Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 23 de octubre de 2020
Para Lampadia

La misión de la Contraloría General de la República (CGR) es – dirigir, supervisar y ejecutar el control a las entidades públicas para contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos –. Eso dice la página web de la institución. Y su visión es – ser reconocida como una institución de excelencia, que crea valor y contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos –.

Por otro lado, los Órganos de Control Institucional – más conocidos como OCI´s – son los encargados de realizar los servicios de control simultáneo y posterior en todas las instituciones del Estado; así como los servicios relacionados a los Planes Anuales de Control y a las disposiciones aprobadas por la CGR.

La pregunta es ¿han cumplido – la CGR y los OCI´s – la visión y misión para los cuales fueron creados? En otras palabras ¿han logrado los resultados esperados respecto al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos? En mi opinión, la respuesta es un NO rotundo.

“Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7: 15 – 20): Palabra de Dios. Y sin picar tan alto… “uno de los grandes errores es juzgar las políticas y programas por sus intenciones más que por sus resultados”: Palabra de Milton Friedman – Premio Nobel de Economía 1976.

Pues bien, a la luz del evangelio según San Mateo, y de las sabias palabras del viejo Milton Friedman, la CGR y los OCI´s han fracasado. Las intenciones pueden haber sido muy buenas, pero los resultados han sido todo lo contrario. La corrupción rampante en casi todas las instituciones del Estado lo dice todo: coimas por doquier, sobrevaloraciones groseras, proveedores truchos, compras y contrataciones de pésima calidad, adendas amañadas en favor de contratistas corruptos, funcionarios públicos con títulos académicos falsos, médicos de hospitales públicos que abandonan sus centros de trabajo, mafias en el otorgamiento de licencias de todo tipo… y todo lo demás. ¿Dónde estuvo – y qué hizo la CGR – todos estos años? Repito… por sus frutos los conoceréis.

Pero eso no es todo. Lejos de ejecutar las acciones de control para contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos, la CGR se dedicó más a investigar y denunciar faltas absolutamente irrelevantes e intrascendentes. Peor aún, se dedicó a interferir sistemática y arbitrariamente en muchas decisiones técnicas de funcionarios públicos, para lo cual no tenía competencias.

El control irracional, arbitrario – y abusivo – de la CGR devino en un temor generalizados de muchos funcionarios públicos. Efectivamente, el Estado se atiborró de burócratas que, por temor a la CGR, no tomaron ninguna decisión ni firmaron ninguna resolución.

El mundo al revés. En vez de promover el uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos, la CGR promovió la inacción en todo el aparato estatal. Al final… el tiro salió por la culata.

Todo lo anterior ha sido expuesto – públicamente – por el actual Contralor General de la República – Nelson Shack – a quien considero una persona honorable e idónea. Incluso, fue él quien dijo que la CGR no castigaría metidas de pata; más sí metidas de mano. Ciertamente, una expresión muy sabia pero que quedó en eso; palabras… sólo palabras.

El problema puede estar en los ¿7,000? funcionarios que trabajan en esa enorme institución estatal. ¿Cuánta corrupción e ineptitud se habrá mimetizado al interior de ese monstruoso cardumen burocrático? Y ni qué decir del Contralor anterior, Edgar Alarcón. ¿Cómo hacerles ver que han causado un daño irreparable al país y a los peruanos?

En fin… de eso se trata el presente artículo. Hacerle ver a nuestros lectores que el control arbitrario – y abusivo – de la CGR generó temor en muchísimos funcionarios públicos. Y que el temor devino en inacción generalizada en el sector estatal. Y que la inacción – a su vez – devino en descontrol. Y que así fue como la corrupción se enquistó en el Estado peruano.

Entonces recapitulemos. Control – Arbitrariedad – Temor – Inacción – Descontrol – Corrupción. He ahí la perniciosa secuencia generada por la mismísima Contraloría General de la República. Una institución y una misión creada con muy buenas intenciones, pero con pésimos resultados. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Relata el Ing. Fernando Noriega Calmet, quien fuera Decano de la Facultad de Petróleo en 1962, que en el norte del Perú, en 1823 y antes que en ningún país de Hispanoamérica, se hizo la primera perforación en búsqueda de petróleo. Se extrajo brea de distintos lugares del Perú; la Breita y La Brea en Piura, Lobos de Tierra en Lambayeque, así como en Junín y Puno, resultando La Brea el más importante de todos y donde afloraba las evaporaciones naturales de brea en estado líquido. Luego, con una perforación de 70 pies de profundidad, se encontró en Zorritos un petróleo muy ligero. Fue en 1888 que se concedió por Resolución Suprema, los derechos petroleros de La Brea y Pariñas al propietario de la hacienda del mismo nombre, don Genaro Helguero. Cabe mencionar que hubo varios traspasos de esa propiedad entre individuos y compañías inglesas, hasta que se formó la “Compagnie de Pétrole de l’Amérique du Sud”.

Menciono esta última compañía, porque en 1897 cometió el mismo error que Petroperú cometió el 2014, al lanzarse a montar una refinería, antes de contar con las reservas adecuadas que aseguren la producción. Fue en 1900 que “The Peruvian Petroleum Syndicate” impulsó un esfuerzo de exploración, hasta que la propiedad llegó a manos de la “International Petroleum Co.” (IPC), quien efectivamente desde 1920 reforzó una exploración que le permitió cuadruplicar su producción en sólo dos años y pasar de producir 164,808 toneladas en 1920 a 2.3 millones de toneladas en 1936.

La IPC heredó de su predecesora, la London & Pacific Petroleum Co, un diferendo tributario que tomó 50 años y que se resolvió con el llamado “Laudo de La Brea y Pariñas”, que se concretó el 12 de agosto de 1968. Ciertamente esta relación de tensión durante medio siglo y la denuncia del negociador peruano por la desaparición de “la pagina 11”, dieron la excusa perfecta para el golpe de Estado liderado por el General Velasco, definido como un gobierno nacionalista.

No pasó mucho tiempo para que el gobierno de Velasco, se diera cuenta de la necesidad de convocar a la inversión internacional para la exploración, desarrollo y explotación petrolera. Obviamente asumieron los elementos comunes de los contratos petroleros a nivel internacional, bajo el esquema de “profit sharing” y riesgos geológicos, tecnológicos, económicos y políticos, asumidos por la compañía inversionista y operadora. Bajo este esquema y tomando la experiencia de Indonesia, se creó el “Modelo Peruano”, que en esencia asignaba el 50% para disposición del operador y 50% para el Estado peruano, porcentaje éste, que incluía el 68.5% de Impuesto a la Renta del operador. Con este modelo contractual se atrajo a empresas como Occidental Petroleum, quien descubrió el lote 1-A en la selva norte y posteriormente encontraría petróleo pesado en el lote 1-B, los que posteriormente se juntarían en el lote 1-AB, hoy lote 192. Por su lado, Petroperú abrió el lote 8. Estos tres descubrimientos, muy seguidos uno de otro, hicieron suponer al gobierno del Perú (indican que mal asesorado), que “nadábamos en un mar de petróleo”, pasando a asumir una actitud soberbia y poco flexible con las empresas extranjeras, al punto que en diciembre de 1979, a seis meses de entregar el gobierno, se promulgaron dos Decretos Leyes que, unilateralmente y sin previo aviso a los contratistas petroleros, autorizaban a Petroperú a renegociar los contratos bajo nuevas normas. Tanto los contratos con Occidental Petroleum, como con Belco que operaba en el zócalo continental, fueron renegociados a la fuerza y estos tuvieron que aceptar, tras ya tener invertido más de US$1 mil millones. En ese nuevo contrato, se mantenía el 50% para el contratista y 50% para el Estado, pero además el contratista debía pagar de su parte el 68.5% de impuesto a la renta, independientemente que se agregó la obligación de entregar al fisco el 40% del volumen de cada exportación, como pago a cuenta del Impuesto a la Renta, lo que significó, en la mayoría de los casos, un pago a cuenta en exceso al que correspondía. Lo aquí descrito, eliminó a los contratistas la posibilidad de invertir en seguir explorando.

Entrado el segundo gobierno de Belaunde, se promulgó una ley que permitía reinvertir en exploración, con crédito tributario. Pero apenas asumió Alan García su primer gobierno, declaró en Tacna la nulidad de los contratos petroleros existentes.

Cómo podemos ver, hasta el año 1993, año en que la nueva constitución y posteriormente los Tratados de Libre Comercio dieron las seguridades, la actividad petrolera en el Perú había estado sujeta a grandes vaivenes y gran incertidumbre política.

Entre 1974 y 1977, cuando el Perú suponía contar con un potencial privilegiado de petróleo, el gobierno militar dispuso invertir US$800 millones, en la construcción del Oleoducto Nor Peruano (ONP), el que recorre 1,106 km desde Loreto hasta Bayovar; Tramo 1, de 306 km, tubería de 24” y que une las Estaciones de bombeo 1 y 5. Tramo 2, de 548 km, tubería de 36” y que une la Estación de bombeo 5 y Bayovar. Finalmente, el Ramal Norte de 252 km, tubería de 16” y que une el lote 1-AB (hoy 192) y la Estación 5. Su diseño e ingeniería cuenta con estándares de 1973, protegido con pintura epóxica y revestido con cinta de polietileno en zonas de selva y con alquitrán en zonas rocosas y salitrosas. En zonas de selva tiene tramos sumergidos y otros aéreos soportados por estructuras en H. Por su antigüedad, no cuenta con protección galvánica y por tal razón, el efecto de la corrosión a lo largo de sus 43 años, con débil mantenimiento, ha sido muy alta.

Más allá de la parte descriptiva, el ONP fue diseñado para transportar hasta 200 mil barriles diarios (mbpd), con posibilidad de ampliarse hasta 500 mbpd, aunque nunca transportó más de 100 mbpd. Lamentablemente, ahora se podría producir y transportar hasta cerca de 50 mbpd, si pusiéramos en operación los Lotes 95, 67, 8 y 192, que por estos días están paralizados.

Ahora el ONP requiere un plan de mantenimiento que, según Petroperú, podría alcanzar a montos que “fluctúan entre US$400 y US$ 1,600 millones”. Al margen de esto, tenemos permanentemente interrupciones del servicio del ONP por protestas sociales, tal como hoy, frente a un gobierno incapaz de imponer la ley y el principio de autoridad. El tema se agrava aún más, al haberse reducido dramáticamente las reservas probadas de petróleo y su producción, lo que nos ha llevado a que la máxima producción pueda alcanzar hasta 50 mbpd, si todos los lotes del área estuvieran listos para producir, lo que a la fecha es de cerca de 35 mbpd.

No es el tiempo de discutir la conveniencia o no de la construcción de la nueva refinería de Talara,  porque ya el asunto hoy día es, que después de 7 años de construcción, dentro de uno o dos años completaremos una refinería construida para refinar 95 mbpd y desulfurar petróleo, incluyendo petróleo pesado, como el que fuera parte de nuestras reservas del lote 1-B, lo que hizo que la inversión se eleve a US$7 mil millones.

El problema del Perú es que, no hemos tenido en las últimas décadas un solo gobierno capaz de generar una visión de largo plazo para el país. Ni siquiera alguien capaz de plantearse un “proyecto petrolífero nacional” y convocar en torno a ese proyecto. En cambio, el Estado se ha involucrado en inversiones desordenadas y con absoluto desconocimiento de la actividad.

Quienes conocen la industria extractiva, saben que lo primero que se debe hacer, es exploración y desarrollo, que pruebe reservas y permita asegurar la producción futura que genere un retorno económico, capaz de pagar la gran inversión inicial, incluyendo la refinería y no al revés, como el error de 1897.

Hoy el dilema del Perú es, si queremos o debemos insistir en la industria petrolífera, considerando que contamos con un formidable activismo y oposición social, que impide y dificulta al máximo las exploraciones, perturba las operaciones, sabotea el ONP, que requiere una inversión que podría llegar a US$1,600 millones, para seguir operando razonablemente. Es fundamental reconocer, que el ONP es indispensable si queremos convencer a cualquier compañía para que venga a explorar y luego explotar cualquier descubrimiento que pudiera darse. Sin garantizar la existencia del ONP, no hay posibilidad de atraer inversión en exploración a la zona nor oriental del Perú. De otro lado, si la decisión nacional fuera, que no queremos industria petrolífera, deberemos invertir cerca de US$800 millones en retirar el ONP y en remediar los pasivos ambientales generados en más de 40 años de operación.

Debemos considerar, que los precios del petróleo no están en sus mejores niveles, que el Perú no tiene una historia de éxito en la exploración petrolífera, que la historia política del Estado peruano relacionada a hidrocarburos ha sido demostradamente inadecuada (en lo tributario como lo muestra la reseña histórica y en lo ambiental, como se ve hoy en las imposiciones de OEFA a Pluspetrol respecto  de la remediación de pasivos ambientales anteriores a sus contratos), que estamos teniendo una tremenda propensión al populismo en todos los sectores políticos, que se está generando para los inversionistas una seria inestabilidad política, que si no corregimos, se irá acercando a lo que tuvimos entre los años 1968 y 1993, que la industria extractiva es “la presa preferida” para los políticos populistas y las ONGs ambientalistas y que en el Perú no se respeta la ley, ni el principio de autoridad.

¿Qué debemos hacer? En lugar de tontear, como lo han hecho políticos inútiles esta última década, debemos estudiar el problema, analizar nuestras opciones, definir lo que le conviene al Perú y ponernos a trabajar para lograr el objetivo. Pero, sobre todo, asegurarnos que el Perú se gane el respeto internacional, por su seriedad y se convierta nuevamente en un destino de inversiones atractivo para los capitales, que servirán para nuestra reactivación post COVID y que al venir acompañados de oportunidades de negocio y de tecnología muy útil para nuestro desarrollo, nos plantearían un mejor horizonte. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 11 de setiembre de 2020
Para Lampadia

Lo de II se debe a que en abril del 2017 escribí un artículo en Lampadia titulado “Trío de Pathos”. En aquel artículo me refería a los congresistas por Ica – Segura, Oliva y Elías – cada cual más patético que el otro, en su accionar ante la epidemia de Dengue que sacudió a Ica en aquel entonces. En este artículo quisiera referirme a otros dos tríos… igualmente patéticos. El trío Richard Swing, Karem Roca y Miriam Morales. Y el trío Vizcarra, Merino y Alarcón.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, Pathos es un vocablo griego que significa “estado de ánimo, pasión, emoción, sufrimiento”. Y Patético – que viene de Pathos – significa “que es capaz de mover y agitar el ánimo (de la población) infundiéndole afectos vehementes, y con particularidad, dolor, tristeza o melancolía”.

Hecha la explicación, vayamos al tema. Las contrataciones de los amigos del presidente Vizcarra son patéticas. No hay derecho que – estando el país como está – se permitan ese tipo de contrataciones. Además, lo de Richard Swing no es anecdótico como dijo – muy suelta de huesos – la exministra Gloria Montenegro; obviamente, para salvarle el pellejo a su jefe. No… el Estado peruano está atiborrado de “Richard Swing´s”. Y de eso se trata; de parar el pernicioso clientelismo político que constituye una práctica “muy normal” en casi todas las dependencias del Estado peruano. Empezando – como se ha podido apreciar – por la propia presidencia de la república.

Ahora bien; tan patéticos como las contrataciones en sí, son los audios que dominan los titulares periodísticos de estos días en el país. ¡Qué decepción! ¡Claro que dichas grabaciones fueron ilegales! ¡Claro que una vacancia presidencial sólo debe proceder luego de un debido proceso! Pero ese no es el tema. El tema es que tenemos a un presidente tratando de ocultar la verdad respecto del número de visitas que el infame Richard Swing hizo – realmente – a Palacio de Gobierno.

Pero ahí no acaba la cosa. Lejos de asumir con entereza la gravedad de la situación, y reconocer sus faltas y tratar de corregirlas, el presidente salió – una vez más – a pechar al Congreso con su cara dura diciendo: “si me quieren vacar, aquí estoy con la frente en alto y la consciencia tranquila”.

¿Consciencia tranquila? No le creo. No puede ser que el presidente esté con la consciencia tranquila. De ser así, su caso sería indefendible. No puede ser que no sienta ningún remordimiento por el hecho de mentir acerca de las visitas – a palacio – de su amigo Richard Swing.

Por otro lado, tener que soportar a personajes tan cuestionados como Edgar Alarcón y Manuel Merino – ambos Congresistas de la República – rasgándose las vestiduras y propiciando una vacancia presidencial… ¡no hay derecho!

Es evidente. Estamos ante políticos que se aprovechan de sus cargos públicos para lograr beneficios personales. Afán de protagonismo… a tope. La pandemia, la crisis económica, los peruanos… les importamos un bledo.

Lo que han creado esos políticos irresponsables es un tremendo sentimiento de odio en la población hacia nuestras autoridades, y – en general – hacia la política en nuestro país. Han acentuado el dolor, tristeza y melancolía de los peruanos. En el sentido etimológico de la palabra (Pathos) han creado un ambiente patético. Es decir, han creado un monstruo.

Así está – pues – la situación. A ese respecto, considero que no debemos quedarnos callados frente al comportamiento patético de algunos malos políticos. Es hora de hablar, de escribir, de hacer bulla. Estos artículos me permiten transparentar mi experiencia – apasionante y fascinante – de haber estado inmerso en la política peruana. Concretamente, en el Gobierno Regional de Ica. Gracias a ello puedo dar fe de que el clientelismo político en nuestro país es real, pernicioso, y muchos lo consideran “muy normal”. Lo vi en Ica y lo combatí con todas mis fuerzas. Y le dimos de alma. Tenemos que terminar con esa lacra – del clientelismo político – si queremos salir del hoyo en el que nos encontramos. Insisto… nuestra crisis es moral.

¡Vivan los buenos funcionarios públicos… que los hay, y en gran cantidad! ¡Viva la política buena… que todavía queda! ¡Viva la democracia… que practica la tolerancia y respeta la discrepancia! ¡Viva la libertad de prensa y opinión… que nos permite opinar y criticar – como en este caso – a los tríos de Pathos! Lampadia

Rafael Belaunde Aubry
Para Lampadia

A lo largo de su historia el Perú ha padecido múltiples amputaciones territoriales. Luego de consolidada la independencia, ya sin el Alto Perú, la sufrida como consecuencia de la guerra del Pacífico fue las más traumática. Una vez consolidados e internacionalmente reconocidos los límites actuales, es difícil imaginar amputaciones territoriales adicionales. 

Sin embargo, en un mundo dominado por las grandes potencias y por organizaciones internacionales que responden a intereses foráneos, infligir pérdidas de soberanía no requiere cercenar territorios sino arrebatarles a su titular prerrogativas sobre los mismos.  El eventual tratado de Escazú es un ejemplo de ello. Si no fuera por el maquillaje de su retórica tramposa, ese instrumento de colonización evidenciaría con diáfana transparencia su propósito grotesco.  El objetivo de este artículo es desnudar ese latrocinio en cierne.

Existe un claro antecedente del expolio que se pretende con el tratado de Escazú. Apareció refundido como accesoriamente en un documento de la USAID denominado “Estrategia de la Cooperación de los Estados Unidos para el Desarrollo del Perú, 2012 – 2016”.  En él se sostiene que: “La cuenca Amazónica del Perú, el cuarto bosque tropical más grande del mundo y uno de los que aloja la mayor biodiversidad, constituye un bien público mundial.”  Que yo sepa, ningún funcionario del Estado Peruano ha protestado hasta la fecha.

Remontémonos a un asunto análogo que demuestra cuán pernicioso resulta actuar desaprensivamente frente a la interferencia extranjera, aparentemente inocua, pero en el fondo muy mal intencionada: En 1954, ante la presencia de flotas balleneras en las costas occidentales de Suramérica, el Perú firmó un acuerdo pesquero con Chile en el que se acordó utilizar un paralelo geográfico para diferenciar las áreas marítimas que cada país patrullaría. Décadas después, la corte internacional de La Haya se apoyó en ese convenio para argumentar que el límite marítimo entre ambos países era dicho paralelo. Así, el Perú perdió parte de los derechos marítimos que la recuperación de Tacna implicó en 1929.

La pretensión oculta del acuerdo de Escazú es someter al dominio internacional la Amazonía. Eso explica que Estados Unidos y Canadá, que dicho sea de paso no tolerarían tutela alguna, no formen parte del acuerdo. Eso explica también la proclividad con la que algunas repúblicas caribeñas que, obviamente, no poseen territorios Amazónicos, se hayan constituido en vulgares alabarderos del proyecto. 

Al leer los objetivos del eventual tratado parecería que Estados como el peruano desconocieran una serie de derechos.

• ¿Atenta el, acaso, Perú contra el derecho de sus ciudadanos a acceder a la información ambiental y a la participación pública en los procesos de toma de decisiones?  
• ¿Impide el Estado el acceso a la justicia en asuntos ambientales?
• ¿Desprotege el Estado peruano el derecho de cada persona, o el de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano?
• ¿Es contrario el Perú al desarrollo sostenible?

No, cuatro veces no.

La verdadera finalidad, entonces, no está en la engañosa retórica de los supuestos objetivos del tratado, sino oculto en la sección resolutiva del mismo. A saber:

Primero: Encargar a la tristemente célebre CEPAL, aquella nefasta institución que impulsó las políticas de sustitución de importaciones que tanto entorpecieron nuestro progreso en el pasado, la articulación de la sujeción de los países miembros a la tutela de las organizaciones internacionales. El sólo hecho de su selección desnuda el trasfondo económico del tema: la CEPAL es la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe. Nada tiene que hacer dicha institución con el derecho medioambiental.

Segundo: Obligar a los países que ratifiquen el acuerdo a someterse a los tribunales internacionales, los mismos que se constituirían en última instancia ambiental, por encima de la jurisdicción nacional. El Estado peruano dejaría de tener autonomía, incluso, respecto al futuro de Tía María, Cañariaco, La Granja, Cerro Blanco, el puerto San Martín, o la cuota de captura anual de pesca. Asimismo, una instancia judicial extranjera sería la que finalmente decidiría la pertinencia ambiental de cualquier futuro aprovechamiento energético en la amazonia, de cualquier trasvase trasandino o de cualquier esfuerzo colonizador en la selva alta, etc.

Tercero: Alternativamente, el acuerdo otorgaría poder a los países miembros (Barbuda, Granada, Nicaragua, Haití, Uruguay, etc.) para someter a arbitraje cualquier controversia ambiental que consideren no haber sido adecuadamente resuelta por la justicia peruana.

La figura 1 es el mapa elaborado por Antonio de Herrera en 1601 en el que aparece el meridiano que, en virtud del tratado de Tordesillas de 1494, dividía los territorios de España y Portugal en el nuevo Mundo.

El gráfico de la figura 2 muestra, de derecha a izquierda, cómo se ha ido reduciendo la soberanía peruana desde el siglo XVI hasta el presente. El extremo izquierdo de esta figura muestra cuál sería el resultado ineludible del acuerdo de Escazú en materia de soberanía ambiental en nuestra Amazonía, aunque como se ha adelantado, la injerencia extranjera abarcaría, en realidad, la totalidad de nuestro territorio.

Debe recordarse que muchos hombres de uniforme dieron la vida defendiendo nuestra Amazonía en conflictos como el de Falsa Paquisha, y el Cenepa, para mencionar sólo los más recientes.

Lo grave de este pretendido desmedro de soberanía, de esta desperuanización de nuestra selva radica en que no nos habría sido impuesta por la fuerza como sucedió en las circunstancias anteriores, sino que sería el resultado de la pusilanimidad del endeble gobierno de turno. Es realmente desalentador e indignante constatar el grado de degradación al que se han rebajado algunos funcionarios para perpetrar semejante afrenta al Perú.

¿Enajenaría Chile su discrecionalidad soberana en materia ambiental respecto a Tierra del Fuego? ¿Harían lo propio los Estados Unidos respecto a los Everglades de la Florida o el Canadá respecto a su tundra? ¿Por qué deberíamos ser menos que ellos? ¿Qué complejos aquejan a las actuales autoridades peruanas?

Desde que en marzo de 1922, luego de un siglo de conflictos y escaramuzas, y presionado por los Estado Unidos, el Perú firmó el tratado Salomón-Lozano mediante el cual entregamos vastos territorios a Colombia, no enfrentábamos un revés como el que ahora se cierne sobre nuestra patria. Qué triste terminar perdiendo derechos que tanto sacrificio y tantas vidas costó defender por culpa de la ineptitud de las autoridades peruanas.

Nuestro país, consciente de la gran diversidad ecológica que su Amazonía encierra, de la variedad climática de sus Andes y de la riqueza ictiológica de sus aguas litorales, que compensa la aridez de sus desiertos costeros, tiene la obligación de proteger su territorio y ser cuidadoso respecto a su aprovechamiento. Pero, por eso mismo, también tiene el deber de no enajenar su soberanía. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Un trabajo del equipo del Centro Wiñaq
Para Lampadia

16 mil muertos sin explicación

Todos los días mueren personas en Perú. Morían en el 2019 y mueren ahora en el 2020. El problema es que, considerando sólo a las muertes no violentas, entre el 1º de abril y el 29 de mayo, de este año 2020, murieron 17,406 más personas que el año pasado. A esos muertos extra del 2020, los llamamos “Muertos Excedentes”.

Expliquemos un poco más. El año pasado, entre el 1º de abril y el 29 de mayo, fallecieron 16,136 personas por muerte no violenta, es decir, por problemas de salud como diabetes, tuberculosis, dengue, problemas cardíacos, desnutrición, etc. Este año, 2020, en el mismo intervalo de tiempo, murieron 33,542 personas por causas no-violentas. La diferencia entre los dos años son los 17,406 muertos excedentes. (Si hiciéramos la diferencia con el promedio de fallecidos de 2017, 2018 y 2019, los muertos excedentes se incrementarían en 611, una variación de solo 3.8%)

Según el informe oficial del MINSA (siempre en ese mismo intervalo), 4,230 personas fallecieron por COVID-19. Entonces nos queda 13,176 muertos excedentes sin explicación. Esta no es una pequeña cantidad, ni es un pequeño porcentaje. Es el 75.7% de los muertos excedentes que no son explicados por el reporte COVID-19 del MINSA.

Hablando en términos diarios, los muertos excedentes del día 29 de mayo fueron 850. Según el MINSA, los muertos por COVID-19 ese mismo día fueron 131. ¿De qué han muerto los 619 restantes? ¿Acaso hay alguna otra epidemia no identificada en Perú, que matando a muchos cientos adicionales de personas por día?

Creemos que, dejar sin explicación a ¾ de los muertos excedentes no es adecuado. Si queremos entender lo que está pasando con la epidemia, necesitamos considerar a los muertos excedentes y no solo al informe oficial de fallecidos por COVID-19 que nos brinda el MINSA. No es gratuito que equipos de investigadores de institutos de investigación de la más alta respetabilidad (London School of Hygiene & Tropical Medicine, London WC1E 7HT, UK (DAL, LS, CIJ); Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Germany (VMS); Centre for Fertility and Health, Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway (PM); and University of Economics, Prague, Czech Republic (MP)), y medios internacionales como The Economist y Financial Times, estén utilizando los muertos excedentes para monitorear la evolución de la epidemia. (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30933-8/fulltext)

Cuando comparamos la composición de género (hombres y mujeres) de los muertos excedentes, encontramos que es muy similar a la composición de género de los muertos por COVID-19, reportados por el MINSA. Según los informes del MINSA, los muertos por COVID-19 son 28% mujeres y 72% hombres, y los muertos excedentes son muy próximos: 31% mujeres y 69% hombres. Sucede que, en tiempos normales, la proporción de muertos mujeres es 48% y de muertos hombres es 52%. ¿Cómo explicar que la distribución de género de los muertos excedentes sea tan similar a la del COVD-19 y que sea tan distinta del patrón normal de las muertes en el país? ¿Es que esa “otra epidemia” tiene el mismo patrón de género que el coronavirus, que golpea mas fuerte donde mas casos de COVID han sido reportados o será que el coronavirus es la explicación de la mayor parte de los muertos excedentes?

En los países desarrollados, que han sabido manejar la epidemia y registrar bien a los muertos, hay una alta coincidencia entre los muertos excedentes y los muertos por COVID-19. En el Reino Unido los muertos COVID-19 son el 72% de los muertos excedentes, en España son el 78%, en Francia son 93%, en Suecia son 92%, etc. En los países menos desarrollados ese registro ha sido deficiente y los muertos registrados por COVID-19 sólo representan una fracción de los muertos excedentes. En Indonesia los muertos COVID-19 oficiales son el 14% de los excedentes, y en Turquía son el 44%. El Perú, se ha quedado entre Indonesia y Turquía, pues los muertos COVID-19 oficiales representan 24% de los muertos excedentes. (https://www.economist.com/graphic-detail/2020/04/16/tracking-covid-19-excess-deaths-across-countries). Cuando las diferencias entre los muertos COVID-19 registrados y los muertos reales son pequeñas (10% o hasta 20%), el ajuste de las cifras puede esperar hasta que termine la epidemia, pero cuando el 76% de los muertos excedentes carecen de explicación, el ajuste de las cifras no debería postergarse.

Es muy probable que tradicionalmente exista un sub-registro del SINADEF. Es decir, que los muertos reales sean más de los reportados por SINADEF, especialmente en las provincias alejadas de Lima. De ser así, los muertos excedentes del 2020 serían aún más numerosos, pues es muy probable que ese sub-registro del SINADEF se haya agravado durante la epidemia (En Iquitos, el Hospital Regional ha registrado 800 muertos al 13 de mayo, bastante más que 500 muertos que el mismo SINADEF reportó hasta esa fecha.). Entonces, el sub-registro del SINADEF reforzaría el motivo de preocupación, pues se podría hablar de un excedente de fallecidos aún mayor a los 17,406 y el porcentaje de muertos sin explicación de la causa de su muerte sería aún mayor que 76%.

El estado de la epidemia

Si los muertos excedentes son, en su gran mayoría, causados por el COVID-19 y el registro oficial de los muertos COVID-19 es tan poco representativo (24%), entonces necesitamos monitorear a los muertos excedentes para saber qué pasa con la epidemia, como lo hicieron los institutos de investigación antes señalados. La observación de los muertos excedentes entre el 1º de abril y 29 de mayo nos indica que la epidemia sigue avanzando, aunque muestra una desaceleración. A esa fecha, el Perú (considerando solo la población de la costa y la selva), había llegado a 463 muertos excedentes por millón, un nivel comparable al de Francia, pero mucho menos que de España o Italia, aunque se trata de sociedades con promedios de edad más elevados que el peruano.

A pesar de la desaceleración en los fallecidos excedentes por día; no debería sorprendernos si esa desaceleración se revierte en las próximas semanas por el incremento de las actividades económicas y de las dinámicas de contagio, especialmente en los medios de transporte en Lima.

Para tener una imagen mas realista de la evolución de la epidemia es necesario indicar que en Perú hay dinámicas muy diferenciadas y la data agregada puede ocultar aspectos importantes.

1. En Iquitos y Pucallpa la epidemia ya pasó el pico y va en bajada,
2. En la sierra está aún en una fase incipiente (ver estudio sobre la menor agresividad del coronavirus en alturas superiores 2,500 metros: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7175867/),
3. La costa norte (Chiclayo, Piura, Tumbes, etc.) presenta dinámicas poco claras, y
4. En Lima-Callao la epidemia sigue creciendo, aunque a menor ritmo. Por su población y su conexión con todo el país, Lima-Callao comanda la dinámica nacional.

Dada las limitaciones que el Estado Peruano ha evidenciado para controlar la epidemia, el porcentaje de personas que fallecen fuera de los hospitales (39%, según SINADEF) y el alto porcentaje de la población informal (71%), el número de muertos de los próximos meses va depender principalmente de la letalidad real del virus. Si tomamos como referencia las estimaciones de letalidad hechas en otros países (New York: 0.86%, Francia: 0.5%, 1% Brasil etc.) y el mayor porcentaje de población joven del Perú, y la mala calidad de su sistema de salud podemos creer que esa letalidad es mucho menos que los 2.7% que publica el MINSA. (ver estudio del Imperial College sobre Brasil, un país con una estructura etaria y servicios de salud mas parecidos al Perú que los países europeos: https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-21-brazil/)

Algunas conclusiones

• Facilitar la información del SINADEF es una expresión de transparencia de parte del MINSA, pero la información que brinda sobre los muertos por COVID-19 es muy incompleta y no genera una base para analizar las dinámicas de la epidemia.
• La modelización que están haciendo instituciones internacionales sobre el Perú es con la data del MINSA.  Si ellos dispusieran de una data más cercana a la realidad (como la que disponen de países desarrollados), sus resultados serían más realistas.
• Es el número de muertos excedentes lo que indica las dinámicas de la epidemia y evidencia el costo real de vidas humanas que está teniendo, y ofrece indicadores más cercanos a la realidad.
• El futuro de la epidemia dependerá de las diversas regiones, pero Lima y Callao serán los núcleos principales.
• Lima se está desacelerando, pero puede re-acelerar de acá a dos semanas, por el aumento de la actividad económica.
• Es probable que los muertos reales se acumulen en decenas de miles, y no en unos pocos miles, como se presenta hasta ahora en los informes oficiales.
• Estudios de seroprevalencia ayudaría a monitorear con mejores evidencias el avance de la epidemia y conocer qué ciudades se acercan o no a una posible inmunidad de manada.

Lampadia

Las cifras de contagio y defunciones por coronavirus en América Latina siguen creciendo a pasos acelerados. Inclusive Chile, un país que había logrado desacelerar considerablemente las infecciones, recientemente ha sufrido un fuerte rebrote provocando el retorno a la cuarentena en su ciudad capital.

Por su parte, el estado peruano ha extendido el estado de emergencia hasta fines de junio por el poco avance que se ha tenido en la contención del virus. Si bien prevalece la cuarentena, se ha dispuesto la liberación de varias actividades económicas arraigadas a los servicios además de la reactivación de numerosos proyectos de minería, vivienda e infraestructura productiva.

Sin duda estas acciones de política reflejan la imposibilidad de inducir el aislamiento social a una población, cuya proporción de trabajadores es mayoritariamente informal y sobre la que, tras dos meses de estricto bloqueo, resultaba imposible acatar con una cuarentena que no considerase su alta vulnerabilidad económica.

Resultó obvio pues que los bonos entregados por el gobierno y el paquete Reactiva Perú resultaron poco eficaces para paliar el batacazo que recibió la economía de los hogares en las últimas semanas. El primero por la no disponibilidad de padrones certeros para la adecuada identificación de la población pobre, además de las complicaciones logísticas que entrañó la baja bancarización de la población informal. El segundo porque no se llegó a entregar la ayuda a las empresas a las que se debía principalmente atender, esto es, el segmento de las MYPE. Muchas de ellas ya deben haber quebrado, relegando al desempleo a todos sus trabajadores.

¿Cómo han respondido a estos paquetes de ingresos de emergencia otros países de la región con menor solidez macroeconómica como México, Brasil o Colombia? ¿Qué medidas de política económica o más bien de búsqueda de financiamiento deben emprenderse para seguir propendiendo liquidez a las poblaciones más necesitadas?

Un reciente artículo de The Economist que compartimos líneas abajo ilustra esta situación y da algunos lineamientos de política que podrían explorarse al respecto para conseguir mayor financiamiento. Como sugiere el popular medio británico, de seguir prolongando la cuarentena o de retormarla cada cierto tiempo en los próximos meses, como es de esperar puesto que los rebrotes siempre son un riesgo (ver Lampadia: El mundo está parado), los países deberán acudir a los mercados financieros para tomar más deuda y  paliar su impacto negativo en los hogares. Aquí el Perú y Chile tienen una ostentosa posición puesto que pueden acceder a tasas menores producto de su buena calificación crediticia.

Sin embargo, debemos alertar que la mayor provisión de paquetes de ayuda deben estar limitados a cómo responderá la actividad económica en los próximos meses, ahora que se ha pasado a una etapa más de convivencia social con el virus y en el que el trabajo en varios sectores es posible con los cuidados sanitarios respectivos. Lampadia

La situación económica de América Latina está empeorando

Los gobiernos tienen un poder de fuego limitado para lidiar con el covid-19

The Economist
23 de mayo, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

En São Paulo, el 91% de las camas de cuidados intensivos en los hospitales están ocupadas, no obstante, los casos de covid-19 se disparan. La ciudad ha declarado un feriado público de cuatro días para reducir los viajes. En las partes más pobres de Brasil, como Fortaleza y Manaus, los hospitales están aún más llenos. Lo mismo ocurre con Perú y México. En Chile, que parecía haber estado controlando el coronavirus, un aumento brusco de casos y muertes provocó que el gobierno encerrara a la gran Santiago y dejó al ministro de salud “muy preocupado”. Ante un aumento récord de casos esta semana, Argentina extendió su bloqueo. A medida que la pandemia se desacelera en Europa, está aumentando en las Américas.

Para América Latina, eso es decepcionante y preocupante. Advertidos, muchos países se apresuraron a imponer bloqueos hace dos meses. En una región donde un trabajador de cada dos está en la economía informal, estos son difíciles de mantener. Muchos países también han organizado pagos de emergencia para grandes segmentos de la población y otorgado garantías de crédito a las empresas. Pero los gobiernos latinoamericanos carecen del poder de fuego fiscal, así como de las instituciones efectivas, de sus contrapartes en Europa o EEUU. Como resultado, en lugar de tener una recuperación rápida, como algunos esperaban, la región corre el riesgo de ingresar a un valle oscuro en el que tanto la salud pública como los medios de vida sufren durante muchos meses. Los efectos ya están exacerbando la desigualdad en una región desigual.

Comience con la salud pública. Los bloqueos redujeron la propagación de la infección en abril, según Jarbas Barbosa, de la Organización Panamericana de la Salud (PAHO). Pero las presiones económicas, y en Brasil y México mensajes mixtos de los presidentes, han llevado a muchas personas a ignorar los bloqueos. El tráfico en los países más grandes de la región ha vuelto a casi la mitad de lo normal, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los mercados callejeros son una fuente de contagio: en un mercado mayorista de frutas en Lima, casi el 80% de los vendedores dieron positivo por el coronavirus. La PAHO advierte que los pobres urbanos, muchos de los cuales viven en zonas densas, los pueblos indígenas de la Amazonía y los migrantes y prisioneros son especialmente vulnerables.

Varios países más pequeños, como Paraguay, Costa Rica y Jamaica, tienen tasas bajas de infección, al igual que Colombia. Algunos otros gobiernos simplemente han declarado la victoria y están abriendo sus economías nuevamente. Incluyen a México, cuyo presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirma que su país ha “domesticado” el virus. Pero incluso los datos oficiales especialmente sospechosos de México muestran que los casos siguen aumentando. “La mayoría de los países no pueden abrirse”, dice el Dr. Barbosa. “Sería una receta para el desastre”. Él piensa que si el distanciamiento social se adopta adecuadamente, los casos podrían comenzar a caer en la región en la primera quincena de junio.

Aunque los bloqueos son populares, conllevan un gran costo socioeconómico. Una encuesta de 17 países para el BID en abril sugirió que el 57% de las pequeñas empresas han cerrado temporalmente, mientras que casi el 45% de los encuestados dijo que un miembro del hogar había perdido un trabajo. Países como Brasil, Chile y Perú han implementado esquemas de ingresos de emergencia de tres meses. Pero llevar el dinero a los trabajadores informales es difícil (y a veces ha provocado que las multitudes propaguen infecciones fuera de los bancos).

Si se va a contener el virus, dichas políticas deberán continuar por más tiempo. También lo harán las garantías crediticias y la liquidez de emergencia para las empresas, si quieren impulsar la recuperación económica. Los gobiernos lucharán por encontrar el dinero. “No vivimos en una región ‘lo que sea necesario'”, dice Mauricio Cárdenas, un ex ministro de finanzas colombiano, refiriéndose a la postura del Banco Central Europeo. “Podemos hacer lo que podamos”, dijo en un seminario del Banco Mundial esta semana.

Solo los países financieramente más fuertes, como Perú y Chile, tienen ahorros públicos a los que recurrir. Muchos países latinoamericanos aún pueden recaudar dinero en los mercados financieros, pero ¿por cuánto tiempo? Intentar reprogramar las deudas, como lo está haciendo Argentina, lleva tiempo y conlleva costos. Y en lugar de limitar las salidas de capital a través de la condonación de la deuda, América Latina necesita entradas adicionales. Desde marzo, una docena de países de América Latina y el Caribe han recibido un total de US$ 4,000 millones en financiamiento de emergencia del FMI. Pero la demanda de su dinero excederá la oferta.

Cárdenas sugiere que el FMI debería establecer un fondo que emitiría bonos para que los bancos centrales de los países ricos los compren, con el dinero utilizado para ayudar a América Latina a capear la crisis. Eso puede ser un alto orden político. Pero la alternativa puede ser años de postración económica e inestabilidad política. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

La anecdótica, pero impactante, confesión del gobierno (en boca del señor Matuk), de haber priorizado el deseo de “combatir el patriarcado en el Perú” sobre su objetivo fundamental y urgente de combatir el impacto del COVID-19, al haber dispuesto días específicos de circulación de mujeres y hombres durante la semana, me llevó a pensar en la cantidad de disparates, “bien intencionados”, que se realizan desde el Estado.

Felizmente el Estado Peruano tiene funciones claras y específicas fijadas en la Constitución, tales como; defender la soberanía nacional, garantizar la vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de amenazas a su seguridad, justicia y desarrollo integral y equilibrado de la Nación, pero actuando fundamentalmente en la promoción del empleo, la salud, educación, servicios públicos e infraestructura. Parte del principio que, “el Estado es uno e indivisible” y que su gobierno es unitario. Para cualquier otra cosa tiene sólo un rol subsidiario que, deberá estar debidamente justificado y aprobado por ley.

Dije que felizmente tiene sólo algunos roles, porque aún así no los ejerce correctamente y la realidad evidencia que los individuos que actúan dentro del Estado, por sus ideologías, no fijan debidamente los objetivos de las tareas que se le encomienda. Un caso patético es el del inicio de este artículo, pero tenemos ingentes casos donde ese “atributo” sale a relucir.

Es clara la preferencia de este gobierno central por repartir dinero a los 25 gobiernos regionales y a los 1874 gobiernos municipales, en lugar de asumir el reto de administrar eficientemente la cosa pública y maximizar el beneficio de la ciudadanía como producto de su trabajo.

Ya habíamos criticado el encargo dado a estos gobiernos sub-nacionales (llenos de corrupción e ineficiencia), de comprar alimentos para distribuirlos a las poblaciones más pobres de su localidad. Sabe Dios qué estarán comprando, a quienes, cuánto habrán pagado y si finalmente estos productos estarán llegando al destino correcto. ¿No era más lógico diseñar una canasta básica a nivel nacional, con productos no perecibles, comprarlos de manera centralizada y optimizando el precio de compra, con entrega descentralizada conducida por una empresa logística y alguna organización de apoyo social (CARITAS por mencionar alguna) que pueda armar las canastas y entregarlas a los más necesitados y contando con el apoyo de las fuerzas del orden? De esta manera habríamos hecho un uso más eficiente del dinero, hubiéramos llegado a los más necesitados, en lugar de exponerlos a contagio y la operación hubiera sido más rápida, evitando todas las pérdidas de dinero que se producen cuando se distribuye a tales gobiernos sub-nacionales el dinero sin control alguno.

Este caso se replica en los programas alimenticios para escolares, el diseño y composición de la dieta, su calidad y el origen de los productos que se les suministra. Muchos creen que este es un instrumento para beneficiar a pequeños productores y comerciantes locales, cuando el objetivo central es nutrir a la mayor cantidad de niños, optimizando el gasto público destinado a este fin. Pero no, muchas veces se ha verificado la mala calidad de los desayunos y almuerzos, generando problemas de salud a los niños y enriqueciendo a mafiosos de cada localidad.

Recientemente he leído “la idea brillante” respecto al uso de los fondos de las AFP para financiar a las MYPES a bajo costo e invertir en proyectos nacionales de dudosa calidad y retorno (esto último ya hecho con fondos de la seguridad social en el pasado y que nadie lo va a aceptar). ¿Cuando comprenderán que los fondos previsionales NO SON DINERO DE LAS AFP, sino que pertenecen a los trabajadores y que ponen un ahorro con el objetivo de ser gestionados por estas instituciones especializadas para optimizar la rentabilidad de largo plazo, gestionando el riesgo para maximizar la pensión de jubilación el día que se retiren del trabajo?

Este mismo problema se presenta en la disyuntiva que sufre el gobierno central (gobierno unitario, tal como se mencionó) entre ser eficiente o satisfacer los apetitos de los gobiernos sub-nacionales en el manejo de Salud, entre otros. ¿Cómo es posible que no tengamos centralizado el manejo de compra de equipos para todos los establecimientos de salud del Perú? Ahora resulta que cualquier proveedor, como el de los ventiladores mecánicos que “vendió” estos equipos para el hospital de Tacna a 56,469 soles cada uno, se burló del Perú y su ineficiente burocracia, dando por anulada la venta a Tacna y vendiendo los mismos equipos al hospital de Ate, pero esta vez a 179,000 soles.

El problema más serio no es ésta anécdota, sino que al presidente se le ha repetido hasta el cansancio que no está gestionando el país, que no está haciendo ningún esfuerzo por corregir la deformación del aparato del Estado, que está permitiendo (si no fomentando) la corrupción del poder ejecutivo, repartiendo dinero a los gobiernos sub-nacionales y sin tomar control centralizado del sistema de salud, ni del sistema de educación. Debo saludar que el Sr. Vizcarra, al recibir la información del caso de los ventiladores mecánicos, ha dispuesto la suspensión de dicha compra. No obstante, esto es como alegrarse por haber podido matar un mosquito con la mano en lugar de poner un mosquitero y ¡evitar que estos te levanten en peso!

El gobierno de PPK ya había dispuesto la estandarización de los hospitales y colegios; planos, equipamiento y mobiliario, ciertamente en función de la ubicación geográfica (Costa, sierra o selva) y del tamaño de población a atender. Lo dicho ya era un pequeño avance para la gestión del Estado, pero, señor Vizcarra, su gestión desestimó este esfuerzo y dio rienda suelta a la iniciativa de gobernadores sub-nacionales y sus creativas ineficiencias llenas de incapacidad y dolo.

Ya hemos dicho antes que ¡la corrupción es un grave problema, pero la corrupción atomizada es incontrolable! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 17 de abril de 2020
Para Lampadia

La frase original es “El campo es santo… la ciudad no tanto”. Y proviene de Fray Ramón Rojas – más conocido como el Padre de Guatemala – quien allá por el año 1830 hizo brotar agua en el desierto de Ica, en un lugar conocido como Pozo Santo. Para muchos iqueños, el fraile guatemalteco es un santo de facto. “Un santo buscador de hombres en su existencia, en su vida sencilla, y su trato cotidiano”. (Ver “Vida y Prodigios de Fray Ramón Rojas” escrito por Alberto Benavides Ganoza)

A lo que quiero llegar es que el Estado peruano no es – ni remotamente – tan santo como debiera. Los ciudadanos no nos sentimos adecuadamente servidos por él. La política – o, mejor dicho, la politiquería – lo ha malogrado todo. El hecho es que el Estado ha devenido en un ente inoperante, maltratador, sobredimensionado, engorroso, indolente, despilfarrador, parasitario, y – sobre todo – corrupto. Incluso, chantajista. Y encima, abusivo y mandón.

La coima y el clientelismo político son sus principales atributos. Ciertamente, hay servidores públicos honestos, eficientes, y muy serviciales. Pero – lamentablemente – hay muchos malandrines también… en todas las instituciones públicas, y a todo nivel.

La pregunta es… pasada la pandemia ¿vamos a seguir con el Estado, tal cual? ¡De ninguna manera! Lo estamos viendo en estos días de emergencia. La precariedad de los hospitales públicos. Las compras de mascarillas y equipos de pésima calidad… y recontra sobrevalorados. Alcaldes y autoridades regionales apropiándose ayuda humanitaria. Calles inmundas. Sin agua… ni para lavarnos las manos. ¿Y qué decir de la corrupción en el Poder Judicial? La verdad, la verdad… el Estado no sirve.

Bueno pues, así como la pandemia está propiciando un cambio radical de usos y costumbres en la ciudadanía y en el sector empresarial, lo mismo debe ocurrir en el Estado. Claro que los cambios en el Estado debieron ocurrir hace tiempo… mucho antes de la pandemia. Pero no discutamos eso. Traguémonos el sapo. Y discutamos – más bien – el cómo y quién debe cambiar al Estado. Más vale tarde que nunca.

El Estado tiene que concentrarse – prioritariamente – en mejorar los servicios de agua, salud, educación, y seguridad. ¡Y punto! El único gran objetivo debe ser la vida – y el bienestar – de las personas y la naturaleza. Eso implicaría aumentar significativamente los presupuestos de los cuatro servicios antes mencionados. Entonces ¿de dónde pecata mea? Pues de la reducción de muchos programas e instituciones públicas innecesarias y redundantes, que no sirven para nada… y que cuestan un montón de plata.

El clientelismo político debe terminar. La meritocracia y la carrera pública deben establecerse como normas sagradas en el aparato estatal. Para ello hay que replicar el modelo de autonomía y profesionalismo del Banco Central de Reserva (BCR) en los demás servicios básicos. Hay que acabar con las prerrogativas ministeriales, regionales y municipales de cambiar funcionarios públicos según sus filiaciones partidarias, familiares o amicales.

Hay que ir – firmes y directos – a la transformación digital del Estado. Cero papeles. Cero colas. Cero coimas. Compras y contrataciones, permisos y licencias, certificados, títulos de propiedad… todo debe digitalizarse.

Ahora bien. Dado que el Estado no se va a cambiar a sí mismo ¿quién debería cambiarlo? En mi opinión, el cambio lo tendríamos que forzar desde la ciudadanía. No queda otra. Desde la ciudadanía tenemos que evaluar con objetividad los servicios del Estado, y desenmascarar a los corruptos e indolentes. La prensa tendría que jugar un rol preponderante en esta materia. Y así por el estilo.

En fin. Estas son ideas – solo ideas – para que el Estado sea tan santo como el campo. Veremos – con el tiempo – cómo nos va. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 6 de marzo de 2020
Para Lampadia

Si tuviéramos un Estado honesto y eficiente el tema sería debatible. Pero no. Nuestro Estado es todo lo contrario. Nuestro Estado es inoperante, abusivo, corrupto, ineficiente… y todo lo demás.

En realidad, hay muy pocos Estados honestos y eficientes en el mundo. Suecia, Noruega y Finlandia – quizás – sean algunos de ellos. Pero no hay muchos más. En términos generales, los Estados – en todo el mundo – son una carga muy pesada para sus conciudadanos.

Ergo… los peruanos deberíamos preguntarnos ¿para qué tributamos? ¿Para que algunos sinvergüenzas se roben nuestra plata? O – en el mejor de los casos – ¿para que la malgasten en obras sobrevaluadas? ¿O en elefantes blancos que no sirven para nada? ¿O para que nos atiborren de trámites que no tienen razón de ser… previas coimas de por medio?

Milton Friedman (Premio Nobel de Economía – 1976) decía: “Estoy a favor de reducir impuestos bajo cualquier circunstancia, por cualquier excusa, por cualquier razón, en cualquier momento en que sea posible” ¡Y eso que se refería al Estado Norteamericano! Y argumentaba: “Los grandes avances de la civilización, ya sean en arquitectura o pintura, en ciencias o literatura, jamás han venido de un Gobierno Central”.

Entonces… parafraseando al célebre Nobel podríamos decir: Los grandes logros peruanos en agroindustria, minería y energía, turismo y comercio, innovación y creatividad, arte y deporte, etc. jamás han venido del Estado. Todo ha sido esfuerzo privado. Mejor dicho… todo ha sido esfuerzo ciudadano.

Pues bien, eso que es real y objetivo, pareciera que no ha calado en la clase política de nuestro país. Tanto que la política tributaria ha devenido en un tema tabú para muchos políticos. Nadie toca el tema. Y si lo tocan, es para proponer aumentar los tributos… en vez de reducirlos. O sea, para quitarle más recursos a la población, y dárselos al Estado. ¡Están locos!

La riqueza de un país – digamos… el dinero – genera muchísimo más bienestar cuando está en manos de la ciudadanía, que cuando está en manos del Estado. ¿O no? Por eso preguntémonos ¿para qué aumentar los tributos?

Al contrario. Lo mejor – en nuestro caso – sería reducir la burocracia estatal inoperante y corrupta. Y traducir una parte de ese ahorro burocrático en rebajas tributarias para beneficio de la población. Conste que me refiero a la burocracia inoperante y corrupta… y no a la buena burocracia que – ciertamente – debe merecer nuestro aprecio y gratitud.

Entonces… ¡vamos! Bajemos el Impuesto General a las Ventas (IGV). Bajemos el Impuesto a la Renta (IR) a las empresas que generan empleos. Incluso, eliminemos los demás tributos que no recaudan casi nada. Bajemos los sobrecostos y cargas laborales. Bajemos los impuestos y tasas municipales y judiciales. ¡El Estado peruano es un pésimo administrador de nuestra riqueza!

Dicho sea de paso, la riqueza de nuestro país es una. Y crece o decrece – en el tiempo – de acuerdo al devenir de nuestra economía. Nuestra riqueza está distribuida entre el Estado y la ciudadanía. Entonces, en vez de agrandar el Estado en desmedro de la ciudadanía, lo sensato sería que la riqueza quede más en manos de la ciudadanía, y menos en manos del Estado.

A menor tributación… mayor bienestar ciudadano. Muchos políticos dirán lo contrario. Pero ¡así es la nuez! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La fricción con Odebrecht que ha desencadenado una crisis de renuncias gubernamentales, revela que la alta dependencia del gobierno de la narrativa anticorrupción para mantener su popularidad le nubla el entendimiento del problema y le impide desarrollar una estrategia inteligente y proactiva frente a una empresa que ya nos ha ocasionado daños económicos y políticos irreparables. Y que puede seguir haciéndolo.

Juan de la Puente (La Republica, 14/02) ha identificado tres temperamentos en el Ejecutivo en relación al problema suscitado por la demanda de Odebrecht al Estado peruano ante el CIADI:

• Negociemos ahora, por el bien del proyecto y para aumentar la reparación civil (el ex procurador Ramírez y el exministro de Energía y Minas Liu);
• Que negocien otros, pero yo no (la ministra Alva, del MEF);
• No negociamos con corruptos (el premier Zeballos).

Tres posiciones distintas que revelan máximo desconcierto y falta de previsión y estrategia. Lo peor de todo es que ninguna de las tres sería atinada, según vamos a ver.

Para comenzar, sólo la primera es seria. En realidad, el ex Procurador Ramírez es el único que se preocupó por plantear una respuesta a la advertencia de la empresa brasilera de que demandaría al Perú. Lo que Ramírez quería era que Odebrecht tuviera los recursos para pagar la reparación civil. Entonces objetivamente coincidía con el interés de los brasileros de que el Estado peruano licitara la nueva concesión del gasoducto para poder cobrarse el monto invertido en los tubos. De allí que facilitara la reunión con el ex ministro Liu.

Lo que aparentemente Ramírez no consideraba, es la posibilidad legal de que el Perú no estuviera obligado a pagar los tubos a Odebrecht. Por lo visto, nadie en el Estado lo consideraba. Pero esa es la teoría del abogado experto en hidrocarburos Jaime Pinto. Según él, el contrato protege las inversiones hechas por el concesionario luego del “inicio de la operación comercial”, cuando el contrato se interrumpe por causa del Estado, pero no las inversiones hechas antes incluso de la construcción de la obra y cuando el contrato termina por causa objetiva atribuida al concesionario: no haber podido culminar el cierre financiero en la fecha prevista en el contrato, que por lo demás sufrió dos prórrogas.

Si es la empresa la que no pudo cumplir, y no el Estado quien arbitrariamente interrumpió el contrato, no tendría derecho a reclamar resarcimiento de gastos. La abogada Cecilia Blume comparte la misma tesis.

¿Cómo es posible que el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI-MEF) no se haya percatado de esta situación ventajosa para el Perú? Si a dicha argumentación se suma la que se pueda construir acerca del carácter doloso de la manera como Odebrecht ganó la concesión, activando de alguna manera la cláusula de corrupción, entonces lo lógico sería precisamente ir al CIADI en lugar de haber tratado de evitar la demanda –que era la posición de Ramírez- o de buscar que la empresa la retire –que sería la posición de los fiscales. Si bien es cierto que el soborno entre privados no está penalizado en el Perú, sí lo está en otros muchos países, y podría ser considerado como acto de corrupción en el CIADI. Esto si es que no se descubre que uno de los tres codinomes todavía no develados corresponde a algún funcionario público, algún miembro del comité de Proinversión que adjudicó la concesión, por ejemplo. Quizá no sea causalidad que –según el portal Convoca-, Odebrecht haya estado obstruyendo en Suiza el envío de la información de los servidores de la caja 2.

En otras palabras, carece de sentido la idea de licitar nuevamente el gasoducto para pagarle a Odebrecht. Debería ser el CIADI quien decida si debe pagársele o no y cuánto si es que hay que hacerlo, o si más bien Odebrecht debería pagar los 50 millones de dólares anuales que el Estado peruano está gastando para que los tubos no se deterioren.

No debería haber temor de acudir al CIADI. Según Pinto la demanda de Odebrecht es muy débil. Sus argumentos son vagos y pobres. Las posibilidades de que el Estado peruano gane el litigio serían muy altas. Es lo que piensan otros especialistas.

Pero algo que prueba la falta de estrategia del Estado peruano frente a esta empresa, es que lo que ella pedía en realidad era prorrogar 6 meses el plazo para poder presentar una demanda ante el CIADI, ante la expectativa de que antes de ese plazo se pudiera licitar el gasoducto. Una alternativa natural hubiese sido extender dicho plazo y adoptar la decisión respecto de la licitación de manera completamente independiente, en consideración a su viabilidad económica, no a la necesidad de pagarle a Odebrecht por los tubos, pago al que el Estado peruano no estaría obligado. Según artículo publicado por el propio Pinto en El Comercio (13/02/20), el proyecto del gasoducto, tal como estaba concebido, no es rentable ni viable. Tendría que sufrir un redimensionamiento muy importante para que lo sea. Es una decisión que debe tomar pronto el gobierno, y el criterio debería ser estrictamente técnico. No nos vayamos a cargar con otro elefante blanco, obligándonos a los peruanos a pagar nuevamente por el gasoducto, tal como estaba contemplado en el diseño original del gasoducto licitado para Odebrecht en el 2014. Lampadia

Por César Azabache Caracciolo
Para Lampadia

Odebrecht está obligada ante el Estado peruano a pagar un cronograma definido en el verano de 2019 por S/ 610 millones más intereses en 15 años. A finales del año pasado la procuraduría a cargo de sus casos decidió respaldar un pedido suyo para que se liberen a favor de la empresa S/ 523 millones, con lo que el cronograma quedó desprovisto de toda herramienta semejante a una garantía. Y el evento es grave, porque la base de un acuerdo de pago diferido consiste en respaldarse en intereses y garantías.
En el mismo movimiento Odebrecht logró que la fiscalía y la procuraduría declararan que los S/ 610 millones más intereses a pagar en 15 cuotas compensaban los daños cometidos por todos los casos mencionados en el acuerdo, no solo en los 4 originalmente declarados como marco de referencia.

En el último movimiento, registrado por los medios el 5 de febrero de 2020, Odebrecht, que ha venido repitiendo insistentemente que su patrimonio es deficitario y que no tenía cómo pagar una reparación fija o los gastos de análisis de sus bases de datos, saca de la chistera una demanda por la que parece pretender que el Estado le pague US$ 1,200 millones por la resolución del contrato del gasoducto del sur.

No hay errores en la cita. Odebrecht quiere que le paguemos US$ 1,200 millones. El contrato fue resuelto porque el consorcio que Odebrecht lideraba no pudo conseguir financiamiento a consecuencia de lo corrupta que había resultado ser la empresa, de modo que entiendo que Odebrecht no puede ganar ese proceso. Pero ese no es el punto.

Encuentro inaceptable que la procuraduría no haya logrado que Odebrecht renuncie a esta pretensión. Todos los que seguimos este proceso sabíamos que la pretensión existía, porque el gobierno jamás resolvió el problema de las inversiones originales del proyecto. Enagás, la empresa menos tocada por los casos de corrupción del consorcio, lanzó su demanda por lo mismo no bien comenzó el proceso. GyM retiró la suya, en un gesto de buena voluntad, antes de cambiar de nombre, es decir antes del ingreso de nuevos inversionistas. Y Odebrecht, que sostuvo formalmente que no tenía activos suficientes para afrontar sus deudas, la lanza ahora, y pretende que lo aceptemos como natural.

Vamos en orden. Los S/ 610 millones más intereses que forman la reparación aceptada a favor del Estado representan a valor presente bastante menos que los S/ 523 millones liberados a su favor a finales del año pasado. Por eso no debieron ser liberados. Los US$ 1,200 de esta demanda valen, siguiendo criterios usuales, aproximadamente US$ 112.5 millones a valor presente (un juicio vale la mitad porque puede perderse, algo menos si la pretensión es poco creíble y algo menos por el tiempo que toma resolverlo). Solo lanzar la demanda representa ya la exhibición de un activo que a valor presente vale más o menos S/ 371.25 millones. En condiciones normales, es decir, en un caso distinto, sería incluso un buen negocio comprar la pretensión de Odebrecht a ese valor. Pero ¿a alguien se le ocurre que el Estado peruano va a liberar a favor de Odebrecht S/ 371.25 millones más?

¡Por favor! Si nadie en la procuraduría notó que las notas al balance de Odebrecht deben registrar una nota sobre este caso, o que en el Ministerio de Energía y Minas hay una file con los antecedentes de esta pretensión o que Enagas, uno de los dos socios de Odebrecht tiene hace tres años lanzado un caso semejante, entonces ya no entiendo nada. Primero la liberación de los S/ 523 millones y ahora la presentación de la demanda de esta envergadura. La secuencia nos deja en un ridículo que merece una película de mejor calidad.

¿No pensarán allanarse a esa demanda verdad?

Esta soga debe romperse ya. Y nosotros no tenemos por qué ser el lado más débil.

Cuando se negocian acuerdos de este tipo los solicitantes están obligados a mostrar sus cartas. Una expectativa de US$ 1,200 millones forma un activo importante aunque sea intangible. En las negociaciones Odebrecht debió revelar que tenía esa demanda en la cartera. No de manera encubierta o disfrazada sino de manera clara, poniendo las cosas sobre la mesa. Ahora Odebrecht probablemente pretenda decir que este asunto estaba reflejado en sus notas al balance, de manera que no haberlo notado fue responsabilidad de la procuraduría. Pero esto sería equivalente a tender una trampa. Anotar en un balance que hay un activo por revisar no es lo mismo que anunciar que hay una demanda por presentar. GyM, por ejemplo, reveló que tenía una demanda semejante en cartera y renunció a su pretensión para que su acuerdo se apruebe. Acá debió pasar lo mismo. Si la procuraduría prueba que esa revelación no se hizo claramente entonces este es un caso de fraude en la negociación y la procuraduría tiene el derecho a ir al juez, denunciar el fraude y pedir la revisión judicial de las condiciones económicas del acuerdo.

Si la cuestión de la reparación es subordinó a la cuestión sobre las pruebas en la primera parte de este asunto, toca ahora hacer lo contrario: subordinar el caso a las necesidades de la reparación. No tiene ningún sentido pagar US$ 1,200 millones por esto. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

La pregunta que cae de madura luego de que se hizo pública la demanda de ODEBRECHT contra el Estado Peruano por 1,200 millones de dólares es, ¿quién pagará esa cuenta?

Siempre somos todos los peruanos a través de nuestros impuestos directos, nuestro consumo (impuestos indirectos) y el perro muerto que el Estado hace de sus deudas con empresas y ciudadanos, quienes pagamos estas cuentas que alegremente asumen gobernantes y autoridades. Cada uno de los 32 millones de peruanos deberá agregar a su cuenta aproximadamente US$ 37.00 per cápita.

¿Siempre tiene que ser así?

• ¿No es hora de cambiar y buscar a los verdaderos responsables, para que sean ellos los que asuman estas cuentas y no todos los peruanos?
• ¿No sería lógico que gobernantes, autoridades y funcionarios sean responsables de sus actos y asuman con su peculio las decisiones que adoptan y los perjuicios que le causan al Estado?
• ¿No sería conveniente pensar en nuevos mecanismos legales de responsabilidad administrativa y civil que, por encima y más allá del show mediático de los procesos penales, los fiscales y las prisiones preventivas vaya a buscar responsabilidades efectivas y reparaciones concretas?
• ¿No sería este un primer paso para cambiar la forma artera, irresponsable y demagógica en que se ejerce la política en nuestro país?
• ¿No debiera ser esta la primera reforma política que permita ejercer la función pública con seriedad?

Pienso que sí.

Que el ejercicio de la función pública, de la labor legislativa, de la función ejecutiva o de la función municipal o regional debiera estar garantizada por hipotecas, avales, fianzas, cartas de garantía bancaria o por lo menos cauciones juratorias de bienes, para que cada autoridad, gobernante o funcionario que ejerza un cargo, cuando pretenda embarcarnos en obras faraónicas, construcciones sobrevaluadas o hechos de similar naturaleza, vea como sus bienes e ingresos se ponen en peligro. Tal vez esto podría ser disuasivo para gobernantes populistas, dispendiosos y derrochadores. Al fin y al cabo, por mucho menos en juego, se exige a contratistas o prestatarios garantías de este tipo. Resulta razonable empezar a exigirlo a quienes manejan el erario nacional y las finanzas en ministerios, gobiernos regionales o municipalidades.

¿Sin embargo, en tanto esto se dé, que hacemos con la cuenta de ODEBRECHT?

Habría que individualizar a sus responsables y hacer que asuman, si no es posible las garantías propuestas, por lo menos las responsabilidades políticas, administrativas y civiles que correspondan, por haber permitido algo tan obvio: que ODEBRECHT, encima de haber corrompido a la estructura política del país, de haber cobrado al Estado, de no haber pagado la reparación civil, ahora nos demande y nos exija pagar 1,200 millones de dólares, adicionales a los 400 millones ya demandados por ENAGAS, por el mismo proyecto.

Aquí una lista de los responsables más obvios:

• En primer lugar, la familia Humala, responsable de haber virado la política peruana para hipotecarnos al mercantilismo brasileño que financió su llegada al poder.
• En segundo lugar, los acólitos del Cartel de Sao Paulo, mal llamado Foro de Sao Paulo, que han seguido las encíclicas políticas de Lula y han avalado la colonización brasilera al costo más alto de nuestra historia republicana. ¿No sabe usted quienes son esos acólitos en el Perú?, los señores Arana, Santos, Mendoza, Cerrón, Glave, Villarán, entre otros.
• En tercer lugar, PPK, quien lejos de encontrar una salida inteligente a este problema, canceló el proyecto, dando el pretexto necesario para una demanda como la que se ha planteado contra el Perú.
• En cuarto lugar el presidente Vizcarra y todo su gobierno, que en lugar de defender los intereses del Estado Peruano y contratar una defensa de talla que negocie un acuerdo integral con ODEBRECHT considerando todas las variables en juego, prefirió y alentó que la negociación con ODEBRECHT se subordine al criterio e interés de dos fiscales neófitos en materia constitucional y sin ninguna experiencia en el manejo de conflictos financieros de esta envergadura, que dejaron pasar lo obvio que cualquier negociador de conflictos con algún oficio hubiera exigido: todo lo que pides siempre y cuando quede cerrada la contingencia de una demanda judicial millonaria como la que enfrentamos.
• En quinto lugar y tal vez antes que todos, el MINISTERIO PUBLICO, que, en su afán de ganar titulares, redujo el conflicto a las colaboraciones eficaces para conseguir nuevos nombres a quienes perseguir, denunciar y encarcelar, dejando pasar lo obvio. Y aquí hay nombres propios: la Fiscal de la Nación, los fiscales Vela y Pérez y los que han validado todo este despropósito.
• Los congresistas y los aliados del gobierno en ONGs que defendieron el acuerdo, tildando de fujiapristas, naranjas y corruptos a los otros congresistas que cuestionaron los acuerdos con ODEBRECHT y a todos quienes advertimos de la corrupción que quedaba escondida detrás del ruido anticorrupción (Lampadia 2019).
• La prensa bien pauteada por el gobierno y las encuestadoras que dieron insumos a la medida de las necesidades de las campañas mediáticas de aquella.
• Los miles de peruanos que en su afán de dignificarse denostando a fujimoristas y apristas se prestaron con sus likes, sus tweets, sus posts y sus historias a convertir en héroes a un par de fiscales no importa que en su afán de protagonismo entregaban en bandeja la posición jurídica del Estado peruano frente a ODEBRECHT.

Todos ellos deberán pagar esas cuentas, si no es con su peculio, con sus renuncias, sus destituciones, la suspensión de sus vergonzosos contratos de publicidad o por lo menos el escarnio de ser los cómplices de una de las felonías más grande al Perú.

El Presidente Vizcarra, al igual que sus aliados, no tendrá ante la historia, los atenuantes que el presidente Balta tuvo con sus ferrocarriles por el oneroso Contrato Dreyfuss, ni la justificación de reconstruir el país que tuvo Andrés A. Cáceres ante el polémico contrato Grace. Vizcarra sólo podrá decir que negoció en contra del Perú para llevar a la cárcel a sus adversarios políticos. Una razón que tal vez le otorgue el aplauso efímero del presente, pero que no lo libera de asumir su cuenta, por lo menos ante el implacable cobro de la historia. Lampadia