Por: Juan de la Cruz, Profesor de la Carrera de Ciencias Políticas UPC
El Comercio, 19 de julio de 2019
Es innegable que nuestro país necesita una reforma que permita mejorar el desempeño de los políticos y de las instituciones en donde ellos ejercen su labor. Una muestra de la relevancia de la necesidad de una reforma política es la baja calificación que tenemos en dos indicadores del índice de libertad económica del 2019 publicado por la Fundación Heritage. Allí tenemos que en el indicador Integridad del Gobierno el Perú tiene muy baja calificación (31,8 de 100), esto debido a los casos de corrupción que se han presentado en los últimos años. También el Perú tiene muy baja calificación en el indicador Efectividad Judicial (34 de 100), debido a la demora en la resolución de los casos y a la corrupción existente en el Poder Judicial.
Asimismo, junto con el combate a la corrupción, es necesario que la reforma política permita que los políticos que lleguen al poder y cuya función es gestionar los recursos del gobierno lo realicen de manera efectiva y eficiente. Para que el lector tenga una idea de la importancia de este aspecto, en el 2007 el gasto de los tres niveles de gobierno fue de alrededor de S/57 mil millones, siendo el gobierno central el que gastó el 68% de esos recursos, y para el 2019, el presupuesto de los tres niveles de gobierno es de alrededor de S/184 mil millones, más de tres veces el gasto ejecutado 12 años antes. Sin embargo, no es posible afirmar que la eficiencia en el gasto y los servicios que presta el gobierno como por ejemplo, seguridad ciudadana, salud, educación, hayan mejorado tres veces en calidad y cobertura en el mismo lapso.
Cualquier reforma política propuesta debe, entonces, responder a las siguientes preguntas: ¿De qué manera evitará que personas corruptas ingresen al Estado? ¿Cómo impedirá que durante las interacciones que tengan los políticos con el sector privado y dentro del Estado no se produzca corrupción? ¿De qué manera ayudará a elegir a los mejores políticos para gestionar los recursos públicos? ¿Y de qué manera mejoramos el desempeño del Ejecutivo y Legislativo a fin de alcanzar un mayor bienestar para la población? Dependiendo de las respuestas, podremos evaluar si las propuestas de la reforma política planteadas por el Gobierno tendrán un real impacto sobre la corrupción y la mejora en la gestión de los recursos públicos.
Así tenemos, por ejemplo, la propuesta que prohíbe la postulación de sentenciados por delito doloso a cargos de elección y a puestos de confianza en el Ejecutivo. Si bien podría resultar favorable para evitar la corrupción, esta propuesta no impide que los políticos elegidos y que el personal de confianza del Ejecutivo se vuelvan corruptos una vez accedan a sus puestos, menos aun garantiza que estos funcionarios sean los mejores para gestionar los recursos públicos.
Otro proyecto es el que modifica la inmunidad parlamentaria. Este se ha focalizado en un solo poder del Estado: el Parlamento. ¿Qué hay de los otros poderes, como el Judicial, cuyas actuaciones en muchos casos no han estado libres de corrupción? Si se busca una reforma con impacto, es necesario revisar la inmunidad de todas las autoridades a las que les alcanza esta prerrogativa. De lo contrario, será una reforma con impacto parcial.
En cuanto a la eliminación del voto preferencial, no se puede observar que esto vaya a suponer una mejora en el perfil de los políticos que saldrán elegidos. En otras palabras, esta ley no puede garantizar candidatos mejor capacitados para desempeñar su labor parlamentaria y, menos aun, impedir que candidatos corruptos puedan llegar al Congreso.
En resumen, la reforma política es necesaria si queremos combatir la corrupción y mejorar la gestión del gasto público. Sin embargo, los proyectos presentados por el Ejecutivo necesitan de una mayor discusión para poder, eventualmente, ser ajustados a fin de que tengan un impacto real. De lo contrario, seguiremos mal usando los recursos públicos, sin solucionar los problemas que hoy nos aquejan.
