Por: Luis Miguel Castilla Rubio (Exministro de Economía).
La República, 13 de mayo de 2020
A inicios de mayo, en plena pandemia del Covid-19, Standard & Poors ratificó la calificación crediticia y la perspectiva estable de nuestro país, situándolo como la economía más solvente de la región. Dicha agencia de rating advirtió también que su evaluación estaba condicionada al grado de incertidumbre política, la predictibilidad de las políticas económicas y la capacidad del Ejecutivo de facilitar una agenda común con el Congreso. Sin embargo, el reciente sesgo populista del Legislativo y el enorme número de iniciativas legales en materia económica harán incumplibles estos supuestos y comprometen seriamente el manejo responsable de la economía que con gran sacrificio se construyó las últimas tres décadas.
Desde que se instaló el nuevo Parlamento, los sólidos fundamentos macroeconómicos de nuestro país no compensarán el costo económico de la agenda legislativa que se viene impulsando. La reciente aprobación por insistencia de la suspensión unilateral de los peajes de carreteras concesionadas y los proyectos de ley que pretenden reducir la jornada laboral, devolver a los afiliados el 100% de los saldos que tienen en las AFP, imponer un impuesto a las ganancias, regular las tasas de interés de las entidades financieras destacan entre las 581 iniciativas bajo evaluación de la Comisión de Economía (http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021/).
Estas iniciativas no solo generarían importantes contingencias judiciales para el Estado, sino que perforarían al fisco y ahuyentarían a la inversión al vulnerar los cimientos de nuestra economía.
Ignorando la argumentación técnica, nuestros políticos pretenden olvidar la gran fractura social que causó el populismo en la década de los ochenta cuando el manejo irresponsable de la economía sumió a tres de cada cinco peruanos en la pobreza. La inseguridad jurídica, las distorsiones que se introducirían y la desconfianza harían que el crecimiento del PBI potencial tenga como techo la tasa de crecimiento poblacional de 0.7%, lejos del 3% que se registra en la actualidad.
A diferencia de cuando el presidente hizo suyo el clamor ciudadano y mostró gran habilidad política para enfrentarse con el Congreso anterior, en esta oportunidad no ha sido capaz de usar el capital político que le da el respaldo de la opinión pública para evitar que se vulneren sus competencias y parar iniciativas legislativas en materia económica que claramente perjudicarán a la población. El hecho que a futuro un mayor número de iniciativas acabe en los fueros del Tribunal Constitucional para que dirima controversias competenciales o resuelva vulneraciones a nuestra carta magna, no pareciera ser óbice para frenar la ola populista que comienza a tomar viada en nuestro país.
Esta corriente pareciera aprovecharse de las expectativas insatisfechas de un gran número de ciudadanos y una creciente desconfianza hacia las instituciones privadas. Según una reciente encuesta de Ipsos, los bancos, las empresas de telefonía y las clínicas privadas son las tres entidades que gozan de menor confianza ciudadana. Aun cuando es necesario encarar las razones detrás de esta desconfianza, esta percepción no tiene correlato con los problemas de cobertura y calidad que si tienen los servicios provistos por el sector público. Ante esto se requieren soluciones efectivas y sostenibles, no medidas efectistas ni cortoplacistas.
El creciente descontento social continuará abonando el aprovechamiento político, bien sea por mero clientelismo o para apuntalar opciones electorales de cara a los comicios del próximo año. Recuperarnos de esta crisis tomará tiempo y el Gobierno no tendrá la capacidad de contener esta ola populista y, a la vez, superar la emergencia sanitaria y lidiar con las secuelas de la recesión. Es imprescindible tomar conciencia de lo mucho que está en juego.
