EDITORIAL DE LAMPADIA

El discurso del presidente Vizcarra en el Congreso tuvo algunos anuncios positivos, pero pecó de una falla fundamental: no se hizo cargo del hecho de que el país ha tenido uno de los peores resultados sanitarios y económicos en el mundo, no evaluó las razones de ello y por lo tanto no se enfocó en lo que se requiere hacer para remontar esos resultados.

No hubo planteamiento alguno acerca de cómo se mejoraría la estrategia sanitaria para contener un rebrote de la pandemia que puede terminar de arruinar la reapertura de la economía. Quizá no ve salida porque no concibe una alianza con el sector privado para llevar adelante con éxito, por ejemplo, una estrategia de identificación, aislamiento y abastecimiento de los contagiados y sus contactos, para cortar la cadena de contagio. O una estrategia conductual para infundir hábitos. O de distribución de alimentos para que la gente salga menos.

En lo económico-social anunció que por fin, después de más de tres meses, se terminará de repartir el primer bono universal, y luego, el próximo mes, se distribuirá uno segundo, algo que aliviará a las familias y de paso ayudará a reactivar el consumo, aunque no explicó si se hará con inclusión financiera (billeteras electrónicas).

Pero no mencionó los más de 3 millones de empleos formales que se han perdió solo en Lima, sin contar los empleos informales, ni qué se va a hacer para recuperarlos a la mayor velocidad posible. Esa es una tragedia con la que no ha empatizado. Entonces no habló de la necesidad de simplificar radicalmente las normas sectoriales, laborales y municipales para que los emprendimientos puedan volver a levantar vuelo y a contratar gente; es decir, una formalidad mucho más ligera e inclusiva.

Tampoco otorgó la prioridad máxima a las inversiones mineras, incluyendo Tía María, que por supuesto no fue mencionada. Sí destacó la cartera de proyectos por 57 mil millones de dólares, pero no puso el énfasis suficiente en la importancia estratégica de esas inversiones en este momento, más aún considerando que son las únicas que tienen mercado, financiamiento y productos con buen precio internacional. Tenía que explicar, persuadir.

Si hubiese evaluado los errores cometidos en lo sanitario y en lo económico, hubiese visto que la causa principal de los malos resultados ha estado en la ausencia de una alianza con el sector privado para llevar a cabo las estrategias, aprovechando la capacidad tecnológica, logística y de planeamiento de las empresas. Se esperaba entonces que ahora sí planteara dicha alianza, para reconducir con mayor eficiencia lo que viene. Pero, lejos de eso, repitió dos o tres acusaciones de malas prácticas anticompetitivas. ¡El gobierno puede prescindir del actor que maneja el 80% de la economía nacional!

El otro gran error cometido por el gobierno estos últimos meses, ha sido haber descuidado su relación con el Congreso, permitiendo una incontenible hemorragia populista. El Presidente no llamó la atención sobre la manera en que esos proyectos y leyes socavan el futuro del país y entorpecen la recuperación. Debió en todo caso demandar la elaboración de una agenda legislativa común, algo que por lo demás es un mandato contenido en el artículo 29 de la ley del Congreso. No lo hizo.

Sí planteo lo que llamó el “Pacto Perú”, convocando a todas las fuerzas políticas que van a participar en el proceso electoral. Cierto es que se requiere de un espacio en el que se pueda discutir y consensuar soluciones a problemas estructurales que vayan más allá de la coyuntura, precisamente para encauzar los impulsos populistas del Congreso, pero 5 grandes temas son demasiados y algunos innecesarios.

La pandemia ha puesto en evidencia dos grandes problemas: la precariedad de los servicios públicos de salud, y la informalidad. Concentrémonos en acordar soluciones para esos dos grandes temas. El segundo, la informalidad -o la reforma de la formalidad- ni siquiera figura entre los 5 temas. Y por lo menos dos de ellos son obvios y no necesitan acuerdo porque ya existe: lucha contra la pobreza y calidad educativa.

Necesitamos conversar sobre aquello sobre lo que no estamos de acuerdo, para salir del entrampamiento que nos agobia. Lampadia

Cayetana Aljovín
Presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería
Para Lampadia

Han transcurrido más de 120 días desde que la pandemia generada por el COVID-19 llegó al país y los resultados son conocidos por todos: por un lado, la ansiada meseta nunca llegó y nuestro sistema de salud sigue aún sin poder atender a los miles de peruanos enfermos por este virus, produciendo diariamente muertes que nos duelen a todos; y por otro, una  economía que algunos consideran decrecerá entre 10 y 15%.

Sin embargo, en esta columna no nos quedaremos en el diagnóstico. Superada finalmente la dicotomía absurda entre salud y economía, es momento que los principales sectores de la economía sigamos trabajando sin desmayo en lograr que la caída de la economía sea de un dígito y no dos. Ello, a fin de poder brindar los recursos necesarios para que el sector salud pueda hacer frente a las necesidades de los peruanos que lo requieren, pero además, para que no se sigan perdiendo más puestos de trabajo. Preservar el empleo debe ser una meta en la que todos debemos contribuir.

Por ello, desde el sector pesca planteamos una serie de medidas que permitirían lograr este doble objetivo.

En primer lugar, urge un shock de confianza que impulse la inversión privada. En ese sentido, la designación del Gabinete Cateriano parecería brindar la tranquilidad que se respetará por lo menos los requisitos mínimos para promover la inversión: estabilidad, predictibilidad y seguridad jurídica.

Pero ello no es suficiente. Para hacer competitiva la industria pesquera y así preservar los más de 112, 000 empleos que ésta genera, a los cuales se deben sumar los empleos indirectos que según el Instituto Peruano de Economía se debe multiplicar por 3; resulta necesario eliminar los sobrecostos en la actividad pesquera, los cuales en los últimos años se incrementaron en casi un 400%. Para ello, debería empezarse por la reducción del costo del programa de control y vigilancia, el cual pasó de costar US$ 1 dólar por TM descargada cuando se instauró a US$ 4.2 dólares por TM descargada en el 2020.  Ello, se lograría si se realizase un plan de automatización, empleando la tecnología disponible, con lo que podría reducirse el costo del mismo en casi un 30%.

Asimismo, resulta necesario dictar políticas que permitan volver a capturar la anchoveta en el sur en lugar de que esta sea captada por el vecino país del Sur. Para darnos una idea, en el año 2019 mientras que Perú capturó 209 mil toneladas métricas (TM), Chile pescó 553 mil TM, cuando hacía 10 años atrás las capturas peruanas superaban de forma importante las del país sureño. Ello permitiría que regrese la inversión al sur y se genere más de 6,000 puestos de trabajo, que son los que se perdieron por la variación del régimen del Sur.

Pero la agenda pesquera no se limita a la anchoveta. Perú podría ser también muy competitivo en jurel, caballa y atún.

Así, en el caso del jurel, es importante anotar que esta especie ha regresado a nuestro mar y tenemos que hacer los esfuerzos para asegurar su sostenibilidad, pero también acceder a este recurso cuando las condiciones están dadas, como sucede en la actualidad. En tal sentido, es necesario que se amplíe la cuota de jurel este año. Con ello, se podría contribuir a elevar las cifras de exportaciones y la de las divisas que ésta pesquería genera, así como dotar a las mesas peruanas de un recurso altamente nutritivo y de precio accesible.

De otro lado, si tuviésemos la capacidad de dejar atrás dogmas que no conducen a nada, se podría impulsar la industria atunera nacional, estableciendo un sistema de reintegro del ISC al combustible que utilizan los barcos, a fin de ser competitivos frente a la flota atunera ecuatoriana, que paga tres veces menos por el combustible que consume. Ello, además en un contexto donde los costos de operación de la industria conservera se han incrementado en un 25%, como producto de la pandemia. De darse esta modificación podríamos generar más de 70,000 empleos en la zona norte del Perú en los próximos años y exportar más de 1 millón de conservas, generando importantes divisas para el país; y promoviendo el consumo de atún peruano en lugar de importar atún tailandés para los programas sociales como Qali Warma.

Finalmente, tenemos un potencial enorme en la Acuicultura. Es momento de promover esa industria en lugar de seguir obstaculizándola con trámites innecesarios que impiden su desarrollo.
Arranquemos de una vez. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 17 de julio de 2020
Para Lampadia

“Los informales no le han fallado al Estado. El Estado le ha fallado a los informales.” La expresión entre comillas proviene de dos jóvenes arequipeños, a quienes no conozco personalmente. Sin embargo, qué grato y aleccionador resultó conversar con ellos por teléfono, a raíz de mis artículos de opinión – y videos – que suelo propalar a través de Lampadia y / o mis redes sociales.

Bueno pues – como millones de peruanos – estos jóvenes mistianos están muy preocupados por el tema de la informalidad en nuestro país. Es que los paganos de la informalidad son ellos… los jóvenes. Efectivamente, son los jóvenes quienes enfrentan las mayores dificultades para conseguir empleos formales en el sector de las micro y pequeñas empresas. Incluso, ¿qué difícil les resulta formar sus propias empresas?

Ya lo hemos comentado en otras oportunidades. La maraña de trámites y permisos absurdos requeridos para formar una pequeña empresa, las rigideces y altos costos de la legislación laboral, el 18% de Impuesto General a las Ventas (IGV), las elevadas tasas de interés para los microcréditos, y – en general – la falta de soporte educativo práctico en gestión de pequeñas empresas, son – todos – impedimentos y trabas para para la formalización del empleo y el emprendimiento en nuestro país.

También hemos comentado – repetidamente – acerca de la propuesta de Lampadia de disponer de una fracción del IGV como aporte individual de capitalización de pensiones de los respectivos compradores (consumidores). La verdad, nunca había escuchado acerca de una mejor medida para “formalizar a los informales”. Algo así como matar varios pájaros de un tiro: universalizar las pensiones, reducir el IGV, fiscalizar a las empresas, ampliar la base tributaria… ¡qué gran idea!

Ahora bien, todo lo anterior requiere – de antemano – de voluntad política al más alto nivel. Es decir, del Número 1. Y – en segundo lugar – la propuesta de “formalizar a los informales” requiere de un cambio de actitud radical de las autoridades ministeriales y municipales – incluso, de las autoridades policiales y judiciales – de todo el país. Y ¡esa es la gran duda!

¿Acaso los inspectores municipales, policiales y judiciales no viven malamente – y abusivamente – del chantaje sistemático y permanente a los informales? ¿Acaso los ministros – y sobre todo, los alcaldes y sus regidores – están dispuestos a simplificar o eliminar papeleos y trámites burocráticos? O más relevante aún ¿acaso están dispuestos a digitalizar toda la tramitología empresarial y laboral en sus jurisdicciones?

¿Cómo – y a quién – van a chantajear si se simplifican y digitalizan todos los trámites y permisos? ¿De dónde sacarán la marmaja si se eliminan las colas, y los papeleos, y las firmas, y los sellos, y – por ende – las coimas?

Por eso decía que para “formalizar a los informales” se requiere de la voluntad política… al más alto nivel. ¿Está el Presidente de la República dispuesto a comprarse el pleito de la verdadera lucha contra la corrupción en el Estado? Porque – como también hemos comentado repetidamente en este medio – la gran corrupción en el Estado peruano está ahí abajo… en lo que hemos denominado la costra del quinto nivel. No sólo en los peces gordos. Entonces repito ¿está el Presidente dispuesto a quitarle las gollerías a las autoridades ministeriales, municipales, policiales, y judiciales? ¡Esa es la gran duda!

Tienen – pues – razón los jóvenes peruanos de preocuparse por la informalidad generalizada en nuestro país. Son ellos los paganos… los que sufren las consecuencias de la informalidad. Son ellos los maltratados y chantajeados por nuestras autoridades.

Por ello, hago mía – y agradezco – la expresión de los jóvenes arequipeños: “Los informales no le han fallado al Estado. El Estado le ha fallado a los informales.”  Incluso agregaría… “y le siguen fallando”. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

Para todos los que hemos advertido el fracaso del gobierno en el manejo de la pandemia y la economía, la salida de Vicente Zeballos ya es de por sí una buena noticia, porque era obvio que haciendo lo mismo y con los mismos actores no se iban a conseguir mejores resultados. Sin embargo, este cambio no sólo trae luces, sino también sombras, a partir de las cuales podemos ver que le espera al país.

LUCES

• Implica que Vizcarra reconoce tácitamente que lo hecho no está bien y abre la posibilidad de un cambio y tal vez una mejora en la conducción gubernamental.  Reconocerlo expresamente implicaría asumir la tremenda cuota de responsabilidad que le corresponde, lo cual es mucho pedir.
• Ha salido del gobierno el “elenco rojo” del gabinete que antes de la crisis sanitaria ya había trabado la minería, la inversión, el empleo y que durante ella, en lugar de comprar pruebas surcoreanas nos trajo seudo médicos cubanos para pagar favores políticos, infiltró de ideología de género las cuarentenas ocasionando más contagios, destruyó las micro y pequeñas empresas con prohibiciones generalizadas y protocolos impagables, en lugar de fomentar el empleo llevó a la quiebra a empresas para congraciar a sindicatos y convirtió al ataque a las empresas en su cortina de humo para ocultar una gestión deficiente.
• Ha salido de la conducción política del país el señor Vicente Zeballos, cómplice en la destrucción institucional, incondicional de Vizcarra en la confrontación y parte del elenco de la felonía política más grande de la historia reciente, que tomó el poder por la derecha y luego cruzó el gobierno hacia la izquierda, entregando el poder al marxismo solapado, “políticamente correcto” por el cual el Perú no había votado.
• Pedro Cateriano no ha llegado solo al gobierno. Podría ser una señal de independencia y de que su aceptación impuso algunas condiciones previas.
• El nuevo Premier no tiene agenda electoral específica, por lo menos no es pública. Podría gobernar sin estar condicionado por los resultados electorales del 2021.

SOMBRAS

• Pedro Cateriano si bien es un hombre del entorno de Mario Vargas Llosa, que nos llevaría a pensar que es de ideas liberales, ha sido también un hombre de confianza de la pareja Humala – Heredia, cuya Luz Verde acataba de manera indisimulada. El temor a que sea uno más del elenco estable del grupo de los “políticamente correctos” que se reciclan de un sector a otro del Estado desde el gobierno de Toledo es fundado. También el temor de que sea el eslabón que termine de evidenciar la conexión de Vizcarra con los Humala.
• Pedro Cateriano tiene enconos personales contra el aprismo y el fujimorismo. Inicio su corta vida parlamentaria en esas batallas y dejó de ser congresista por culpa de Fujimori. Si convierte estos enconos en el eje de su labor gubernamental, sólo nos espera más confrontación, contienda y ruido mediático, ese que le gusta al señor Vizcarra. ¿Tal vez esa sea la razón por la cual lo eligió? Si fracasa entonces, ¿vendrán Fernando Olivera o José Domingo Pérez, maestros en el circo y la confrontación?
• El “elenco rojo” en el gabinete mantenía quieta la calle. La protesta, la movilización, la toma de carreteras y todos los demás mecanismos de extorsión política no eran imprescindibles ya que muchos “camaradas” estaban minando el Estado desde dentro, no hacía falta tirarle piedras desde fuera. Ahora que la cuota roja ha disminuido, que muchos de ellos han salido, los tendremos en la calle, protestando por lo que ellos mismos ocasionaron. Siempre ha sido así, el problema es que pocos lo advierten, entre ellos Vizcarra que les abrió la puerta.
• Vizcarra ha mantenido en el gabinete una parte de su elenco estable de incondicionales, cuya obsecuencia podría hacer naufragar cualquier intento reformista de Cateriano. Más aún, ha anunciado que Zeballos “no se desvinculará del Gobierno hasta el último día de mi mandato”. ¿Será que Cateriano está en la mente del presidente sólo como una figura ornamental para despistar a los adversarios y el entorno moqueguano seguirá gobernando como le place?

Dependerá de Pedro Cateriano el destino que le espere.

Cateriano puede asumir la responsabilidad recibida en toda su dimensión, ejercer el premierato con independencia, convocar a los mejores, concertar con el Congreso y no competir con aquel en populismo, actuar por el bien del país y no en pro de la imagen política de Vizcarra.  Puede llevar a cabo una iniciativa en favor de la Inversión y el empleo de grandes dimensiones y hacer que los peruanos asumamos nuestro rol en la lucha contra la pandemia y la miseria. Puede ser independiente de Vizcarra, reconvenirlo si es necesario y dejar el cargo si no le permiten actuar, brillando con luz propia.

Cateriano también puede ser lo que muchos creen que será. El hombre de la Luz Verde. El “políticamente correcto” que se pone a la sombra del presidente y sólo secunda las vacuas batallas contra la corrupción y la reforma política que da mucho rating en encuestas financiadas por el propio gobierno y retirarse del mismo esperando que la imagen de Vizcarra le sirva para obtener una curul o un nuevo ministerio, más adelante.

Cateriano puede escoger entonces su camino y como todos, escribir su propio epitafio político. Puede pasar de la Luz Verde a la Luz Propia. Ojalá que lo haga, por el bien del país. Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos el siguiente video sobre flexibilizar para generar empleo y reactivar.

Participan Susana Saldaña, presidenta de la Coordinadora de empresas de Gamarra y German Lora, abogado laboralista, con Fernando Cillóniz y Jaime de Althaus.

Las opiniones vertidas en este programa no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

La pandemia ha desempleado a 400 millones de personas a nivel mundial y ha disparado a 41 millones el número de desempleados en América Latina, según cifras conservadoras de la OIT de esta semana. En el Perú, se calcula que sólo en Lima se han perdido 2.3 millones de empleos a raíz de esta crisis. A nivel nacional, considerando la informalidad de nuestra economía y a los 800,000 venezolanos invisibles en las estadísticas oficiales, la cifra de personas desempleadas es sin duda mucho mayor. Basta ver nuestras calles…

Los que hemos sido críticos de las medidas del gobierno frente a la pandemia advertimos que estas iban a originar una grave crisis económica en el país, desempleo y quiebras, el incremento de la pobreza y que la cura sería peor que la enfermedad. Lamentablemente, no fuimos oídos.

Ahora que la OIT, que no puede ser acusada de “neoliberal” o “aprofujimorista”, señala que la “ola de desempleo” y “la cifra más alta de desocupación” ha sido causada por “las restricciones al comercio, a la vida laboral y el turismo para frenar el Covid 19” espero que se entienda la necesidad de cambiar el rumbo de las medidas económicas que han restringido la actividad productiva, incrementado los controles y regulaciones, castigado a las empresas de todo tamaño y a causa de ello, generado estos millones de desempleados y condenado a la pobreza a millones de peruanos.

¿Qué hacer ante la crisis? ¿caridad o empleo?

Para unos, dentro de los cuales está el gobierno, el aparato estatal nacional, la burocracia mundial y por supuesto el pensamiento intervencionista de izquierda que los alienta, la solución son bonos, subsidios, canastas familiares, todo lo cual no es otra cosa que caridad. Le pueden poner otro nombre políticamente correcto, pero es eso. Sin embargo, cuando la caridad no es filantropía privada basada en la libertad y la solidaridad que deriva de ella (tan necesaria en esta época) es simplemente asistencialismo, clientelismo que no saca a las personas de la pobreza. Esta es la receta de la izquierda, ya se probó en épocas de normalidad y fracasó. En épocas de crisis no será la excepción. Esta receta descuida lo elemental, “sin vacas que ordeñar, no hay leche que repartir”.

Para otros, entre los que me cuento, la filantropía es una expresión de la libertad y es imprescindible en tiempos de crisis como estos, pero es una medida temporal y no puede ser el eje de la política pública. Por esta misma razón, los bonos, subsidios y canastas deben ser temporales y debemos ir a la solución real del problema: tener inversión privada y generar empleo.

En la primera receta, el gobierno te da, tú le debes y le tienes que agradecer, normalmente con votos. Te da leche porque hay vacas.  Pero cuando no exista qué darte, se lo quitará a otros para darte. Cuando eso tampoco exista, habrás llegado a la meta: el paraíso socialista donde no hay pan, ni hay libertad. “Sin vacas que ordeñar, no hay leche que repartir”

En la segunda receta no le debes nada al gobierno. Te lo debes a ti mismo, a tu esfuerzo, a tu talento y a tu trabajo. El papel del gobierno no consiste en matar a las vacas para repartir su carne, sino dejar que haya muchas vacas y que haya mucha leche para repartir.  No tienes a quien agradecer, serás tú el dueño de tu futuro, por el cual no tienes que pagar ni con votos, ni con aplausos, ni con tweets ni con posts.

El Perú, debido a que la cura ha sido peor que la enfermedad, está en una hora crucial, en el momento en el cual tiene que optar entre la caridad pública o el empleo.

La hoja de ruta del gobierno, del Congreso y del establishment que nos gobierna ya está clara. Irán por la caridad y por los votos. Seguirán matando las vacas para repartir la carne, aunque ya no haya leche en el futuro. Lo harán cada día, con normas, reglamentos y leyes, en una competencia infame que la historia nacional nunca vio. Pedirles a ellos que creen una Vía Rápida, una iniciativa nacional para la inversión y el empleo es como pedirle peras al manzano. Ellos van por los votos y en el corto plazo se consiguen con bonos, subsidios, controles y show contra las empresas, sobre todo contra las más visibles y las más grandes.

El Perú tiene otra ruta en mente. La ruta del peruano que salió a trabajar en medio de la cuarentena arriesgándose para llevar el pan a sus hijos no es la del gobierno y sus aliados. Ese peruano quiere oportunidad y empleo.  La ruta del emprendedor que quería reconvertir su pollería en delivery y que no pudo hacerlo porque los municipales se lo impidieron, no es la del gobierno. La ruta del transportista que tenía que llevar sus productos desde la sierra hasta los mercados y tuvo que pagar cupos a policías y burócratas corruptos en la cuarentena, no es la del gobierno. La ruta que está en la mente del emprendedor que antes atendía turistas y que hoy desea vender productos orgánicos, pero no puede hacerlo porque tiene que cumplir con costosos protocolos, manuales y licencias, no es la del gobierno. La ruta del desempleado tampoco es la del gobierno, el no busca caridad, busca oportunidad y empleo, que sólo existe si hay inversión.

Una Iniciativa Nacional por la Inversión Privada  y el Empleo es lo que requiere el Perú devastado por la pandemia y el experimento socialista de Vizcarra y sus aliados para controlarla.

• Una Iniciativa donde invertir, arriesgar tu capital, tomar riesgo, crear empleo y generar oportunidades sea visto como un acto de patriotismo y no con desconfianza.
• Una Iniciativa donde el pequeño capital del emprendedor no se diluya en licencias, protocolos, trámites, coimas y sobre costos laborales, sino en puestos de trabajo.
• Una Iniciativa donde el mediano capital no sea devorado por tasas, tributos, contribuciones y aranceles antes de generar oportunidades.
• Una Iniciativa donde el gran capital pueda ser atraído para generar divisas, puestos de trabajo, transferencia tecnológica y tributos y no para atender las exigencias del chantaje social y ambiental patrocinado desde el Estado.
• Una Iniciativa donde nuestros empresarios y emprendedores, desde los más pequeños hasta los más grandes, no sean convertidos por la agenda política de los gobernantes en los enemigos del Perú.

Nada indica que una Iniciativa como esta sea atendida por los actuales gobernantes. Habrá que esperar al 2021 para ver quien levanta esta bandera y nos ofrece luz, al final de este túnel. Lampadia

Gonzalo Prialé
Presidente de IIG
Para Lampadia

Hay varios mantras que llenan el ambiente en torno a la pandemia y los resultados alcanzados por el gobierno hasta el momento en salud y en economía.

El más repetido por tirios y troyanos es el que entona que tenemos que ver el vaso medio lleno y ser “propositivos”.  Pero los contagios se producen porque hay un virus en el ambiente, y la economía está semiparalizada por las trabas del gobierno para que el sector formal reanude sus actividades, no porque pecamos de pesimistas.

Ver el vaso medio lleno o medio vacío no cambia la realidad ni el estado de las cosas. Los problemas deben enfrentarse con realismo y pragmatismo a partir de los hechos y corrigiendo los errores, dejando de lado la carga ideológica estatista del gobierno.

Una pandemia inesperada de tamaña magnitud requiere adoptar medidas nunca antes vistas y utilizar el criterio de ensayo y error. No hay nada de malo en hacerlo. El problema surge cuando los errores se presentan una y otra vez, no se reconocen, y se cae en un círculo vicioso de errores sucesivos.

Un segundo mantra, es culpar al Estado incompetente, en abandono por décadas, e incapaz de implementar medidas o comprar insumos a tiempo y sin corrupción, de todo lo que no se está logrando o sale mal durante el combate a la pandemia, tanto en salud como en economía. Este mantra no lo repite la gente, sino el presidente y sus ministros.

¿Pero quién es el Estado?  En el tema de la gestión pública el Estado viene a ser un ente inasible, abstracto. Durante la cuarentena se ha impuesto una nueva teoría de la gestión pública donde los únicos responsables de lo que sale mal son unos funcionarios sin rostro, mejor conocidos como “el Estado”. Los miembros del Ejecutivo dicen que no hay forma de lograr que el Estado ande, y no responden por la falta de resultados, sencillamente culpan de todo al inservible Estado.

En abril la economía decreció 40% y solo en Lima más de 2.3 millones de personas se han quedado sin empleo. Esto es brutal, y si no se corrige la política de reactivación de la economía puede llegar a ponerse peor.

Tras conocerse las cifras de abril, el gobierno anunció medidas que repiten el error de entregar recursos a los gobiernos locales y regionales para que, en esta ocasión, implementen el programa Arranca Perú con 6,400 millones de soles, para generar empleo temporal masivo en pequeñas obras de mantenimiento de vías y otras. Los gobiernos locales fracasaron rotundamente en las pequeñas obras de la Reconstrucción con Cambios (RCC) y en algo tan sencillo como la distribución de canastas de víveres a los más pobres. No se puede racionalmente esperar mejores resultados ahora.

Por razones mayormente ideológicas, el gobierno apuesta por reactivar pequeñas obras públicas, que el Estado del que tanto hablan no logró ejecutar a tiempo y sin corrupción en años anteriores y durante el presente gobierno. ¿Si antes no se pudo, porqué ahora sí se podría en medio de tamaña crisis y con el mismo Estado de siempre?

Se firmará un convenio de gobierno a gobierno para un paquete de obras de la RCC en el Norte, con participación de los gobiernos locales y regionales, y empresas medianas de la zona. No es lo mismo hacer escenarios deportivos e instalaciones en Lima Metropolitana para unos juegos deportivos, que enfrentar la debilidad institucional y la tramitología del Estado a nivel subnacional.   Ojalá que la RCC empiece a funcionar ahora, pero no será tan sencillo.

Las grandes APP, entretanto, enfrentan una carrera de obstáculos y se chocan con protocolos exigentes y costosos, que el gobierno (no el Estado) no quiere reconocer. Y así como al sector formal se le exige que tramite una serie de permisos creados, y que siga pagando planillas, aunque no venda un centavo, a los concesionarios de las APP se les quiere obligar a que asuman los costos de reanudar las obras con protocolos de distanciamiento social y control de contagios.

La pandemia va a pasar tarde o temprano porque adquiriremos la inmunidad de rebaño, y aparecerá la vacuna o el tratamiento. Pero la economía está en peligro mortal y el país sin futuro. Es urgentísimo cambiar el libreto del encierro interminable y la reactivación económica en cámara lenta plagada de obstáculos al sector formal.

Hay que abrirle paso a la inversión privada, dejar de martirizar al sector formal, simplificar trámites y reanudar todas las actividades de una vez. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

La crisis económica generada por las medidas adoptadas por el gobierno a raíz de la pandemia ha paralizado sectores enteros de la economía, muchas actividades y por supuesto, miles de empresas de todo tamaño. Para combatir el virus y sin haberlo logrado de manera efectiva, el Estado ha cerrado desde aeropuertos, terminales terrestres, centros comerciales, cines, hoteles, restaurantes, ferreterías y toda la actividad económica. Como lógica consecuencia de todo ello, las empresas se han quedado sin ingresos y sin posibilidad de pagar sus obligaciones contractuales, bancarias, tributarias y sobre todo las obligaciones con sus trabajadores desde el 16 de marzo.

Sin ventas, ingresos y actividades, las empresas no pueden pagar remuneraciones, comisiones o beneficios sociales. Mucho menos las empresas chicas que viven al día y que cuentan con poco capital.

Para estos escenarios fortuitos y de fuerza mayor, la ley laboral tenía previstas salidas desde 1991: las suspensiones laborales perfectas y los ceses colectivos por causas objetivas. Estos mecanismos permiten que la empresa suspenda a sus trabajadores cuando la crisis es temporal o que los cese cuando es más severa, todo ello con el fin de sobrevivir y preservar el empleo de aquellos trabajadores no comprendidos en esas medidas y sobre todo, para mantener la fuente de trabajo, ya que sin empresa no hay puesto de trabajo ni para los que se van, ni para los que se quedan. No hay empleo para nadie.

Este gobierno, con su ya conocida fatal arrogancia planificadora, decidió que ese no era el camino e inventó, entre marchas y contramarchas, otros caminos que contentaran al mismo tiempo a las encuestas, a las redes sociales y el rating presidencial, pero que tuvieran también la impresión de ser una válvula de escape para miles de empresas arrinconadas al borde de la insolvencia o la quiebra: creo la Suspensión Laboral Perfecta del D.U. 038-2020.

Tenía la apariencia de ser la válvula de escape esperada, sin embargo, con la firma de la misma Ministra de Trabajo, el gobierno la despintó tan sólo 7 días después, mediante el D.S. 011-2020-TR, llenándola de condiciones, ratios, exigencias previas y trámites que no sólo la dificultaron, sino la han convertido en una verdadera trampa. Una trampa en la cual muchos ingresaron creyendo que podían salvarse de la crisis y salvar el empleo futuro de sus trabajadores y de la cual, muchas empresas no van a salir.

Veamos lo que está sucediendo:

• Según datos publicados por el Diario Gestión a inicios de junio, de 28,178 solicitudes de suspensión perfecta de labores, sólo se habían resuelto 2,320, es decir el 8.23% y de estas, sólo se habían aprobado 320, vale decir el 1.1% de las solicitudes presentadas.
• De mantenerse esta tendencia, si el Ministerio de Trabajo pudiera revisar todas las solicitudes, sólo aprobaría alrededor de 3,888 de estas solicitudes, vale decir el 13.83% de ellas. Más de 24,000 empresas verían denegados sus pedidos y tendrían que pagar planillas sin ingresos para ello. Recordemos que ya se pagaron planillas sin ingresos en marzo y abril, antes de que se emita el Decreto de Urgencia 038-2020.
• Confirmando esta tendencia, no es casual que la Ministra de Trabajo Sylvia Cáceres Pizarro, haya anunciado en RPP, un medio afín al gobierno, que el 70% de las solicitudes “no cumplen con los requisitos”, requisitos que ella misma se encargó de complicar, ampliar y dificultar.
• Sólo se salvarían de esta trampa aquellas empresas cuyas solicitudes no pueda revisar la autoridad de trabajo, para las cuales regiría el silencio administrativo positivo.

Consultados algunos abogados expertos en materia laboral, coinciden en señalar que las razones de la desestimación son por decir lo menos “baladíes y arbitrarias”. Para el abogado Christian Gallegos, especialista en estos temas, el Ministerio está utilizando “argumentos no previstos en la norma como supuestos de improcedencia”. Para el reconocido laboralista Ricardo Herrera Vásquez, “se trata de una doble trampa, primero a los empresarios y luego a los trabajadores, ya que la posición del Ministerio, a la larga, afectará el empleo mismo al desaparecer las fuentes de trabajo”.

• ¿Será que el gobierno y el Ministerio de Trabajo no entienden que la mejor forma de proteger el empleo es manteniendo vivas a las empresas?
• ¿Tiene algún sentido lógico obligar a empresas sin ingresos a pagar planillas en forma indefinida?
• ¿Sabrá el gobierno que la insolvencia y la quiebra son el peor escenario de los trabajadores y del empleo en el Perú?

La posición del Ministerio de Trabajo puede contentar uno, dos o tres meses a las organizaciones sindicales o a un grupo ya de por si reducido de trabajadores formales a quienes se podrá pagar sin trabajar, pero traerá como inevitable consecuencia la insolvencia y la quiebra de empresas a las cuales ni los fondos de reactivación que se limitan por ahora a un mes de ingresos promedio ni la burocrática reapertura de las actividades por “fases” podrá salvar.

A este gobierno no se le puede pedir que tenga la visión de pensar en el país a mediano y largo plazo, que vea el bosque y no sólo el árbol que da frutos en encuestas y aplausos efímeros. Eso está fuera de sus posibilidades. Sin embargo, si le podemos exigir que no cree trampas perfectas contra nuestras empresas y el empleo de todos los peruanos.

¿El Congreso entenderá que sin empresas no hay empleo? Ojalá haga su tarea y no viva en eterna deuda con el gobierno que le dio origen, bendiciendo gestiones como esta que tanto daño le hacen al país. Lampadia

A pesar de contar con los mejores índices mundiales en cuanto a personal médico y gasto en salud como porcentaje del PBI, Cuba probablemente sea de los países de la región que serán más golpeados por la crisis del covid 19. No solo porque muestra una alta exposición externa por el peso preponderante que tiene el sector turismo – y arraigados – en su economía, sino por el poco dinamismo que esta muestra por las asfixiantes restricciones a  la libertad económica que ya tienen larga data en este país.

Este es el principal mensaje que deja un reciente artículo publicado por The Economist, que compartimos líneas abajo, del cual se pueden extraer una valiosa moraleja a partir de su lectura: De nada sirve que pueda abordarse acertadamente la presente pandemia únicamente desde el plano de la salud pública, sin paliar los estragos económicos de mediano y largo plazo que generará en los hogares más vulnerables producto de  las largas cuarentenas y los choques negativos de demanda externa.

Así, aun cuando Cuba pudiese contener los casos de contagio y lograse atender a la gran mayoría de los infectados – un escenario aún por comprobarse – su insuficiente capacidad económica para generar empleo y divisas tras la pandemia hará que prevalezca, sino aumente, la pobreza y la indigencia entre sus ciudadanos. Y como todos sabemos, la hambruna producto de la pobreza, es tanto o más letal en mortalidad que cualquier otra enfermedad existente.

Este es el costo que pagarán tarde o temprano todas las economías cuyas libertades económicas son reprimidas como Venezuela, Corea del Norte o Zimbabue, por mencionar algunas. En ese sentido, debiera ser imperativo que Cuba evalúe su repertura al mercado si es que quiere hacer más llevadera su situación en los próximos meses. Las posibilidades para que se concrete este escenario, sin embargo, son muy remotas, dado el recrudecimiento de las relaciones políticas entre Cuba y EEUU, desde que Trump tomó el poder en la Casa Blanca. Como concluye finalmente The Economist “Es probable que el coronavirus [elimine este proceso] por completo de la agenda”. Lampadia

Cuba al límite

Está mejor ubicado para abordar el covid-19 que para hacer frente a su impacto económico

The Economist
25 de abril, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

Es el sueño de todo exiliado morir en el país de origen, pero no en las circunstancias de Víctor Batista Falla. Miembro de una familia bancaria adinerada, abandonó su Cuba natal en 1960 cuando la revolución de Fidel Castro se movió hacia el comunismo. Dedicó su vida a publicar el trabajo de escritores y pensadores exiliados, especialmente de persuasiones socialdemócratas y liberales. El mes pasado visitó Cuba por primera vez en 60 años. El 12 de abril murió, a los 87 años, en un hospital de La Habana, de covid-19. Probablemente lo había traído con él desde Madrid, donde había vivido durante décadas.

Desde la década de 1990, Cuba ha estado abierta al turismo de masas y visitas familiares. No es sorprendente que sea vulnerable al covid-19, como el resto de América Latina y el Caribe. Hasta el 23 de abril había reportado 1,189 casos y 40 muertes. En proporción a su población, eso es similar a la carga de trabajo de Argentina.

Aun cuando no ha ofrecido a los cubanos prosperidad o libertad, el comunismo les ha proporcionado buena salud. Durante décadas, el régimen ha sobreproducido a los médicos y ha gastado más que el promedio regional en atención médica como parte del PBI. Eso también ha valido la pena de otra manera. Enviar profesionales de la salud al extranjero genera el 46% de los ingresos de exportación de la isla, sin mencionar el prestigio diplomático. (El estado, para el que todos trabajan, mantiene la mayor parte de sus salarios extranjeros).

Una fortaleza cubana particular es la capacidad del sistema de salud, característica de una dictadura, para movilizar a la población para la acción de salud pública. El gobierno se preparó para el virus ya en enero. Cuando se informaron casos del 11 de marzo, fue rápido aislar a los pacientes y rastrear y probar sus contactos. El 20 de marzo, con solo 21 casos confirmados, prohibió todas las llegadas de turistas, confinó a grupos vulnerables, cerró instalaciones educativas y suspendió el transporte público interprovincial.

Sin embargo, ni la atención médica ni la economía eran lo que eran cuando Cuba disfrutaba de lujosos subsidios de la Unión Soviética. El sistema de salud ha sufrido recortes de gastos, la pérdida de médicos que ya no practican debido a los bajos salarios oficiales y la escasez de suministros. La sequía y la infraestructura deficiente han llevado a la escasez de agua. Hay otro factor de riesgo: casi el 20% de los cubanos tiene más de 60 años, más que en cualquier otro lugar de América Latina.

Entonces el covid-19 plantea una prueba severa, tal como lo hace en otras partes de América Latina. Viene cuando la economía de Cuba ya estaba bajo una gran tensión. Cuba no se reformó incluso cuando EEUU, bajo Donald Trump, ha intensificado las sanciones y Venezuela, el aliado de Cuba, ha reducido el petróleo subsidiado.

Estas presiones han exacerbado la incapacidad crónica de la economía dominada por el estado para generar divisas. El cierre de la industria turística lo empeora aún más. The Economist Intelligence Unit, nuestra compañía hermana, estima que las importaciones caerán a US$ 9,100 millones este año, desde US$ 11,700 millones en 2015.

Cerrar las fronteras ha puesto fin a las importaciones de alimentos en el mercado negro, mientras que las restricciones en el transporte han reducido las entregas nacionales a La Habana, la capital. El gobierno carece de suministros suficientes para agregar artículos al libro de raciones del estado que reciben todos los cubanos. Hay largas colas fuera de los supermercados estatales escasamente abastecidos. Miguel Díaz-Canel, quien reemplazó al hermano de Fidel, Raúl, como presidente de Cuba hace dos años, admitió este mes que el distanciamiento social ha sido difícil de imponer y se quejó de la “indisciplina e irresponsabilidad” de algunos cubanos.

Peor puede estar en la tienda. En la mente de los cubanos está el miedo a otro “período especial”, como lo llamó Fidel Castro, cuando la economía se redujo en un 35% a principios de la década de 1990 con el fin de la ayuda soviética. Eso vino con cortes de energía generalizados y otra escasez. Pavel Vidal, economista cubano de la Universidad Javeriana en Cali, Colombia, estima que el PBI podría caer alrededor de un 10% este año. Aunque la caída de los precios mundiales del petróleo ayudará, Cuba aún necesitará envíos desde Venezuela. “De eso depende si hay cortes de energía o no y otro período especial”, dice.

La administración Trump, en la que los cubanoamericanos juegan un papel importante, cuenta con una presión cada vez mayor para provocar el colapso del comunismo. Eso es improbable. En su solidez isleña, con su mezcla de coerción y paternalismo, el régimen creado por Fidel ha sobrevivido no solo a él sino a la resistencia de por vida de personas como Batista. El resultado inmediato de la revocación de Trump de la apertura de Barack Obama hacia Cuba fue detener un proceso cauteloso de reforma del mercado. Es probable que el coronavirus lo elimine por completo de la agenda. Lampadia

Jaime A. García Díaz
Investigador Asociado del IDEI-PUCP
Para Lampadia

La recesión económica en la que ya estamos inmersos tendrá un tremendo impacto en las empresas y las familias. La fuerte reducción del empleo no tendrá un período de recuperación rápido y los efectos trascenderán el 2020.

El mecanismo más potente que ha diseñado el Gobierno es Reactiva Perú – RP. Se trata de un mecanismo financiero que busca asegurar la continuidad de la cadena de pagos de la economía nacional, de la mano con preservar la actividad económica, financiera y los empleos.

Por ello, de manera extraordinaria el Estado Peruano garantizará los créditos que se otorguen a las empresas (micro, pequeñas, medianas y grandes) para que puedan sobrellevar la situación recesiva en la que hemos caído.

El beneficio de Reactiva Perú, desde el punto de vista financiero es doble, por un lado, asegurar el flujo de liquidez a las empresas, por otro tener un costo financiero reducido. Pero, sobre todo, y eso parece que no está muy difundido, es para evitar un colapso del Sistema Financiero, es decir es un salvataje a las propias Empresas del Sistema Financiero – ESF.

Por ello, la tasa de interés es muy importante porque eso impactará en los costos y resultados de las Empresas – E, en la medida en que la tasa de interés sea mayor los objetivos del programa Reactiva Perú se van desvaneciendo.

Para determinar la tasa de interés anual que cobrarán las ESF para el Programa Reactiva Perú se consideran los siguientes cinco componentes:

Teniendo en cuenta esos criterios, se viene especulando acerca de la tasa de interés que deben de cobrar las ESF. Sin duda que la tasa de interés no está regulada, pero eso no quiere decir tampoco que pueda haber un abuso y determinar tasas muy altas que solo busquen beneficiar a las ESF en perjuicio de las Empresas.

Hay dos datos de fórmula que ya vienen dados, el fondeo del BCRP que actualmente está en 0.25% al año, y la Comisión de COFIDE de 0.50%, es decir hasta aquí ya hay un costo de 0.75% al año. 

Vayamos ahora al final de la fórmula, considerando que estos créditos tienen garantía del Estado peruano, los incobrables y las provisiones tienen un riesgo máximo del Límite de la Garantía del Programa, es decir dependiendo del monto, el riesgo puede ser 2%, 5%, 10% y 20%. 

Una propuesta para eliminar este único riesgo que tiene el Programa Reactiva Perú, con el fin de disminuir los costos de los intereses que están proyectado las ESF es “colateralizar” con los propios recursos del crédito otorgado, con depósitos en efectivo por los montos que no son cubiertos por las garantías, es decir depósitos de 2%, 5%, 10% y 20%.  [Una suerte de encaje]. Además, estos depósitos recibirían las tasas de interés que los bancos pagan por depósitos (entre 2% y 4% anual).  Esto tiene un efecto en el costo financiero que se explicará más adelante. Es decir, estoy pagando tasas de interés por el 100% pero solo recibo 98%, 95%, 90% y 80% respectivamente.

Por lo tanto, lo único que queda por definir es cuál es el margen que está dispuesto a recibir las ESF. Para definir ello no se debe basar solo en los beneficios económicos que quiere obtener y que son genuinos como cualquier empresa, sino en la situación extraordinaria que está pasando el país, ya que es una línea de reactivación de la que se va a beneficiar las propias ESF porque es un salvataje indirecto del Sistema Financiero.

En el siguiente cuadro a manera de ilustración se presenta algunos cálculos de referencia de lo que podrían ser costos financieros promocionales, utilizando el colateral, que logren el gran objetivo de Reactiva Perú, el salvataje de las Empresas y de las ESF:

En resumen, es factible hacer una tasa de interés competitiva y acorde con las circunstancias donde todos ganemos: Las empresas, los trabajadores, las empresas del sistema financiero y todos nosotros los peruanos que con nuestros impuestos estamos financiando este mecanismo. Lampadia

A continuación compartimos un reciente artículo publicado en la revista Project Syndicate y escrito por dos economistas latinoamericanos – uno de ellos peruano – que radican en prestigiosas universidades en el extranjero, en el que muestran su visión respecto a qué políticas macroeconómicas deberían emprender los países de nuestra región para mitigar el impacto de la crisis social producto de la pandemia del coronavirus.

Si bien varias de las propuestas aquí presentadas, como las  transferencias condicionadas a los hogares y un mayor acceso al crédito por parte de las empresas con avales del fisco, ya se encuentran siendo implementadas en nuestro país acertadamente (ver Lampadia: El Perú enfrenta la crisis económica), vale la pena rescatar las reflexiones que hacen ambos economistas respecto a la importancia de que estas medidas se concreten sin vacilar y cómo el Perú es uno de los países privilegiados del continente porque cuenta con la capacidad para emprenderlas.

La realidad económica de América Latina, en la que coexisten estructuras productivas formales e informales, requiere políticas diferenciadas que permitan paliar una crisis para empresas y hogares con contextos muy distintos. Si bien resulta relativamente fácil llegar a las empresas y empleos formales por su alta bancarización, en la informalidad se necesitan de políticas más audaces, que probablemente requieran de una inyección de liquidez directa más potente de manera que se abarque a una mayor cantidad de unidades productoras, pymes en su mayoría, que dan empleo a los estratos más bajos de la distribución de ingreso. Aquí la solidez macroeconómica es fundamental, puesto que le permite al fisco no solo acceder a recursos vía deuda a bajas tasas de interés internacionales sino también al ahorro interno, como son las reservas internacionales,  acumuladas gracias a la política fiscal responsable en los buenos años.

Gracias a estos sólidos fundamentos, ausentes en otros países de la región, el Perú podrá inyectar, con todos sus recursos, 12 puntos del PBI  a la economía para evitar un rompimiento de la cadena de pagos, como ha sugerido recientemente la ministra de economía.

Es importante pues preservar el marco institucional que da forma a esta política ortodoxa y que rige nuestro modelo de desarrollo.Lampadia

El virus llega al sur

Project Syndicate
24 de marzo, 2020 
Roberto Chang & Andrés Velasco
Glosado por Lampadia

El COVID-19 ha llegado a América Latina, pero no así las medidas eficaces para enfrentar la pandemia –por lo menos no a todos los países–. Los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México y Jair Bolsonaro de Brasil, imitando al presidente estadounidense Donald Trump, todavía realizan actividades públicas y abrazan a sus seguidores, en un imprudente intento por reforzar sus credenciales de machos fuertes. América Latina merece una respuesta más seria, audaz y con metas claras para evitar que una crisis de salud pública se transforme en una catástrofe socioeconómica.

El COVID–19 ha abrumado a Italia, que tiene más médicos y camas de hospital per cápita que América Latina. En EEUU escasean los equipos para diagnosticar el coronavirus y en el Reino Unido faltan respiradores. Sería ingenuo pensar que estos mismos problemas no van a golpear a Latinoamérica, cuya trayectoria en el ámbito de enfrentar pandemias es deficiente: en la gripe asiática de 1957-1958, Chile encabezó la lista mundial con 9,8 muertes por cada diez mil habitantes.

América Latina tiene amplia experiencia en todo tipo de crisis, pero la actual es sin precedente. La primera prioridad es salvar vidas, de modo que todo peso gastado en la contención del virus es un peso bien gastado. Este no es un momento para ahorrar.

La índole y la gravedad del shock económico también son nuevas. Nunca antes se le había dicho a una proporción tal de la ciudadanía que dejara de trabajar. Incluso si el encierro no dura más de un par de meses, es posible que se produzcan contracciones de dos dígitos en el PBI anual.

De no existir una respuesta de política, este será solo el comienzo de la historia. Si las familias pierden sus ingresos, dejarán de gastar, lo que se traducirá en que otras personas también pierdan sus ingresos. Si las empresas no tienen ganancias, es posible que no puedan pagarles a sus proveedores ni cubrir el servicio de sus deudas. Si los bancos y otros acreedores no reciben pagos, es posible que aceleren sus préstamos y exijan que se los pague en su totalidad, aumentando así la contracción de liquidez de las compañías y los hogares. Y si colapsa el precio de los activos (acciones, bonos y, eventualmente, bienes raíces) todas las personas dispondrán de menores garantías y, por lo tanto, de menos capacidad para pedir préstamos. La iliquidez se extenderá por todo el sistema y dará origen a olas de quiebras.

El papel de la política macroeconómica es detener este círculo vicioso. Las políticas anticrisis deben ser rápidas y enormes.

En primer lugar, las autoridades deben evitar que los hogares pierdan sus ingresos. Esto significa cambiar la normativa laboral de modo que a los trabajadores se les remunere incluso cuando no estén trabajando a tiempo completo. En el Reino Unido y Dinamarca, el gobierno cubrirá de manera temporal el 80% y el 75%, respectivamente, del gasto salarial de las empresas que estén en aprietos. Es probable que esto sea inasequible para los gobiernos latinoamericanos. Sin embargo, pueden aplicarse estrategias más a la medida de cada país. El plan de Chile, por ejemplo, permite que las empresas pasen a jornadas parciales de trabajo y utilicen el fondo de seguro de desempleo para garantizar que sus trabajadores reciban por lo menos el 75% de su salario original.

Una de las dificultades que enfrenta América Latina es que gran parte de su fuerza laboral trabaja de manera independiente o informal, sin empleador que continúe remunerando o pueda proporcionar algún seguro. Por ello, los gobiernos no tienen más alternativa que efectuar transferencias en efectivo a los hogares que han perdido sus ingresos. En los países donde existen programas a gran escala de transferencias de efectivo (entre ellos, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México) la implementación puede ser rápida y amplia. Otros países tendrán que superar mayores desafíos para llegar a un número suficiente de hogares, dado que muchos carecen de cuenta bancaria y de acceso a la Internet. En el caso de Perú, esto significa que el subsidio de 380 soles a los necesitados debe retirarse en persona en los lugares designados, y que se limita a hogares urbanos.

La política macroeconómica también debe ayudar a las empresas para que cumplan sus compromisos con sus propios trabajadores, proveedores y acreedores. Ello requiere asegurar el acceso al crédito mientras dure la emergencia. La reducción de las tasas de interés constituye un componente necesario pero insuficiente de este esfuerzo. Las autoridades monetarias y los reguladores financieros tienen que proporcionar fuertes incentivos a los bancos y a otros prestamistas para que los recursos sigan fluyendo hacia las compañías pequeñas y vulnerables, y hacia los sectores especialmente golpeados por el virus. Una combinación de líneas especiales de crédito y tolerancia normativa viene al caso. En algunos países, los bancos estatales pueden encargarse de otorgar créditos cuando los acreedores privados decidan no hacerlo.

Para poner fin al peligroso ciclo de deflación de los precios de los activos y destrucción de las garantías, los bancos centrales de América Latina deben aprestarse para comprar no solo bonos gubernamentales, sino también otros tipos de títulos privados. Y dado que la deuda externa suele estar denominada en dólares, los gobiernos y los bancos centrales que tienen reservas o acceso a liquidez en dólares no deberían vacilar en inyectar esos dólares en el mercado local. Las reservas de liquidez en moneda extranjera se crearon precisamente para tiempos como los que corren, y para evitar que una híper-depreciación de la moneda destruya el valor de las garantías.

La suma de estas medidas fácilmente puede costar varios puntos porcentuales del PBI. La respuesta a la emergencia es urgente, y ese costo es inevitable. ¿Qué pueden hacer las naciones latinoamericanas para financiarla? Unos pocos países –entre ellos, México, Perú y Chile, y tal vez Colombia y Uruguay– tienen margen para emitir más deuda pública en los mercados nacionales e internacionales, y deberían hacerlo.

Pero otros países no lo tienen. Y así como las tasas de interés a nivel mundial se han desplomado, se han duplicado los spreads de la deuda latinoamericana, en un momento en que caen en picada los precios de los commodities, al igual que los ingresos producto del turismo y de las remesas, que son cruciales para los países de Centroamérica y el Caribe. Por lo tanto, la mayor parte de los países de América Latina van a experimentar una aguda escasez de dólares, y su única fuente de financiamiento en esta moneda serán los organismos multilaterales.

El Fondo Monetario Internacional ha dispuesto una línea de crédito flexible, una línea de liquidez cautelar y un servicio financiero de desembolso rápido (enfocado en los países de bajos ingresos). Este compromiso es útil, pero no se puede afirmar con certeza que estas fuentes serán suficientes o estarán disponibles con la suficiente rapidez.

Por ello, la ayuda de la Reserva Federal de EEUU resulta de importancia crítica. Esta entidad es la fuente original de todos los dólares que existen. En esta crisis, ha dado acceso a líneas de swaps en dólares a otros bancos centrales, pero solo a los de países que considera sistémicamente importantes, que en América Latina incluyen a México y Brasil. ¿Por qué no a países con grado de inversión, como Colombia, Perú y Chile? Otra alternativa es que la Reserva Federal compre bonos emitidos por el FMI, el cual a su vez podría prestar esos dólares a economías emergentes y de bajos ingresos (esta es una antigua propuesta, cuyo momento puede haber llegado finalmente).

Todo esto necesita suceder, y de manera rápida. América Latina tiene la “suerte” de ir unas pocas semanas atrás de Europa y Asia en el avance del virus. Es imperativo que emplee este tiempo de manera sabia y audaz.

Theodore Roosevelt afirmó que sin “la gran ocasión, no surge un gran estadista; si [Abraham] Lincoln hubiera vivido en tiempos de paz, ahora nadie sabría su nombre”. Hoy día, América Latina emprende una lucha contra el contagio, la depresión económica y la desesperación social. Por favor ¿pueden los Lincoln de la región dar un paso al frente? Lampadia

Traducción de Ana María Velasco

Roberto Chang es profesor distinguido de economía en la Rutgers University.

Andrés Velasco, ex candidato presidencial y ministro de finanzas de Chile, es decano de la Facultad de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science.

Uno de cada tres trabajadores en el país es independiente. Su ingreso promedio es la mitad de lo que ganan sus pares asalariados.

Ocho de cada diez trabajadores independientes laboran en condiciones de informalidad.

Informe de El Comercio – IPE
9 de marzo de 2020

Las condiciones y la calidad del empleo que se genera en un país son consideraciones importantes para quienes toman decisiones de políticas públicas. Las particularidades de cada tipo de trabajo demandan estrategias distintas para problemas diversos.

El empleo independiente, por ejemplo, es atractivo para algunos por las posibilidades de manejar horarios propios y trabajar en distintos lugares y sectores. Para la mayoría, sin embargo, puede resultar una alternativa forzada por la falta de trabajo dependiente y con flujo de ingresos claro. Sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares, el IPE puso bajo la lupa a los trabajadores independientes en el ámbito urbano del país.

Lo primero a resaltar es que tienen una participación importante en la fuerza laboral urbana, pues uno de cada tres trabajadores es independiente. De los 13 millones de personas que forman la población económicamente activa en el área urbana, 3,9 millones serían independientes y 5,9 millones, dependientes. El resto de trabajadores cae en las categorías desempleado, trabajador del hogar o trabajador familiar no remunerado.

Identificando a los independientes

Cuando se aplica la Enaho, la persona se auto identifica en alguna de las categorías de empleo. Se considera como trabajadores independientes a aquellos que reportan esta categoría como su ocupación principal y secundaria, en caso la tuvieran.

Su contraparte, los trabajadores dependientes, son quienes se reportan como empleado u obrero en su ocupación principal y en ocupación secundaria, en caso cuenten con ella.

Situación actual

El dato más saltante respecto a los trabajadores independientes es que, en promedio, su ingreso representa la mitad de lo que percibe uno de sus pares asalariados. Al cierre del 2018, un independiente ganaba unos S/986 al mes; mientras un dependiente recibía S/1.826. En los últimos 15 años, esta brecha se ha mantenido invariante, aunque sí resalta que los ingresos nominales promedio de ambos grupos se han duplicado desde el 2004.

Ingresos del trabajador independiente son la mitad frente a sus pares dependientes.

¿A qué responde que ganen menos? En parte, porque laboran en condiciones de informalidad. Mientras 49% de los dependientes son informales, ocho de cada 10 independientes laboran en la informalidad. Como se recuerda, la literatura económica subraya que el empleo informal tiene una relación muy estrecha con la baja productividad, lo que redunda en menores salarios.

En este punto, es importante considerar que los independientes tendrían hoy pocas probabilidades de insertarse en un empleo asalariado formal. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima esa cifra en 7,5%. En tanto, de cada 100 personas que dejan un trabajo independiente, 20 ingresan a empleos dependientes informales y 33 a otro empleo independiente. Así, sus posibilidades de pasar a empleos de mejor calidad son reducidas, de acuerdo a la entidad internacional.

Según la actividad económica, el grueso de los independientes se desempeña en comercio y transportes (54% del total) y servicios (23%), cuyos salarios promedio son S/1.051 y S/1.008, respectivamente. Los trabajadores dependientes también se agrupan mayoritariamente en estos sectores (60% en conjunto), aunque perciben mayores salarios: S/1.557 en comercio y S/1.859 en servicios. Un detalle a notar es que la rama de electricidad, agua y gas es la más atractiva para los independientes, pues ganan S/3.302 al mes, en promedio. Sin embargo, apenas 0,01% trabaja en esos sectores.

Situación de independientes en el Perú.

Capital humano

En línea con los menores salarios, hay temas de capital humano que están relacionados con los menores ingresos de los trabajadores independientes, que además explicarían por qué la brecha respecto a los dependientes persiste y las dificultades de incorporarse a una planilla. Un primer punto es que los independientes tienden a conseguir menos logros en términos de educación. Por ejemplo, el 42% de los independientes no cuenta con educación básica completa, el 33% sí la completó y solo 25% alcanzó estudios superiores.

Esto contrasta con las cifras de los trabajadores asalariados. El 51% sí tiene estudios superiores, el 31% completó secundaria y el 18% no logró terminar la educación básica.

Un factor adicional que apunta a la vulnerabilidad es que los trabajadores independientes, en su mayoría, carecen de acceso a servicios de salud eficientes. De cada 10 independientes, cuatro están afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) y cuatro no tienen ningún tipo de seguro. En contraste, alrededor de cinco de cada 10 trabajadores dependientes tienen acceso a Essalud y otros tres tienen seguros privados o SIS.

Situación en regiones

En el ámbito regional existe mucha heterogeneidad respecto de la preponderancia de los independientes. Por un lado, en Tumbes representan el 41% de los trabajadores y se ocupan, principalmente, en comercio y transporte.

En contraste, en Huancavelica y Pasco, se registra la menor participación de trabajadores independientes (24%); ellos laboran en actividades como comercio y agro. La explicación es que estas últimas regiones se caracterizan por contar con una presencia importante de trabajadores familiares no remunerados. Finalmente, Lima Metropolitana es la tercera región con menor presencia de independientes, con 28% de la fuerza laboral. Lampadia