Para que el país pueda continuar por la senda del desarrollo que se ha trazado, es imprescindible trabajar en la implementación de políticas públicas que enfrenten los ‘cuellos de botella’ y que dinamicen las actividades productivas. Las barreras burocráticas, por ejemplo, son una de las principales trabas que de alguna forma pueden limitar la inversión.
Consciente del rol del Estado como generador de las condiciones para el desarrollo e inclusión social, el gobierno del presidente Ollanta Humala viene implementado reformas y otras acciones para facilitar la inversión y generar las bases que sostengan ganancias de productividad en la economía a largo plazo.
En ese sentido, con el objetivo de articular acciones para la identificación y remoción de trabas, se creó un equipo especializado de seguimiento de la inversión. Así, se priorizaron 53 proyectos en sectores como minería, transportes y electricidad, por un monto mayor a los US$ 26,000 millones.
Se han emitido, también, normas que reducen el tiempo de expedición del certificado de inexistencia de restos arqueológicos, y disponen la entrega provisional de servidumbres sobre terrenos eriazos del Estado para proyectos de inversión en un máximo de 15 días hábiles. Se han agilizado procedimientos en materia ambiental y estudios de impacto en el medio ambiente. Adicionalmente, se simplificaron procedimientos para obtener licencias para infraestructura pública hecha mediante proyectos de inversión pública, asociación público-privada o concesión privada.
Asimismo, se amplió el mecanismo de obras por impuestos, se reforzó la capacidad de Indecopi para identificar y sancionar barreras burocráticas y se facilitó la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura.
Se tiene prevista, además, la expedición de otras normas vinculadas con la inversión a fin de continuar con la eliminación de barreras y simplificar los trámites en lo concerniente a saneamiento físico y legal de predios, despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, modificaciones al marco normativo de asociaciones público-privadas, entre otras acciones.
Pero una parte fundamental de este proceso depende de contar con un Estado preparado para afrontar los retos del entorno global de manera eficiente. Por ello, el Gobierno ha puesto en marcha la reforma del servicio civil, una reforma de carácter progresivo que, introduciendo la meritocracia, llevará a crear un Estado moderno al servicio del ciudadano.
La apuesta central del Gobierno va más allá de las reformas normativas y lo que busca es institucionalizar todo este esfuerzo como una función permanente para acompañar las inversiones. Se está sembrando ahora y la cosecha la verán los siguientes gobiernos, y, sobre todo, el país.
Publicado en El Comercio, 28 de octubre del 2013
