Por: Patricia Teullet
Perú21, 7 de diciembre de 2020
Empezaron con marchas pacíficas en Lima que prontamente incorporaron actos de vandalismo, bombas, petardos y disparos de origen confuso que causaron la muerte de dos jóvenes. Casi de inmediato se sucedieron marchas en Ica, luego al norte y finalmente protestas por Doe Run: casi simultáneas, protestas contra la política, el agro y la minería. Carreteras bloqueadas, Lima aislada con riesgo de desabastecimiento; la policía degradada a los ojos de la ciudadanía. No hay respeto a la autoridad ni a las leyes. Y nadie se atreve a ejercer la fuerza que supuestamente debe ser monopolio del Estado.
El empleo agrícola en nuestras estadísticas presenta dos condiciones: es casi 100% informal y su productividad está entre las más bajas. Vale decir, es una actividad que condena a la pobreza a quien la ejerce. Hay una excepción, y es la agroindustria. Después de muchos años, emulando y superando a Chile, empresarios peruanos tuvieron que aprender a hacer agricultura: trajeron ingenieros y tecnología israelí y convirtieron desiertos en productivos campos con riego tecnificado que utilizan complejos sistemas computarizados para determinar qué nutrientes necesitan las plantas. Ello elevó la productividad e ingresos de los trabajadores y dio a cientos de miles de mujeres acceso a trabajo remunerado, permitiéndoles empoderarse en el hogar o sostener a sus familias.
Debido a la naturaleza de la actividad, el empleo responde a los requerimientos de sus ciclos desde la siembra hasta la cosecha y luego empaque; por eso es que la remuneración se calcula de manera diaria, asegurándose de incluir en ella todos los beneficios de ley y son muchos los compradores internacionales que exigen estándares superiores.
Se dice que algunos incumplen la ley. Esos casos deben ser sancionados. Lo que no se entiende es que la solución para el incumplimiento de la ley sea derogar la misma.
