Juan Carlos Tafur, Periodista
El Comercio, 5 de diciembre de 2017
Hay que defender los fueros institucionales del Ministerio Público, en medio de la arremetida de la mayoritaria bancada fujimorista que quiere defenestrar o, en el mejor de los casos, intimidar al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Pero a la vez es necesario llamar a la sensatez a las autoridades fiscales y judiciales. Lo peor que podría suceder es que, dejándose arrinconar por el fujimorismo, exacerben sin contención los celos jurisdiccionales respecto de las personas investigadas o procesadas en el marco del Caso Lava Jato.
Habría que aprender la lección de lo sucedido al final del gobierno de Fujimori, cuando, en muchos casos, hubo excesos judiciales, de fiscales y jueces excitados por la euforia social respecto del proceso.
En su momento –desde la dirección del diario “Correo”–, dimos dura batalla contra esos excesos, sin temor a la incorrección política y sin dejarnos asustar por los epítetos virulentos que cierta prensa antifujimorista de la época nos endilgaba. Lo hicimos en muchos casos (y lo hicimos, por cierto, cuando muchos de los que ahora son envalentonados fujimoristas en esos tiempos andaban escondidos bajo tierra, sin dar la cara).
Con ese mismo talante, hoy exigimos que se respete la justicia y el debido proceso. No es admisible el furor de las prisiones preventivas o medidas coercitivas que el Ministerio Público plantea. Si no hay riesgo procesal evidente debe respetarse que los investigados o procesados prosigan sus casos en plena libertad.
Lo dijimos cuando los procesados eran Ollanta Humala y Nadine Heredia. Lo expresamos antes, por escrito y por las ondas radiales que en esos momentos nos alojaban, por el caso de Aurelio Pastor. Lo manifestamos también cuando se trató de Félix Moreno. Y varias veces, con el caso de Manuel Burga, aun a pesar de saber que es el peruano más odiado de los últimos tiempos (su caso es de antología: pedido por la justicia norteamericana, purgó cárcel en el Perú a la espera de su extradición y cuando llegó a Estados Unidos fue inmediatamente puesto en arresto domiciliario).
Es mil veces preferible un culpable suelto en plaza que un inocente encarcelado. Así lo pienso. Y llevado al extremo. No es posible que se mande a prisión a personas que están dispuestas a seguir el juicio que se les ha iniciado, en base a subjetividades de magistrados que suelen fallar en contra de la ley pero jamás en contra de la opinión pública.
Sería terrible que el Ministerio Público y el Poder Judicial, llevados por la presión política, terminen por desatar una cacería de brujas. El fujimorismo clama venganza por lo que consideran fue una persecución política en los primeros años del milenio (sin percatarse que mañana pueden integrar la orilla de las víctimas). Pero el Ministerio Público y el Poder Judicial están a obligados a anteponer el rigor de la ley y la sensatez del debido proceso por encima del apasionamiento político.
Una cosa es el fuego purificador de una justicia que lucha contra la existencia de mafias corruptas y otra muy distinta la hoguera abusiva que actúa al son de la tribuna enardecida.
La del estribo: lamentable la salida de María Elena Herrera de la dirección del Centro Cultural del Británico. Con 16 años a cargo, logró hacer de la entidad un punto de referencia del quehacer teatral y de las artes plásticas del país.
