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Lima-Perú, 10/11/2020 a las 09:11am. por Fernando Cillóniz

Gestión pública disfuncional

Traición

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 6 de noviembre de 2020
Para Lampadia

Traición – en Derecho – es un delito cometido contra un deber público. En ese sentido, el maltrato de un funcionario estatal a un ciudadano es una traición. Lo mismo se aplica si se maltrata – desde el Estado – a una empresa, o a una asociación civil.

Visto así, el Estado peruano está lleno de traidores. Por ejemplo, aquellos alcaldes y regidores que exigen pagos por lo bajo para otorgar licencias de construcción. Igual son esos policías e inspectores municipales que cobran cupos a vendedores ambulantes. Y aquellos jueces que chantajean a litigantes para procesar sus disputas legales. Incluso, esos médicos corruptos e indolentes que abandonan hospitales públicos en horarios de trabajo.

Muchas veces, dichos malos funcionarios se amparan en normas o procedimientos burocráticos creados por ellos mismos para hacer de las suyas contra la sufrida e indefensa ciudadanía.

Bueno pues, una de esas normas traicioneras es la relacionada a los certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), los cuales deben renovarse cada dos años, aunque las condiciones no hayan variado ni un ápice en el ínterin. Me refiero a las condiciones bajo las cuales se emitieron dichos certificados

Bueno pues – como era de esperar – el incumplimiento de la renovación del certificado en cuestión impide a muchas empresas e instituciones operar formalmente. Efectivamente, las licencias de funcionamiento quedan sin efecto cuando no se renuevan los certificados de Defensa Civil. Y al quedar sin efecto las licencias de funcionamiento, entran a tallar las temidas multas y cierres de locales como tiendas, talleres, almacenes, fábricas, escuelas, cines, centros deportivos; incluso lugares de culto.

El problema es que una de las principales fuentes de ingreso de los municipios del país es – adivinen qué – las multas por estos incumplimientos. En ese sentido, los municipios de todo el país se han vuelto dependientes de dichos recursos. Entonces, se podría decir que, así como hay drogadicción en algunas personas, en asuntos municipales hay también “multadicción”.

El caso es que un procedimiento de Defensa Civil – en teoría, justificable y necesario para la protección de la ciudadanía, pero mal aplicado – se ha convertido en una de las principales causas de informalidad y corrupción, a nivel nacional.

Conversando al respecto con dos amigos empresarios del Emporio Comercial de Gamarra, son indignantes y recurrentes los testimonios de abusos, chantajes y maltratos de centenares de inspectores municipales que – amparados por las normas y procedimientos burocráticos relacionados con los certificados de ITSE – multan y hasta cierran locales comerciales sin ninguna justificación de fondo.

Por otro lado, hay funcionarios que – con su inacción – están traicionando al país en diversos ámbitos de la economía nacional. Quisiera referirme específicamente a ciertos funcionarios encargados de otorgar permisos y / o licencias ambientales en ministerios como los de Transportes y Comunicaciones, y Agricultura; por sólo mencionar dos casos.

Son incontables los proyectos de infraestructura vial y de desarrollo agropecuario – sobre todo en la Amazonía – que están paralizados o amenazados por falta de estos permisos; a pesar de haber cumplido con todos los requisitos establecidos por las normas ambientales vigentes.

Y todo por temor al ¿qué dirán? ¿Qué dirán las ONG´s ambientalistas?... que no tienen nada de ambientalistas, y sí mucho de chantajistas. ONG´s que no se inmutan ante la inmundicia de las calles y plazas de nuestros pueblos, pero mueven cielo y tierra para impedir la construcción de una carretera o la plantación de un campo de palma aceitera o cacao en la Selva.

Repito. Traición – en Derecho – es un delito cometido contra un deber público. En ese sentido, los inspectores abusivos y chantajistas de la Municipalidad de La Victoria en Gamarra son unos traidores. Y los funcionarios que – sin justificación alguna – no otorgan certificados ambientales para la construcción de carreteras o proyectos empresariales de desarrollo, también. Y mil etcéteras más.

Lo cierto es que por acción u omisión estamos llenos de traidores. Y a los traidores se les sanciona. ¡Qué esperan nuestras autoridades para sancionar como corresponde a los traidores del desarrollo del país! Lampadia

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