“La iniciativa privada es libre”, afirma categóricamente la primera oración del Régimen Económico de la Constitución de 1993. Es algo que parecen olvidar las propuestas intervencionistas que se tienen ahora en el Congreso y que van desde la amenaza de institucionalización del “perro muerto”, con la coartada de la insolvencia familiar, hasta la de prohibir los exámenes de ingreso a los colegios. Siguiendo la pauta de la Ley 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, estas iniciativas pasan por alto aquel principio fundamental del ordenamiento jurídico de nuestra economía.
Ciertamente, la primera oración del artículo 115 de la Constitución de 1979 contenía una afirmación idéntica respecto a la iniciativa privada; no obstante, este artículo no era el primero sino el sexto de su régimen económico. Precedido por cinco artículos que apuntaban en otra dirección, la libertad económica no era establecida entonces como principio fundamental del ordenamiento económico. Más bien, se diría que la libre iniciativa privada era reconocida de una manera vergonzante; y, consiguientemente, era acotada por pautas, parámetros y consideraciones de todo tipo.
Sin embargo, recogiendo las lecciones de la debacle económica ocurrida en los 12 años en que estuvo vigente la Constitución de 1979, la de 1993 trajo consigo otra manera de ver las cosas. Este cambio fue consecuencia de que, a sangre y fuego, los peruanos habíamos entendido que no era buena idea entregarle al Estado la tarea de responder a las preguntas básicas de qué, cómo y para quién producir. Las ideas intervencionistas de la Constitución de 1979, arropadas en afirmaciones románticas pero irresponsables, habían desembocado en la hiperinflación y la más feroz embestida terrorista.
La visión menos arrogante sobre el rol del Estado en la economía, contenida en la Constitución de 1993, ha dado veinte años de impresionante crecimiento económico. Sostenido y respetado por cuatro gobiernos sucesivos, el régimen económico de 1993, basado en la libre iniciativa privada, es la clave principal para explicar lo que ya empieza a llamarse el milagro económico peruano. Gracias a este, y no solo a las condiciones favorables de los mercados internacionales, como afirman algunos comentaristas mezquinos, el Perú de hoy no tiene nada que ver con el país quebrado de hace veinte años.
Aunque el contraste entre el Perú de la década de 1980 con el actual es muy expresivo, la avalancha de iniciativas legislativas intervencionistas es también un dato de la realidad.
Directamente, ella se origina en el desdén por la Constitución de 1993 por parte de los legisladores actuales; sin embargo, indirectamente, deriva también de una opinión pública desinformada, que ya ha olvidado las experiencias que se vivieron en los años de estatismo. Esta opinión pública tiene de aliados a algunos observadores extranjeros, que comentan con ligereza sobre asuntos que no terminan de comprender.
Lo que ocurra en las próximas semanas terminará de definir la situación que tendrá el Perú al cumplir doscientos años de vida independiente. El Gobierno podría continuar en una competencia con el Congreso por promover nuevas iniciativas intervencionistas; sin embargo, distinta sería la historia si toma el camino de respeto a la libre iniciativa privada, constitucionalmente consagrada.
