Por: Miguel Andrés Jaramillo, Economista sénior del Consejo Privado de Competitividad
Gestión, 3 de diciembre de 2020
El debate originado en el Congreso sobre posibles cambios a la ley universitaria, la creación de universidades y la reforma de la Sunedu ha despertado diversas alarmas. Si bien el ruido disminuyó a raíz de que miles de ciudadanos alzaron la voz en las últimas semanas, debemos permanecer atentos para que esta importante ley no peligre como producto de intereses particulares y, así, garantizar que los jóvenes puedan acceder a una educación superior de calidad.
Luego de la reforma de la década de los 90, la cantidad de instituciones de educación superior se incrementó significativamente. Las universidades aumentaron de 52 en 1990 a 143 en el 2020, y los institutos de 421 a 986 en el mismo periodo. Si bien esto permitió que la tasa bruta de asistencia a la educación superior aumente de 38% (2001) a 77% (2020) -como proporción de la población de 17-21 años-, esta reforma no aseguró la calidad del contenido educativo. Producto de ello, según Lavado, Martínez y Yamada (2017), más del 40% de los profesionales con educación superior técnica o universitaria están subempleados, es decir, están sobreeducados para el trabajo que realizan o no laboran en actividades profesionales.
En el 2014, con la ley universitaria -y en el 2016 con la ley de institutos-, se sentaron las bases para regular la calidad de estas instituciones, importante tarea que debe continuar. No obstante, todavía queda mucho trabajo pendiente para garantizar que más jóvenes accedan a la educación superior y, sobre todo, para que lo aprendido sea de calidad y alineado con las necesidades del sector productivo. En ese sentido, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) plantea una serie de propuestas que apuntan a mejorar el acceso y la calidad de la educación superior.
Con relación al acceso, hay que reconocer que el Estado está realizando esfuerzos importantes a través del programa Beca 18, el cual otorgó cerca de 70 mil becas entre el 2012 y 2020. Sin embargo, esto es insuficiente. Si bien el presupuesto de Pronabec se incrementó en 600% entre el 2012 y 2020, el monto destinado a becas y créditos se mantiene en 2% (del presupuesto total en educación), mientras que en Colombia es 5% y en Chile 16%.
Adicional a ello, existe una brecha anual de más de 200 mil jóvenes de 22 años de alto rendimiento y en condiciones de pobreza. Esto podría agravarse debido al covid-19, por el shock económico que afecta a muchos hogares. Desde el CPC sugerimos un esquema de financiamiento sostenible público-privado, donde Pronabec fondee los primeros años (becas o créditos) y los últimos años se financien con becas privadas vía convenios con esta institución. En esa línea, Pronabec también podría ser aval de créditos privados, con topes al monto financiado y un esquema de repago contingente al ingreso, para evitar problemas de sobreendeudamiento, tal y como ocurre en Chile.
Sobre la calidad del contenido de estudios, es fundamental que el Minedu apruebe un Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) -que permita el desarrollo, clasificación y reconocimiento de competencias-, consensuado por todos los actores. Asimismo, reconoce las competencias de una persona que solo cuenta con educación secundaria, pero que administra su propia empresa; como resultado, el MNC homologaría sus competencias al nivel de bachiller y podría transitar hacia la educación superior. En un entorno de informalidad como el nuestro, esto es vital. Además, el MNC realiza el match entre lo enseñado y lo demandado, pues las competencias que agrupa son diseñadas por el mismo sector productivo a través de los consejos sectoriales.
En materia educativa, urge la implementación de este tipo de medidas para potenciar el acceso y la calidad de la educación superior y, así, impulsar nuestra productividad para desarrollar al Perú en beneficio de nuestros ciudadanos.
