Por: Juan José Garrido
El Comercio, 26 de abril de 2020
El presidente Martín Vizcarra nos exige a los peruanos ser solidarios. De hecho, más que a los peruanos, se lo exige a “los que más ganan”. Para muchos, sonará correcto. El diablo, sin embargo, está en los detalles. Y en este nuevo impuesto que promueve, el diablo baila.
Lo importante, más allá del discurso divisionista –en plena crisis sanitaria, económica y social–, es revisar si es pertinente o no, y cuáles son sus fines: ¿es una tutela moral, o una acción de propaganda o distracción política?
En efecto, los cálculos del impuesto en cuestión suponen un ingreso al fisco cercano a los S/300 millones al mes. Esos ingresos no suponen más del 3% de la última emisión de deuda generada. Deuda que, queda claro, pagarán los impuestos (de ya sabemos quiénes).
Por el lado de las cuentas, esos ingresos no le moverán la aguja al MEF, ni un ápice. A quienes sí les moverá la aguja es a las empresas (muchas están, o bien negociando salarios, o bien realizando recortes; este impuesto imposibilitará acuerdos y promoverá despidos o suspensiones temporales) y a los trabajadores (es obvio que un recorte adicional sobre lo que ya les descuenta el Estado –cerca de 50% en algunos casos– complicará la situación de muchos).
Este impuesto no tiene sentido: es antitécnico, es un recurso de última instancia (lean la entrevista al economista Alejandro Werner del FMI) y no representará ingresos significativos para el Estado. Peor aún, creará problemas a empresas y trabajadores. Siendo obvio, la pregunta entonces es: ¿por qué hacerlo?
El discurso del mandatario no solo es falaz en lo técnico, es también equivocado respecto a la tutela moral. ¿No está enterado acaso de los ingentes aportes de gremios, bancos, telecomunicaciones, restaurantes, cervecerías y un larguísimo etcétera? Una vez más, la solidaridad de los peruanos y las empresa ha sido enorme. Entonces, ¿a gusto de qué es necesario brindar ahora un discurso divisionista? ¿Estamos en campaña? ¿Es ideológico? ¿Populismo puro y duro? El mandatario ha repetido que no será candidato en el 2021. La verdad, sin embargo, es que no puede: quien no le permite postular es la Constitución, no su voluntad. Empero, ello no impide apuntalar a un delfín, o pensar en un regreso en el 2026.
La solidaridad, por cierto, es voluntaria. Exigir una “solidaridad obligatoria” es desnaturalizar el concepto: se pierde ese carácter humanitario al usar una herramienta político-ideológica. Más aún cuando los esquilmados pasaron por un proceso tributario progresivo previo, y en grupo reducido.
Todo apunta a que la medida está destinada a dos fines políticos inmediatos: por un lado, servirle de colchón al mandatario cuando se enfrente al Congreso por el tema de las AFP, y por el otro, desviar la atención y el debate sobre la efectividad de las políticas sanitarias desplegadas. La tasa de infectados sigue en aumento luego de 42 días de confinamiento, y cada vez es más claro que se hicieron muy pocas pruebas (y a destiempo), así como no nos preparamos respecto a camas UCI y ventiladores en su momento.
La popularidad, para todo mandatario, es lo primero. Eso lo sabemos. Ahora está escrito en la pared.
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