Jaime de Althaus
Para Lampadia

El Estado peruano adolece de un serio problema de priorización del gasto: hay servicios que tienen que ver con la razón misma de ser del Estado, como la seguridad y la justicia, que claman por recursos, al mismo tiempo que se gasta en burocracia innecesaria creada por la profusión normativa y en servicios o funciones estatales que no son prioritarios.

Los ingresos, como sabemos, no alcanzan, hay un déficit fiscal y el ministerio de Economía está tratando de incrementarlos subiendo el selectivo al consumo y con otras medidas que aún no salen por temor político. Al mismo tiempo, está reduciendo gastos llamados no esenciales, tales como viajes, cocteles o consultorías. Pero la mayor reducción estaría, como veremos, en la sobre burocracia y en oficinas o entidades duplicadas o poco necesarias.

Si hay una reforma que es absolutamente fundamental para recuperar capacidad de crecimiento y por lo tanto aumentar los propios ingresos fiscales, y por supuesto para civilizar el país, es la del sistema judicial y la seguridad. Sin seguridad jurídica e imperio de la ley, habrá cada vez menos inversión, en un país asolado crecientemente por mafias y corrupción de todo tipo. El gasto –bien hecho- en dichas reformas debería ser, pues, absolutamente prioritario.

Mega-operativos y NCPP sin presupuesto

Pues bien, la señal de alarma más clara de que ello no es así la dio el lunes pasado, en entrevista que le hiciera en El Comercio, al fiscal Jorge Chávez Cotrina, cuando reveló que al Ministerio Público ya se le acabó el presupuesto que les habían dado para los mega-operativos y que necesita una ampliación de 15 millones de soles. Uno de las pocas acciones exitosas del Estado peruano en la lucha contra el crimen organizado, ¡sin presupuesto! Algo más grave aún fue la revelación de que el éxito de los mega-operativos se ve mermado porque parte de los 1,193 criminales presos preventivamente como consecuencia de ellos ¡siguen operando desde las cárceles!, pues no funciona el bloqueo de celulares en los penales y no hay política penitenciaria. No puede haberla porque al suprimirse los beneficios penitenciarios para muchos delitos e incrementarse las penas, entran cada vez más presos pero no salen.     

Chávez Cotrina también explicó que la razón por la que de los 1,637 detenidos por pertenecer a organizaciones criminales, solo 143 tengan sentencias condenatorias, se debe a que los procesos -pese a que se llevan a cabo dentro del Nuevo Código Procesal Penal, que es más ágil-, avanzan lentamente por escases de jueces. Según él, hay Cortes Superiores que están colapsadas. Faltan jueces. Eso también es presupuesto, aunque habría que revisar la gestión de las audiencias para ver si realmente se está optimizando el tiempo de los jueces. De repente hay también un problema de organización.

No solo eso. Tampoco hay presupuesto para implementar el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en las Cortes de Lima. Recientemente una nota periodística daba cuenta de que el presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, pedía al Ejecutivo voluntad política para concluir la implementación del NCPP en el año 2020, algo que debió estar concluido el 2013. El NCPP es importante porque entraña un verdadero cambio cultural en la judicatura penal y permite procesos más rápidos y más certeros.

Plan Cuadrante Seguro no funciona sin jueces y cárceles distritales

Recientemente el ministro del Interior, Mauro Medina, anunció que desde el 1 de junio entraba en aplicación el Plan Cuadrante Seguro, una nueva estrategia contra el robo callejero que divide a Lima y Callao en cuadrantes, cada uno con un número de policías fijos que coordinan labores de prevención e inteligencia con los vecinos. Es decir, la policía comunitaria, por fin, que, de paso, permitirá que los agentes lleguen en un tiempo de 5 a 6 minutos a un hecho criminal.

Muy bien. Pero de poco servirá esta estrategia si no existe en cada distrito un fiscal, un juez y una carceleta distrital en la que se pueda castigar a los delincuentes callejeros atrapados en el Plan Cuadrante a penas cortas de semanas o pocos meses, con asistencia de sicólogo y asistente social para su resocialización. De lo contrario, los ladrones serán capturados y puestos en libertad a las pocas horas, como ocurre en la actualidad. O lanzados a las grandes cárceles, donde de primarios se convierten en delincuentes avezados al cabo de un tiempo de permanencia en ellas. Los locales para este servicio distritalizado de justicia penal pueden ser construidos y financiados por los gobiernos locales, tal como ya lo están haciendo algunas municipalidades para las fiscalías distritales. Pero en ellos falta el juez y el centro de detención. Requiere un presupuesto, pero sobre todo requiere, como lo dijo el fiscal Chávez Cotrina, decisión política, porque las municipalidades están colaborando.

Chávez Cotrina nos dijo además que tampoco existe presupuesto para enfrentar la trata de personas, que es un delito que está adquiriendo proporciones preocupantes en el sur del país.

Aplicar Análisis de Impacto Regulatorio y digitalización para reducir burocracia

Lo cierto es que al mismo tiempo que falta recursos y decisión política para estos temas cruciales, que tienen que ver con la función medular del Estado, se gasta en burocracias innecesarias creadas para gestionar la aplicación de regulaciones excesivas que inhiben la inversión, restando ingresos para financiar al Estado, y se gasta también en oficinas y entidades inútiles o que duplican funciones.

 Para lo primero, es hora de empezar a aplicar de manera consistente un programa de Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) de las normas en todos los sectores, para ver en cada caso si la norma se justifica, si resuelve un problema o lo crea, si su costo de implementación por parte de los regulados es alto incentivando la informalidad o desincentivando la inversión, etc.

Ya habido un cierto avance: el MEF está haciendo un piloto, con la OECD, en cinco ministerios. Se entrenó equipos que hicieron el análisis, pero aún faltan las propuestas de reducción de normas que se derivan de ese análisis, y qué implica eso en términos de eventual reducción o reasignación de personal. La Secretaria de Gestión Pública, Mayen Ugarte, nos informa que el próximo año habrá un préstamo del BID para llevar a cabo esto de manera más amplia. Dicho préstamo servirá también para culminar los Análisis de calidad Regulatoria (ACR) que sí se están llevado a cabo, y que consisten en revisar no las normas como tales sino los procedimientos o trámites que tienen que ver con el público, también con la finalidad de eliminarlos o simplificarlos.

Y se supone que todo procedimiento o trámite que pasa el ACR, pasa luego a su digitalización. La propia digitalización del Estado, en la medida en que implica revisión ya no solo de los trámites sino de los procesos para simplificarlos, y en la medida en que reemplaza personal por comunicación directa, ayudaría a reducir burocracia.

Mayen Ugarte nos informa que se han formado “Swat teams”, equipos de tres personas con metodologías de innovación que empiezan a revisar procesos. Reconstruyen hacia atrás a partir de las necesidades de los usuarios. Hasta digitalizar esos procesos.

Un ejemplo de cómo se puede reducir burocracia es la VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior), que trabaja con 15 entidades, cuyos trámites condensa. Comienzan con un ACR (si tiene sentido el trámite, si los requisitos que se piden son razonables, cuánto le cuesta al ciudadano, a la empresa, si se justifica esa carga administrativa). Luego pasan a simplificación de procesos y digitalización. El equipo de la VUCE funciona con fondos del BID. Y cuando está listo el trabajo, todo va a gob.pe, una plataforma para hacer los trámites de manera virtual.

Todo eso debería ahorrar burocracia. Se está planificando sacar ventanillas únicas según eventos de vida: qué programas le corresponden al que nace en condición de pobreza hasta que ingresa a colegio, cómo lo gestiona para no tener que ir a cada entidad. O todo lo que le interesa y debe obtener el que cumple 18 años. En una sola ventanilla. O todos los trámites necesarios a partir de la muerte de una persona (partida de defunción, curatela, pensión, registro de los bienes, etc.), que pueden llegar a involucrar a más de 20 entidades.

Los Tupas estandarizados para obtener licencias de construcción y de funcionamiento, próximos a salir, también deben aligerar la burocracia en las municipalidades.

Por supuesto, esto debería hacerse al mismo tiempo que las entidades hacen el tránsito al régimen de la ley de Servicio Civil, que también implica revisión de los procesos para hacer un mapeo de estos y de los puestos realmente necesarios para llevarlos a cabo, e implica una carrera meritocrática que supone evaluaciones de desempeño. 

Dependencias estatales sobrantes

Pero, además, debería hacerse un análisis de consistencia de las distintas dependencias estatales. Muchas podrían ser eliminadas o fusionadas, porque hay mucha superposición o inutilidad.

Basta mirar el organigrama del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, para detectar la existencia de una serie de “proyectos especiales” que datan cuando menos de los años 80 y sobreviven como fósiles porque nadie se anima a cerrarlos o fusionarlos. Allí están los proyectos especiales Sierra-Centro-Sur, Jaén-San Ignacio-Bagua, Alto Huallaga, Pichis Palcazu y otros seis más, cada uno con su propia administración, multiplicando gasto inútilmente. Hay una Dirección General de Infraestructura y Riego, y al mismo tiempo dos programas de riego. Hay una Dirección de Políticas Agrarias y otra Dirección de Seguimiento y Evaluación de dichas políticas. Hay una Dirección de Estudios e Información Agraria, y una Dirección de estadística Agraria.

En el ministerio de Educación hay una Dirección General de Educación Superior Universitaria y está, al mismo tiempo, la SUNEDU. Hay una Dirección General de Becas y Crédito Educativo, y está, de otro lado, PRONABEC. Una Dirección General de Infraestructura Educativa, y está el PRONIED.

Y así en casi todos los ministerios. Además, hay superposición entre ministerios: Agricultura con el MIDIS, el MIDIS con Salud, Ministerios y gobiernos regionales, etc. Debería hacerse un análisis de la cadena de valor de cada servicio público para eliminar las superposiciones y distribuir cada función o parte del proceso al nivel que las pueda ejecutar mejor. Es decir, una reingeniería de la descentralización.

Tenemos, como si fuera poco, dos niveles municipales, provincial y distrital, multiplicando profusamente la burocracia. Bastaría con uno solo, el provincial, con oficinas distritales, aunque sería muy difícil que una reforma como esta se apruebe.   

Como fuere, lo cierto es que es hora de racionalizar y simplificar el Estado y concentrar recursos en lo realmente prioritario, como la justicia y la seguridad, que son sectores que tienen el potencial de crear las condiciones para que haya mucha más inversión que permita generar los recursos para invertir en los sectores sociales y en infraestructura. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 16 de febrero de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

Mucha gente nos exige favores personales. Incluso delictivos. Me refiero – por ejemplo – a ciertos políticos de alto rango que nos exigen puestos de favor para sus allegados. Los típicos recomendados que – una vez que ingresan al Estado – se convierten en ahijados que se la deben a sus padrinos… de por vida.

De acuerdo a mi experiencia como Gobernador Regional, los Congresistas son los peores. En realidad, fueron los peores porque valgan verdades – gracias a estos “periodicazos” – se les ha bajado el moño. Sin embargo, al comienzo de mi gestión… ¡qué manera de pretender favorecer a sus ahijados o – lo que es lo mismo – exigir la salida de funcionarios que les resultaban incómodos!

¿Cómo será el acoso de estos malos congresistas en las demás instituciones públicas? ¿Cómo meterán a sus ahijados en la policía, universidades estatales, beneficencias, y / o municipios? Debe ser atroz. El hecho es que cualquiera sea el padrino que beneficie indebidamente a un allegado con un puesto en el Estado, tiene – para toda la vida – a un infiltrado que se la debe. Un topo dispuesto a retribuir – como sea – el favor concedido. Un ahijado cuya única camiseta es la de su padrino. ¡Cero camisetas del Perú! Y de allí siguen los demás favores indebidos. Uno tras otro… hasta nunca acabar.

Efectivamente, después del puesto de favor viene la adjudicación de las obras para beneficiar a constructoras con quienes – esos padrinos y sus ahijados – tienen arreglos soterrados. Viene – también – la adjudicación de compras de equipos, materiales y / o servicios… todo sobrevalorado. Todo adjudicado a proveedores con quienes se comparten subrepticiamente las ganancias del negocio. Y ¡qué me dicen de la mafia de consultores! Así le roban al Estado estos sinvergüenzas. Repito. Todo empieza con el puesto de favor.

Nuestros antepasados – los Incas – valoraron mucho la honestidad. “Ama Sua” (no seas ladrón) fue el primero de los tres preceptos morales del extraordinario y sencillísimo código de moral Inca que forjó la grandeza del Imperio del Tahuantinsuyo. Ser honestos. Así de sencillo. Pero de verdad.

El Papa Francisco – también – es muy sencillo respecto a la corrupción. “Pecados sí; corrupción no”. El Contralor de la República Nelson Shack – igual – es muy elocuente. Cuando vino a Ica – hace poco – nos dijo; “Uno puede meter la pata, pero no la mano”. ¿Más claro? Ni el agua.

El problema es que ser honesto en nuestro país no es “así de sencillo”. O mejor dicho… es sencillo decirlo, pero difícil serlo. La cantidad de ahijados – improductivos, ociosos, maltratadores, corruptos – que ingresaron al Estado por influencia de algún congresista – u otro político clientelista – es colosal.

La semana pasada estuvo en Ica el Ministro Carlos Bruce, y conversando al respecto me contó que cuando dejó el Ministerio de Vivienda en el 2005 habían 300 trabajadores. Ahora – al asumir nuevamente el cargo – encontró 3,000. ¡Diez veces más!

El Ministro de Educación Idel Vexler y el ex Premier Fernando Zavala encontraron la misma situación. Ambos – al igual que “Techito” – fueron ministros o vice ministros hace unos 10 años. Y los tres se sorprendieron del explosivo incremento de la burocracia estatal… sobre todo en la última década. Y algunos congresistas insisten en meter más ahijados al Estado. ¡Patético!

Pues bien, exactamente lo mismo ha sucedido en TODAS las instituciones públicas del país. TODAS están atiborradas de burócratas. Por eso – aparte de la corrupción – no hay plata para hacer obras. Y menos para aumentarle a los servidores públicos de verdad. La planilla de remuneraciones del Estado está volando por las nubes. Excepto en el Gobierno Regional de Ica. Efectivamente, en diciembre nos vamos y dejaremos MENOS burocracia de la que encontramos cuando asumimos el Gobierno de Ica en el 2015.

¿Cómo lo hacemos? Ama Sua: fuera los corruptos Ama Lulla: fuera los mentirosos. Ama Quella: fuera los ociosos. Exíjannos honestidad, veracidad y eficiencia. No favores personales.

¡Grandiosos Manco Cápac y Mama Ocllo! ¡Qué orgullo para los peruanos poder compartir nuestra nacionalidad con un Taita y una Mamacha tan grandes como ustedes! Lampadia

Hace un par de meses (10 de marzo), publicamos en Lampadia nuestro artículo: ¿Cuánto más costará Talara?, en el que decíamos que ‘Nunca hay que poner plata buena detrás de plata mala’, o como dicen los sajones ‘realize your loss’ (reconoce tu pérdida).

Asimismo, recordamos un par de ejemplos de cómo los seres humanos tenemos la tendencia a insistir en el error, a meter la segunda pierna en el pantano.

Repetimos: En el Perú, en el gobierno de Ollanta Humala, con la inspiración del chavismo, de la mano de Humberto Campodónico como presidente de Petroperú, y con la música del diario La República, nos embarcamos en la ‘modernización’ y ‘ampliación’ de la refinería de Talara. Se llegó a manipular conceptos para afirmar que el costo social de consumir combustibles contaminantes era mayor que el de la inversión en la refinería; pero no se reconoció que importar combustibles limpios era, largamente, más económico.

Decíamos: Hoy, sin haber terminado de ajustar los estimados de inversión, el presupuesto está en US$ 5,400 millones. (¿Con IGV o sin IGV? – Quién sabe).

Pues hace una semana nos hemos encontrado con una entrevista a Luis García Rosell, Presidente de Petro-Perú, donde reconoce que la refinería de Talara costará más de US$ 5,400 millones, sin especificar cuánto más. Y agrega que cuando entró a Petro-Perú, con el actual gobierno, ya se había invertido US$1,600 millones y habían compromisos contraídos por unos US$500 millones, o sea el Estado peruano había hundido ya US$2,100 (asumiendo que nada se podría recuperar). En otras palabras, se tomó la decisión de pasar de US$ 2,100 a los US$ 5,400 ‘estimados’ ahora. US$ 3,300 millones adicionales más los mayores costos aún no especificados por García Rosell. ¿Unos US$ 3,500 millones sobre lo comprometido por Humala-Campodónico?

En marzo preguntamos: ¿Cuánto más costará Talara? ¿No hubiera sido mejor hacer un gran parque industrial para los talareños, con una fracción de la inversión? ¿Estamos dispuestos a meter otros US$ 500 millones? ¿US$ 1,000 millones?

Líneas abajo glosamos partes de la entrevista, pues nos parece escandaloso que el Perú se haya embarcado en esta absurda inversión, que desde el principio adoleció de un mínimo de seriedad, y que hoy día sigue siendo fuente de errores que se acumulan unos encima de otros. Veamos:

“La inversión en Talara se justifica”
Entrevista a Luis García Rosell, Presidente de Petro-Perú
Por Gonzalo Carranza
El Comercio, 3 de mayo de 2017
Glosada por Lampadia

— ¿Cómo se llega a los US$5,400 millones de los que se habla hoy?
Esto empieza en US$1,334 millones en un primer nivel de ingeniería. Unos años después pasa a US$1,700 millones, una cifra que se anunció en los medios, pero de la que no tenemos detalles de qué incluían. Cuando se acaba el análisis de ingeniería, la inversión era alrededor de US$4,100 millones, pero se separa en tres partes: US$2,700 millones para unidades de proceso, que fue lo que se le adjudicó a Técnicas Reunidas; US$500 millones aproximadamente para obras complementarias, y US$815 millones para unidades auxiliares.

— ¿Las unidades de proceso son el ‘core’ de la refinería?
En realidad, todo es la refinería.

— Una ventaja de que lo manejen terceros es que puedan ser más eficientes que Petro-Perú.
Esa es una forma de verlo. Otra es que ya se había anunciado un monto de inversión y cuando resultó que era mayor, se sacaron conceptos, pues tampoco se incluían las obras complementarias. Se forzó una cifra, pero en realidad la inversión era de US$4,100 millones y, sumando los gastos financieros, llegamos a un estimado de US$5,400 millones.

— ¿Por qué un estimado?
Porque haber diferido la adjudicación de estas unidades auxiliares va a generar mayores  costos fijos. También por los gastos financieros.

— Aun si no hubiera nada irregular en el monto total de inversión, se critica que esta sea sumamente cara. 
Una refinería tiene dos componentes principales: el tamaño y la complejidad. El tamaño de Talara es de mediano a chico, pero la complejidad es alta. Existen ocho refinerías similares en todo el mundo.

— ¿Por qué no buscaron otras soluciones?
Hay que evaluar tres momentos.

• El primero es antes de iniciar la refinería. ¿El Perú debió haber invertido en una refinería? Hay aspectos a favor y en contra, pero no soy el indicado para señalar esto.
• El segundo momento es cuando entramos nosotros. La decisión era si seguíamos con el proyecto. Ya se habían invertido US$1,600 millones y había compromisos contraídos por unos US$500 millones más [US$2,100]. Si parábamos la refinería, no se podía vender la infraestructura civil, pues básicamente eran pilotes. Habríamos tenido que registrar la pérdida de esos activos y nuestro patrimonio se hubiese vuelto negativo. Además hubiéramos tenido que voltear al Estado y decirle “dame la plata para pagar la deuda”.
• El tercer momento era evaluar el gasto incremental y ver si su rendimiento justificaba seguir.

— ¿Justificaba? 
Sí. No solo el incremental, sino la inversión total. El proyecto nos da crecimiento en capacidad de procesamiento. También nos da competitividad al poder procesar crudo pesado, que es más barato, y al aumentar la proporción de gasolinas y diésel en nuestro portafolio, con lo que mejora nuestro precio promedio de venta. Y nos da continuidad en el mercado. Hoy existe una norma que impide comercializar en gran parte del territorio nacional diésel con más de 50 partes por millón de azufre. Eso se va a extender a las gasolinas y a todo el Perú en algún momento, como ya sucede en otros países.

Repetimos: Hay que parar esta locura y buscar un plan ‘C’. Evaluar todas las decisiones y mostrarle a los peruanos el daño que nos regaló el gobierno de Humala y el economista ‘capo di tutti capi’ del Frente Amplio (que no es ni frente, ni amplio), la mano izquierda (en lo económico) de Verónika Mendoza, Humberto Campodónico, hijo predilecto del diario La República. Lampadia

Entrevista a Ricardo Vega Llona, Empresario.

Por: Gonzalo Pajares

(Perú 21, Viernes 31 de enero del 2014)

“VARGAS LLOSA DIJO QUE LOS EMPRESARIOS ÉRAMOS INCULTOS. TE PUEDO DAR NOMBRES DE VARIOS DE MIS AMIGOS –Y TAMBIÉN AMIGOS DE MARIO– QUE SON MUY CULTOS Y, ES MÁS, PROMUEVEN LA CULTURA. HAY QUE ADJETIVAR LO MENOS POSIBLE; GENERALIZAR, NUNCA”, NOS DICE RICARDO VEGA LLONA.

Ricardo Vega Llona es un empresario al que le interesa mucho la política. Amigo de Vargas Llosa, García y Toledo, entre 1990 y 1992 fue senador por el Fredemo. También ha presidido la Confiep y hoy preside el grupo español OHL que, entre otras tareas, construye la autopista Pativilca-Trujillo. Aquí hablamos de su vida, del país, de sus políticos y sus empresarios.

¿Este es el mejor Perú que ha visto?

Es el mejor que he visto en mi vida empresarial, pero no puedo olvidar el Perú de mi niñez. Crecí en La Punta y tomaba mi tranvía para venir a trabajar a Lima. Por entonces, el Jr. De la Unión era esplendoroso, con mujeres guapísimas.

¿Es verdad que la agenda política la manejan los empresarios y no los gobernantes?

Es mentira que en el Perú cinco personas manejen todo. Ya quisiera que la Confiep tuviera más influencia de la que tiene. Nuestra ‘influencia’ no es real. Queremos ser una voz adicional en el gran debate nacional, pero no manejamos al país. Queremos influir, hacer política de ideas, pero es imposible imponer la agenda del país. Todos estamos de acuerdo con la división de poderes, todos queremos al presidente por un lado y al empresario por el otro, conversando, dialogando, pero separados.

Hoy, los jóvenes quieren ser empresarios, esta ya no es tan ‘mala’ palabra…

Aquí han influido dos factores: antes éramos concesionarios del Estado, no podíamos ser empresarios pues la producción estaba controlada. Esto generó falta de creatividad. En el 90, cuando el Perú entró a un gran cambio, a una economía más abierta, esto cambió. La celeridad de este proceso, aunque suene paradójico, se produjo por ese Estado ineficiente, ausente, lo que le permitió a la gente crear. “No tengo Estado, me las arreglo yo”, dijo el primer emprendedor. Este fenómeno despegó cuando el nuevo Estado se modernizó y abrió su economía. Es increíble cómo una cosa mala pudo generar algo bueno. Lo negativo es la desconexión que aún tenemos con el Estado: poca responsabilidad tributaria, poca participación política, poco interés por la cosa pública.

“La plata se fuga de un país por falta de confianza. Hay que entenderlo bien, no hay nada más cobarde que un dólar”

Muchos afirman con furia: “No quiero que el Estado haga algo por mí, solo deseo que no me moleste”.

Eso no está bien porque si se quiere seguridad, educación, salud no podemos permitirnos ser unas partículas que solo dan vueltas. Para respetarnos también hay que respetar a nuestro país. Y todo empeora con nuestra falta de cultura cívica, esta es una de nuestras carencias. Los mercados tienen que ser libres, pero en mercados imperfectos tiene que haber regulaciones.

“Muchos dicen que el golpe de Velasco fue necesario. Falso. Velasco quebró el país y no realizó grandes conquistas sociales”

Hechas las sumas y las restas, ¿el gobierno de Fujimori fue bueno o malo?

En cierto momento hizo un manejo adecuado de la economía, luego la destruyó; tuvo un momento muy blando contra los subversivos, pero luego cambió para bien, pero mi conclusión es que no fue un buen gobierno. No puedo dejar de reconocerle algunos éxitos, pero no me gusta, pues. Esa idea de Fujimori redentor no me la como. Él impidió que la democracia funcione adecuadamente en el país. Insisto, el objetivo de los empresarios es que al Perú le vaya mejor. Y, para eso, la democracia, la separación de poderes y el respeto por la Constitución son fundamentales. Si algo ha aprendido el empresariado peruano, incluso el que apoyó a Fujimori y aún lo respeta, es que las dictadura no sirven.

Fue asesor de Alan García durante su segundo gobierno…

(Ríe). Un consejero externo, no remunerado. Apoyé su primera candidatura, la de 1985, por eso, Sofocleto me calificó en su revista como ‘El huevón de la semana’ (risas). Con la estatización de la banca, en el 87, esta relación se rompió, pero nunca lo ataqué como persona. Imagino que, por ello, en 2001, tuvo palabras afectuosas conmigo, y yo decidía hacer borrón y cuenta nueva. No voté por él pues apoyé la candidatura de Toledo. En 2006 sí voté por él, nuestra relación mejoró y hoy es una buena amistad. Él quería que trabajase a su lado, no acepté pero le sugerí formar un consejo que, imaginamos, iba a durar dos semanas y se mantuvo durante todo su gobierno, es más, nos reunimos hasta hoy.

Apoyó a Toledo y a García. ¿Cree que son honestos?

Veo con mucha pena el tema en el que se ha metido Alejandro Toledo. Ojalá salga bien de ello, pero ha cometido errores, torpezas. En el caso de García, y vas a pensar que lo defiendo, creo que le han querido montar una celada cobarde. ¿Puedes creer que un gobernante se va a asociar para dar ‘narcoindultos’? García debe estar indignado por ser tratado como bruto. Y ya la Fiscalía ha dicho que no tiene desbalance patrimonial, entonces, ¿qué le quieren inventar?

Como empresario, ¿cómo toma el fallo de La Haya?

Con prudencia. Cerrar este capítulo y mirar hacia el futuro ya es una maravilla. Mire lo beneficiosa que ha resultado la paz con Ecuador. Chile, Perú y México son hoy vistos como países virtuosos, entonces, debemos dejar atrás nuestros problemas y avanzar juntos.

AUTOFICHA

–          Es inaceptable lo que ha hecho La República: ha creado una guerra de guerrillas editorial induciendo a la población a darle a la prensa una importancia que no tiene.

–          Mario Vargas Llosa fue un gran candidato presidencial, aunque Belaunde decía que las plazas públicas no eran para confesarse.

–          Es mentira que en el Perú cinco personas manejen todo. Ya quisiera que la Confiep tuviera más influencia. Queremos ser una voz adicional en el debate nacional.