Yuliño Anastacio
El Comercio, 28 de setiembre del 2024
“La propia experiencia peruana de la última década muestra que duplicar o triplicar los recursos destinados a seguridad ciudadana, educación y salud no garantiza una mejora en la calidad del servicio al ciudadano”, escribe el CEO de Govierna, plataforma de capacitaciones en economía, finanzas y gestión pública.
A finales de agosto, el Ejecutivo presentó al Congreso el Proyecto de Ley del Presupuesto Público del 2025. Hay al menos tres puntos que preocupan y que merecen ser analizados.
En primer lugar, el presupuesto del país ha crecido incesantemente año tras año, de poco menos de S/100 mil millones en 2012 (19% del PBI) a poco más de S/200 mil millones (22% del PBI) en 2023. Esto es preocupante, porque pone en evidencia la cultura del derroche de nuestros pilotos de la gestión pública, que se resumen en que no podemos conseguir mejores resultados si no gastamos más. Nada más falso que eso.
En segundo lugar, preocupa que se haya debilitado el consenso por la responsabilidad y prudencia fiscal. A pesar de que por segundo año consecutivo el Consejo Fiscal del Perú recomendó al Ejecutivo ser prudente en la formulación de su presupuesto público, se hizo caso omiso. Lejos de ello, el Marco Macroeconómico Multianual 2025-2028 contempla un aumento del gasto público para el 2025 de casi 4% en términos reales.
Esto no solo traslada prácticamente todo el peso de la consolidación fiscal al siguiente gobierno, sino que resta credibilidad y hace casi imposible el cumplimiento de las reglas fiscales, debido a que restringe el crecimiento del gasto para los próximos años a tasas promedio de 0,4% en términos reales, hecho que no ha sucedido en episodios de ajustes fiscales en las últimas tres décadas.
En tercer lugar, preocupan las continuas iniciativas de gasto del Congreso. A pesar de que el artículo 79 de la Constitución establece que el Congreso no tiene iniciativa para crear ni aumentar gastos, sí puede modificar su distribución (más para un sector; pero menos para otro).
Por ejemplo, los incrementos salariales del 2022 y 2023 en los sectores de Educación y Salud (Leyes Nº 31451, 31552, 31653, 31882, 31916 y 31923), además de la aprobación por insistencia del Bono de Reconocimiento de la ONP (Ley Nº 31729) en abril del 2023, entre otros.
