En medio de la pandemia y la cuarentena, volver a la normalidad es hoy el mayor anhelo popular. Pero recuperarla no será fácil. El virus ha destruido fuentes de sustento para millones de peruanos. La economía tardará mucho en recobrar el estado en que se encontraba al iniciarse este año. Muchas empresas y pequeños negocios habrán dejado de existir, y la actividad normal no será la misma hasta que se tenga disponible una vacuna y su administración sea generalizada.
Pero cuando se declare la ‘normalidad’ muchas cosas habrán cambiado debido a las medidas que ha tomado el Congreso, y cuyas consecuencias en el mediano plazo serán desastrosas. Absorbidos por la emergencia, los medios de comunicación y la ciudadanía en general no se han dado tiempo para analizar las consecuencias que un Congreso hiperactivo y disfuncional está generando. Día tras otro se anuncian proyectos de ley, cada cual más disparatado, que, sumados a las leyes ya aprobadas, muestran una vorágine populista jamás antes vista; las leyes se aprueban sin el requerido paso por las comisiones pertinentes y, como si fuera poco, se las exime de la segunda votación: el mecanismo último de reconsideración.
La racionalidad económica y los candados legales y constitucionales son dejados de lado con una naturalidad temeraria sin sopesar las consecuencias. Un Congreso diligente debatiría en comisiones cada iniciativa recabando opiniones de expertos que informen sobre el impacto de cada proyecto. Sectores potencialmente afectados positiva o negativamente serían llamados para expresar sus opiniones. Todo esto es crucial ante la ausencia de un Senado que atempere las tendencias voluntaristas de una cámara baja.
Los proyectos de ley, presentados en profusión inaudita, abarcan todos los posibles impulsos del congresista que, en medio de la pandemia, aprovecha para intentar favorecer a un grupo de su predilección en detrimento de toda la sociedad. Otros destilan su pequeño odio a una institución o sector económico en particular. La mayoría se inclina por algún proyecto que, aunque efímero, concite el apoyo popular sin importar los daños colaterales de la propuesta. Y naturalmente hay quienes tratan de imponer sus fracasadas ideologías sin reparar en el atraso y sufrimiento que estas han ocasionado en nuestra historia reciente.
¿Cómo hemos terminado en esta penosa situación y qué podemos hacer para contenerla?
Indudablemente esta desgraciada situación tiene su origen en, primero, la irreflexiva propuesta de Martín Vizcarra de adelantar las elecciones generales y, segundo, en su ilegal disolución del Congreso. ¿Pensó realmente el presidente que se produciría un Congreso mejor que el anterior a partir de unas elecciones con partidos destruidos, con duración tan corta y la campaña para las elecciones generales en medio? En realidad, lo que tenemos es el resultado del plan presidencial para camuflar su opaca figura y la manifiesta impericia de su gobierno echando mano a la confrontación con el detestado Congreso anterior. Aprovechó hábilmente los audios de la corrupción judicial y logró popularidad a despecho de que la ciudadanía seguía convencida de su incapacidad para gobernar sobre los problemas acuciantes de la nación.
Dadas nuestras fortalezas fiscal y monetaria, el Banco Central vislumbra que la recuperación de la economía empezará a verse en el segundo semestre y que la economía alcanzará su nivel anterior a la pandemia al finalizar el año 2021. Pero esa expectativa se basa en que las fuentes de crecimiento continuarán siendo las mismas que antes: un regreso del consumo privado e inversión privada. Nada de ello está garantizado con la prevalencia de las acciones de este Congreso. Cualquier recuperación dependerá de la restauración de la confianza para consumir e invertir. Esa confianza no está de modo alguno presente en la actualidad y estará aún peor cuando este Congreso termine de arruinarla con su cortoplacismo, su clientelismo y su desbocado populismo.
La tarea ahora debe ser la de alertar de cada acción nociva que proponga este Parlamento, transparentar las verdaderas motivaciones y sus consecuencias, vigilar a cada uno de sus miembros en sus intereses al proponer cada proyecto de ley, verificar supuestos falsos o demagógicos y exigir que cada propuesta sea objeto de amplio debate.
El sacrificio ciudadano para lograr las fortalezas de las que el Perú goza ha sido enorme durante las últimas tres décadas. La actual crisis sin duda destruirá riqueza y regresará a la pobreza a millones de peruanos. Está en nuestras manos el que esta situación sea temporal y no se convierta en nueva y permanente realidad.
Por: Roberto Abusada Salah
El Comercio, 14 de mayo de 2020
