Por: Juan Pablo de la Puente
El Comercio, 22 de abril del 2022
“A pesar del hallazgo de la contraloría, la Comisión de Cultura del Congreso acaba de aprobar un dictamen para replicar el modelo fallido del Cusco en todas las regiones del país”.
La tragedia en Kuélap no se debe a falta de presupuesto. Es consecuencia, más bien, de un modelo de gestión fallido, al que denominaré “gestión a través de proyectos arqueológicos”.
Un proyecto arqueológico comprende acciones de investigación y/o conservación, y tiene objetivos y plazos específicos según el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. Culminado el proyecto, el personal se retira y la atención del sitio disminuye considerablemente hasta el siguiente proyecto.
En cambio, la “gestión integral” de un sitio –que es el modelo adecuado– es un proceso permanente que articula diversas especialidades que van más allá de un proyecto arqueológico: mantenimiento, monitoreo, seguridad, prevención de riesgos, programas educativos, manejo turístico, alianzas financieras, etc. Todo ello requiere de liderazgo y recursos, y lo lógico sería que lo recaudado por la visita turística sea destinado prioritariamente para dichos fines. Sin embargo, la regla general manda que lo recaudado sea transferido al Ministerio de Cultura en Lima y nada garantiza que sea destinado al sitio que lo generó, salvo que se suscriba un convenio específico, como en la Huaca de la Luna, entre otros pocos casos.
Kuélap no tiene un convenio y lo recaudado regresa como proyecto arqueológico y no para financiar su gestión integral. Esto explica por qué Kuélap no tiene un director; ni siquiera un arqueólogo a dedicación exclusiva. El Ministerio de Cultura tiene dos arqueólogos para toda la región Amazonas.
Existe otro modelo, el del Boleto Turístico del Cusco, con el matiz de que el boletaje es repartido entre las municipalidades de la región para que financien directamente proyectos arqueológicos en su jurisdicción. Sin embargo, este modelo también es fallido. La contraloría detectó el año pasado el desvío de S/104 millones para otros fines y en un período de solo dos años de los 16 que tiene vigente la Ley 28719. Este no es un problema de centralismo.
A pesar del hallazgo de la contraloría, la Comisión de Cultura del Congreso acaba de aprobar un dictamen para replicar el modelo fallido del Cusco en todas las regiones del país. En su lugar, la Comisión debería primero investigar las irregularidades antes de promoverlas a nivel nacional. En cambio, sugeriría a la Comisión que modifique la Ley del Boleto Turístico para crear un fideicomiso legal a cargo de la administración de los recursos del boleto del Cusco, en donde las municipalidades tengan voz y voto en las decisiones de inversión del fondo, tanto para proyectos arqueológicos como para la gestión integral de los sitios. Así, preservando las prerrogativas municipales, se garantiza que los recursos sean efectivamente destinados a los sitios arqueológicos y sin corrupción.
Para prevenir más tragedias como la de Kuélap, es imperativo evitar el modelo de “gestión a través de proyectos arqueológicos” y privilegiar la “gestión integral” de los sitios, que pasa por garantizar que lo recaudado por la visita turística sea reinvertido prioritariamente en el sitio que lo generó. Esta lógica estaba en el intento de reforma del Decreto Legislativo 1198 en el 2015, que promovía además la participación activa del sector privado en estas materias.
