Por: Roberto Abusada, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 18 de octubre de 2018
Con un alto nivel de certeza, la economía peruana crecerá este año a una tasa de entre el 3,7% y el 3,9%. Dentro del contexto latinoamericano se trata de una tasa nada despreciable, pero absolutamente insuficiente para proveer empleo adecuado y disminuir la pobreza. Más aún, este ritmo de crecimiento no logra acercarnos al nivel de desarrollo de las economías avanzadas. Un factor clave para crecer a las tasas requeridas es elevar la productividad de todas las actividades económicas a través de la provisión de infraestructura. Desafortunadamente, y a pesar de poseer una economía macroeconómicamente sana, el estado de la infraestructura –caminos, transporte público, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, etc.– es pobre en cantidad y calidad, e inferior a la de sus pares en Latinoamérica.
El tema de la insuficiencia de infraestructura ha sido tratado en numerosos estudios, y el estimado de los recursos que son requeridos para su mejoramiento de acuerdo a esos estudios arrojan cifras enormes que duplican o triplican el monto del total de la suma de la inversión pública y privada (el Perú invierte aproximadamente US$50.000 millones cada año). Pero además la calidad de la inversión pública es notoriamente mala, y la eficacia de la inversión privada es reducida por la asfixiante maraña de trámites burocráticos, la inadecuada interacción con el sector público y conflictos sociales que debe sortear. Aunque parezca increíble, el país no cuenta aún con un plan de infraestructura que sirva de guía a los sectores público y privado al momento de escoger, priorizar o analizar alternativas.
No sorprende que en el último ránking del Foro Económico Mundial (FEM) el Perú figure en el puesto 85 entre 140 países en cuanto a la disponibilidad de infraestructura; a la zaga de sus socios de la Alianza del Pacífico (AP). Además, en términos de calidad, la infraestructura peruana ocupa el puesto 108; también a la cola de los países de la AP. Más preocupante aun es comprobar que en los últimos 6 años la posición del Perú se ha ido deteriorando.
Resulta inaudito que la principal vía nacional, la carretera Panamericana, no cuente con doble calzada de Tumbes a Tacna, y que la Sierra Central tenga como principal conexión a Lima una vía totalmente colapsada. Actualmente el 26% de las vías nacionales se encuentran sin pavimento, y en el caso de las vías departamentales y vecinales el porcentaje se eleva al 85%. En la ciudad de Lima la falta de transporte urbano es crítica. Hoy la velocidad promedio a la que discurre un vehículo en la capital es de solo 14 km/h, y con las demoras en la construcción de las líneas del metro y rutas paralizadas, esta velocidad se reducirá en pocos años a 8 Km/h ¡La velocidad del ser humano al caminar es de 5 km/h!
No sorprende comprobar que una enorme proporción de la fuerza laboral en Lima deba perder entre 3 y 5 horas diarias en algún medio de transporte.
El argumento que trata de atribuir las paralizaciones a la corrupción de las empresas brasileñas es solo una muestra de la incapacidad de nuestras instituciones. Esas mismas empresas han seguido trabajando luego de ser legalmente castigadas, o han sido sustituidas sin demora por otras en la mayoría de casos similares vividos en Latinoamérica o los Estados Unidos. En la actualidad existen 1.622 obras de infraestructura pública de todo tipo paralizadas en el país. Según la contraloría, la razón principal se encuentra en la inadecuada formulación de los proyectos. Grandes obras de vital importancia se encuentran paralizadas o marchan a ritmo notoriamente lento debido a problemas relacionados con expropiaciones o interferencias que el sector público no anticipó o es incapaz de resolver.
El Perú ha visto caer su potencial de crecimiento del 6% al 3,5%. Se puede afirmar que la totalidad de esta caída puede ser explicada por el deterioro de las instituciones entre las que se encuentran aquellas responsables por el desarrollo de la infraestructura. La tarea de cerrar la enorme brecha de infraestructura pasa necesariamente por modificar la manera en que se planea y ejecuta la obra pública. Es fundamental cambiar la forma en que se organiza el Estado para que el sector privado pueda ejecutar proyectos que generen los servicios para los que han sido diseñados dentro del tiempo planeado y con estructuras de costos competitivas. La elaboración de un plan nacional de infraestructura con el asesoramiento especializado de clase mundial debe ser el primer paso. El equipo estatal encargado de promover los proyectos público-privados u obras por impuestos debe estar centralizado, aislado políticamente, y tener además autonomía presupuestal. Nada impide que el Perú haga prontamente la tarea que muchas naciones realizan hoy con éxito.
