Uri Landman
Para Lampadia
Una de las canciones rancheras más famosas es “El Rey” de Vicente Fernández, que tiene como letra: “Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar…”.
Otro que ha quedado afuera y no deja de llorar y llorar, es el fiscal provincial Domingo Pérez, a quien la Autoridad Nacional de Control del MP ha suspendido de manera preventiva por seis meses en el proceso que se le sigue por inconducta funcional. Al fiscal Pérez se le atribuye falta muy grave “al haber actuado en un proceso, a sabiendas que se encontraba legalmente impedido de hacerlo al haber incluido al abogado Arsenio Oré, en la investigación 55-2017, como presunto autor del delito de obstrucción de la justicia.”
Es de conocimiento público que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en julio del año pasado en la cual ordenaba se excluya al abogado Arsenio Oré del llamado juicio “Cócteles”, al haber sufrido la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, de manera específica: imparcialidad en sede fiscal. En palabras simples, esto quiere decir que el fiscal Domingo Pérez condujo la investigación por el delito de obstrucción a la justicia en donde su despacho se habría visto afectado, vulnerando el principio de imparcialidad.
Según la ANC, el fiscal Pérez se avocó a la investigación durante un periodo de 5 años 3 meses, cuando debió inhibirse de la misma. Aquí no queda todo, la ANC indica que el fiscal incumplió su deber de perseguir el delito con independencia, objetividad, razonabilidad y respeto al debido proceso.
Ni bien se conoció la noticia de la suspensión de Domingo Pérez, la maquinaria caviar se puso en marcha con su estrategia de victimización. Parece una broma de mal gusto que haya gente que salga a defender al inepto fiscal. Desde esta columna pregunto: ¿Cómo se puede defender el trabajo de un fiscal a quien el juez le devolvió 10 veces una acusación por estar mal hecha?
La ineficiencia del fiscal Pérez se puede medir en años.
El mayor caso de corrupción comprobado del país, nos referimos a la ex alcaldesa de izquierda Susana Villarán, ha tomado 8 años sin que se haya iniciado el juicio y menos obtenido una sentencia condenatoria.
Otro de los casos emblemáticos de Domingo Pérez, el caso “Cócteles”, que lleva 11 años desde que se inició la investigación fiscal y por la pésima conducción del mismo, la Corte Superior Nacional acaba de anular el juicio oral, ordenando su regreso a una etapa intermedia.
El caso Lava Jato ha sido la excusa perfecta para llevar a cabo una persecución en contra de todos los enemigos políticos de los caviares, quienes controlan el Ministerio Público y buena parte del Poder Judicial.
El fiscal Pérez, hace mucho dejó de lado las buenas prácticas procesales legales en el caso Cócteles en beneficio de su agenda política. Recordemos que a Keiko Fujimori la metieron en prisión tres veces a pedido de la fiscalía. Además ha servido como excusa perfecta para que el fiscal realice activismo político ante todos los medios de comunicación afines a los caviares. En lugar de optar por una estrategia efectiva que asegure obtener una sentencia, Domingo Pérez presentó un mamarracho de acusación de 4,600 páginas devuelta 10 veces, con 1,031 testigos y 7,200 medios probatorios que nadie va a leer. Toda una pérdida de efectividad procesal.
Con el fiscal Pérez fuera, sus defensores alegan que se está beneficiando a Fuerza Popular y los demás acusados en sus diversos casos. Sus ayayeros del IDL y otros medios, claman por una “conspiración en su contra”, “un trato arbitrario” y una “persecución política”. Otros opinan que le están haciendo un favor sacándolo antes que los demás casos que lleva se terminen cayendo. La verdad es que recién ahora con este nefasto personaje fuera, los procesos empezarán a caminar y el juicio contra Villarán podrá continuar después de estar detenido medio año.
Es vergonzoso que tengamos fiscales en el Ministerio Público con la escasa preparación de Marita Barreto, quien tardó 11 años en terminar su carrera de abogacía y salió jalada en 24 materias o como Domingo Pérez, quien está siendo investigado por la misma fiscalía por desbalance patrimonial o como Pablo Sánchez quien suspendió ilegalmente una diligencia en IDL por órdenes de su jefe Gustavo Gorriti.
Si queremos que las cosas cambien, tenemos que reformar las tres instituciones más corruptas del país: la policía, el Poder Judicial y el Ministerio Público. La pregunta que surge es ¿Quién tendrá la autoridad y valentía para hacer los cambios necesarios caiga quien caiga?
Mientras tanto se escucha en los pasillos del MP el estribillo: “Con dinero y sin dinero, Yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey”. Lampadia
