Jaime de Althaus
El Comercio, 15 de febrero del 2025
“Tenemos que impermeabilizar la administración pública y desregular profundamente para devolver la libertad económica a fin de que los peruanos progresen”.
El próximo gobierno tendrá que aplicar una reforma del Estado radical que revierta el patrimonialismo que hace del aparato público un botín y una fuente infinita de regulaciones asfixiantes.
La última noticia ha sido que una de las pocas islas de eficiencia y meritocracia, el Proyecto Especial Legado, ha sido declarado extinto, y su presupuesto y bienes transferidos al Instituto Peruano del Deporte (IPD). Allí están los buitres esperando. Como ha recordado Santiago Dammert en “Perú 21″, el Proyecto Legado era la primera institución pública en firmar un contrato de ‘Facilities Management’ u operación de mantenimiento de infraestructura, adjudicado por concurso público internacional, para que el mantenimiento de todas las instalaciones y sedes deportivas fuera hecho de manera eficiente por una sola empresa especializada. Puedo pronosticar que ahora querrán despedazar el servicio de mantenimiento para repartirlo entre varias empresas, de los amigos por supuesto.
El asalto al Estado en los últimos años ha derivado en que tengamos un nuevo aeropuerto modernísimo, pero sin accesos de ningún tipo y que la Línea 2 del Metro termine en la nada del viejo aeropuerto, que quizá se convierta en un centro comercial. Debería investigarse quiénes fueron los responsables de esta falta criminal de planificación y ejecución, y propinarles una sanción ejemplar. El país tiene que aprender de estas negligencias punibles. ¿Los técnicos en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) fueron reemplazados por ladrones? ¿Los ministros no hicieron caso a los técnicos? ¿La contraloría nunca advirtió? ¿Para qué existe el Ceplan?
Lo que pasa es que el MTC fue colonizado por sinvergüenzas, sobre todo desde el gobierno de Pedro Castillo, pero esta responsabilidad viene de antes. El puente Chancay que acaba de colapsar se construyó en los años 60. Según fuentes bien informadas, en el 2017 el concesionario, Norvial, pidió al MTC reconstruirlo, pero el ministerio respondió que no, que la reconstrucción la haría Provías. Claro, la posibilidad de hacerla despertó el apetito del ministerio. Pero, por supuesto, no la hizo. Perro del hortelano que terminó matando gente.
Ahora con los huaicos la historia se repite una vez más. Lo increíble es que creímos que habíamos aprendido. Luego del Fenómeno de El Niño Costero del 2017, se creó el proyecto de la Reconstrucción con Cambios. El BID financió los estudios para que ahora sí, por fin, se interviniera integralmente las cuencas para que los ríos no trajeran un caudal excesivo en las partes bajas. Se proyectó forestar las partes altas y construir reservorios de contención en las partes medias para retener e infiltrar el agua, tarea pendiente desde hace décadas. Pero ahora sí teníamos los estudios. Pues bien, lo único que se hizo fueron defensas ribereñas en las partes bajas, que ya se han desmoronado con las crecidas de los ríos en el 2024, como ha documentado Fernando Cillóniz, porque, además, fueron mal construidas, por robar seguramente. ¿Qué pasó? La autoridad de Reconstrucción con Cambios fue asaltada por los políticos y el personal técnico reemplazado por recomendados de los congresistas.
Tenemos que impermeabilizar la administración pública y desregular profundamente para devolver la libertad económica a fin de que los peruanos progresen en el mercado, y no en el Estado, asaltándolo.
