

Conversando al respecto con dos amigos empresarios del Emporio Comercial de Gamarra, son indignantes y recurrentes los testimonios de abusos, chantajes y maltratos de centenares de inspectores municipales que – amparados por las normas y procedimientos burocráticos relacionados con los certificados de ITSE – multan y hasta cierran locales comerciales sin ninguna justificación de fondo.

Por otro lado, hay funcionarios que – con su inacción – están traicionando al país en diversos ámbitos de la economía nacional. Quisiera referirme específicamente a ciertos funcionarios encargados de otorgar permisos y / o licencias ambientales en ministerios como los de Transportes y Comunicaciones, y Agricultura; por sólo mencionar dos casos.

Son incontables los proyectos de infraestructura vial y de desarrollo agropecuario – sobre todo en la Amazonía – que están paralizados o amenazados por falta de estos permisos; a pesar de haber cumplido con todos los requisitos establecidos por las normas ambientales vigentes.

Y todo por temor al ¿qué dirán? ¿Qué dirán las ONG´s ambientalistas?… que no tienen nada de ambientalistas, y sí mucho de chantajistas. ONG´s que no se inmutan ante la inmundicia de las calles y plazas de nuestros pueblos, pero mueven cielo y tierra para impedir la construcción de una carretera o la plantación de un campo de palma aceitera o cacao en la Selva.

Repito. Traición – en Derecho – es un delito cometido contra un deber público. En ese sentido, los inspectores abusivos y chantajistas de la Municipalidad de La Victoria en Gamarra son unos traidores. Y los funcionarios que – sin justificación alguna – no otorgan certificados ambientales para la construcción de carreteras o proyectos empresariales de desarrollo, también. Y mil etcéteras más.

Lo cierto es que por acción u omisión estamos llenos de traidores. Y a los traidores se les sanciona. ¡Qué esperan nuestras autoridades para sancionar como corresponde a los traidores del desarrollo del país! Lampadia