Por: Madeleine Osterling
Expreso, 1de Marzo del 2023
Mi más enérgico rechazo y protesta contra el DU No. 006-2023. Esta norma es un despropósito. Inaceptable que en su parte considerativa se establezca textualmente que las movilizaciones en las que se registraron actos violentos, bloqueo de vías e intento de toma de aeropuertos (que en cualquier lugar del mundo constituye delito de terrorismo y así lo establece expresamente el Protocolo de Montreal firmado por el Perú) constituye el ejercicio del derecho fundamental a la protesta.
No solo es una señal de debilidad de un gobierno que pende de un hilo sino un pésimo precedente. A la misma razón, el mismo derecho. El Gobierno ha decidido compensar las acciones terroristas con nuestro dinero. ¿Cómo se atreve, señora Boluarte? ¿No se le cae la cara de vergüenza ante las muchísimas víctimas de los sanguinarios terroristas de la década 80/90 como las de Tarata que jamás recibieron un centavo? Si lo que busca es ablandar los mercantilistas corazones caviares buscando blindaje, se equivoca; usted no se salva, deben estar salivando la persecución.
Al margen de la poca credibilidad de las encuestas del IEP publicadas por LR – que hoy constituye la prensa más desestabilizadora del país – Boluarte y en especial el Congreso tienen un altísimo rechazo. En el caso del Congreso, se lo han ganado a pulso. En un país donde la mitad de la población tiene inseguridad alimentaria y la línea de pobreza monetaria es inferior a S/ 378 mensuales, es absolutamente inaceptable que se sientan con derecho a un menú de S/ 190 diarios. Una torpeza sideral del almirante Montoya que verbalizó lo que muchos piensan y una falta de empatía inaceptable. ¡Bien que lo paguen de su bolsillo!
Su última perla es una nueva Ley de Junta de Usuarios de Agua que perjudicaría directamente a la maltratada actividad minería. El Ejecutivo la ha observado y esperemos que no se promulgue por insistencia.
Los procesos de amparo en nuestro país se han prostituido. Históricamente han sido un mecanismo muy eficiente para evadir responsabilidades y suspender obligaciones. Muchos jueces se han convertido en simples mesas de partes y admiten absolutamente todos los recursos, sin calificación previa; ya sea por falta de escrúpulos o por dinero.
Hace unos días el TC, con admirable pulcritud, emitió una impecable decisión en una contienda competencial instaurada por el Congreso que ha encendido las iras de la Izquierda. Son muy eficientes en difundir sus mentiras, capitalizan cualquier oportunidad. Emblemático ejemplo, el artículo publicado el pasado domingo en La República por una conocida abogada que funge de periodista, que barriendo el piso con el Estado de derecho afirma que el TC, escogido a la medida por el Congreso, ha prohibido en los hechos que el Poder Judicial pueda hacer control constitucional de las arbitrariedades del Legislativo, arguyendo que en este último se ha concentrado un poder sin precedentes. Es la clásica pataleta del despojado.
La Izquierda pretendía, a través de acciones de amparo, mantener a Eliana Revollar en la Defensoría del Pueblo, quien para efectos prácticos se ha convertido en una ideologizada activista, protectora de vándalos y terroristas, así como también perennizar al anterior consejo directivo de la Sunedu, que había dado carta blanca para contratar consultorías caviares por millones de soles; no quieren perder su cuota de presupuesto y manejo institucional y si para ello tienen que rendir pleitesía al Poder Judicial, lo harán.
Quizás olvidó que el TC es el órgano supremo de interpretación y control constitucional, y que, en esta materia, tiene la última palabra. Le recomiendo que lea con mucho cuidado la Constitución y, ante cualquier duda, consulte con la Dra. Delia Muñoz, prestigiosa abogada que tiene las cosas clarísimas sobre el tema.
