Jaime de Althaus, Antropólogo y periodista
El Comercio, 11 de diciembre de 2015
Si nos guiamos por los discursos de los candidatos en la CADE no hay muchos motivos para estar optimista. No hay suficiente conciencia de las reformas que deben hacerse para retomar el crecimiento, evitar que la nueva clase media que ha nacido estos años retorne a la pobreza y que los gobiernos subnacionales y parte del Poder Judicial, la fiscalía y la policía terminen de ser capturados por mafias de todo tipo en un país de territorios liberados.
Es cierto que, en el fondo, se trata de discursos de campaña. Veremos mejor a la hora en que se conozca los planes de gobierno. Estamos en la etapa de las promesas, con la creencia implícita que basta con formular una meta y esta se va a cumplir por el solo hecho de llegar al poder.
Pero los candidatos se han olvidado que llegar al poder no garantiza nada en un Estado que, en los últimos quince años, ha perdido control del territorio desde que muchos gobiernos regionales y locales han pasado a manos de personas que no pertenecen a partido político alguno y que probablemente son la punta de lanza de redes ilícitas que han descubierto lo fácil que es asaltar el botín presupuestal.
Ningún candidato, salvo Toledo –y haciendo un mea culpa–, planteó la necesidad de la reforma de la descentralización y de la recuperación de la capacidad de control e intervención por parte del Gobierno Central. Acabamos de ver al gobernador regional de Madre de Dios liderando un paro en defensa de la minería ilegal, y cómo cargamentos enormes de tala ilegal salían con la anuencia de funcionarios regionales de Loreto que brindaban legalidad al origen de la madera, y cómo acá nomás, en el Callao, mafias de todo orden se enfrentan y entrelazan con autoridades subnacionales y jueces.
Hubo, sí, algo más de conciencia en torno a que profundas reformas se tendrán que hacer en la policía y en el sistema judicial para recuperar el orden y la seguridad en las ciudades y lograr que el imperio de la ley derrote al imperio del crimen organizado. El Perú tiene la tasa de victimización por delincuencia más alta de las Américas y aunque tiene todavía una tasa de homicidios por debavicjo del promedio latinoamericano, hay 11 ciudades asoladas por guerras entre mafias en las que dicha tasa es bastante más alta que dicho promedio. Sin embargo, nadie planteó cómo hacer para inducir un cambio significativo en el Poder Judicial.
Pero no solo se trata de reconstruir la capacidad y la autoridad del Estado en el territorio. También hace mucho tiempo que perdió autoridad en la sociedad. Este es un Estado sin ciudadanos. La mayor parte vive en la informalidad. Las leyes civiles, tributarias y laborales no rigen, por la sencilla razón de que son, por lo general, incumplibles, para unos pocos. Salvo PPK y en alguna medida Keiko Fujimori, ningún candidato presentó ideas para reducir la informalidad. Y, por cierto, ninguno tocó el tabú de la reforma laboral.
Porque así como necesitamos reformas para fortalecer la autoridad del Estado, las necesitamos para incorporar a los ciudadanos a la legalidad.
