Expreso, 23 de febrero de 2017
En nuestros artículos anteriores hemos venido llamando la atención sobre la ineficiente labor del Ejecutivo para hacer efectivos los mandatos judiciales o para fortalecer material y jurídicamente a la Fiscalía para que cumpla a cabalidad con su función persecutora del delito y de los delincuentes, comunes o funcionarios públicos y ex presidentes vinculados a groseros actos de corrupción.
Dijimos que no debíamos dejarnos distraer con el tema de la captura de Alejandro Toledo en virtud de una medida de prisión preventiva, cuando el problema central estaba en el aporte de medios de prueba sólidos durante el plazo de investigación preparatoria para que se determine si hay o no hay delito e imponer una drástica sanción en caso de haberlo.
Hemos sostenido públicamente, aún ante preguntas sarcásticas de periodistas que nada saben sobre el tema, que la captura de Alejandro Toledo le competía al Ejecutivo porque el presidente es el responsable de hacer cumplir las decisiones judiciales, de modo que, si el reo se hallaba fuera del país, tenía que movilizarse embajadas, consulados, agregados diplomáticos y policías peruanos de Interpol para que la cacería mundial tuviera resultados. No se hizo nada de esto y hasta hoy no se conoce del paradero de Alejandro Toledo y, por ende, no puede iniciarse ningún proceso de extradición.
Las investigaciones en los demás casos respecto de los ex presidentes García y Humala tortuga; al igual que todas las demás que involucran alcaldes, ex alcaldes, gobernadores y demás funcionarios de menor nivel y, al parecer, las pruebas centrales no obran en poder de nuestros fiscales, sino que dependemos de lo que se ha hecho en Brasil y los Estados Unidos y algunos países europeos.
Repentinamente hemos ingresado a una guerra de imputaciones de todos contra todos con el sambenito de quien robó más que el otro para que, posiblemente, ensuciados todos, el sistema de gobierno pierda estabilidad.
En este escenario aparece en televisión el vice ministro de justicia con una lamentable declaración respecto a que este régimen o su ministerio en relación con el Inpe, no se entiende qué quiso decir, no iba a pisarle el cuello a sus antecesores, dando la impresión de que la persecución ciega solo valió contra el fujimorismo. El ladrón es un delincuente y hay que pisarle el cuello y todo lo demás porque con el delito no debe haber contemplaciones.
