Por: Jaime Polar Paredes, gerente general de Summa Gold Corporation
Gestión, 9 de mayo del 2022
En los últimos 4 años, el Perú ha caído 28 posiciones en el ranking del Fraser Institute, uno de los análisis más rigurosos y reconocidos en el mundo para cuantificar el atractivo de los países para el desarrollo de inversiones mineras. En su último ranking (2021), publicado en abril, resultamos en el puesto 42 de una total de 84 jurisdicciones en el mundo.
En definitiva, se trata de una calificación negativa, siendo el Perú un país con amplia tradición minera y líder en la producción de minerales con alta demanda global.
Pero en su análisis, el Fraser Institute, además de una evaluación de los recursos mineros que posee cada región, analiza también el entorno político y social y la favorabilidad de estos para el desarrollo de las inversiones mineras. Es decir, no solo importa cuánto oro hay en el subsuelo, sino también qué oportunidades brindamos para que estos recursos sean aprovechados de manera sostenible. Y es en este aspecto donde retrocedemos.
En este deterioro de nuestra imagen ha tenido mucha injerencia la inestabilidad política. Hablamos de una nación que ha tenido cinco presidentes en menos de cinco años y que es escenario de pugnas constantes entre el Ejecutivo y Legislativo. Hemos sido también escenario de un proceso electoral que polarizó a nuestra sociedad, en la cual salieron a relucir propuestas que, naturalmente, llevan a cualquier inversionista a pensarlo dos veces antes de destinar su capital al Perú.
Algunas de estas propuestas fueron la estatización de las principales operaciones mineras del país, la revisión de contratos de concesión, el incremento de impuestos a la minería (cuando estos ya son de los más altos de la región) o el cambio de la Constitución. A ello se suman otros episodios como el protagonizado por la ex premier Mirtha Vásquez, que anunció deliberadamente el cierre de cuatro minas en Ayacucho, y el desborde de los conflictos sociales que hoy pueden paralizar operaciones mineras de gran escala, como viene ocurriendo con Las Bambas.
Para tener en el país una minería responsable, que da trabajo, paga impuestos y fomenta el desarrollo de su región, necesitamos inversiones. Y para que esas inversiones se ejecuten, debemos dar un claro mensaje de respaldo y respeto a la propiedad privada y proporcionar seguridad jurídica y tributaria. Somos un país minero. Seamos consecuentes con ello.
