Iván Arenas
Perú21, 7 de febrero del 2025
«Con el cobre podría pasar lo que en Pataz, Puno, Arequipa y en otras regiones donde la ilegalidad, que se ampara con la informalidad, ha logrado constituirse como una fuerza productiva con externalidades negativas, amén de una economía brutalmente criminal».
En una reciente entrevista para este medio, Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), ha dicho que la minería ilegal le ha “puesto la mira al cobre” y que viene avanzado alrededor del denominado Corredor Minero del Sur (atraviesa Cusco, Apurímac y Arequipa) y comprende varias de las más importantes operaciones cupríferas del Perú y del planeta.
En otras palabras, con el cobre podría pasar lo que en Pataz, Puno, Arequipa y en otras regiones donde la ilegalidad, que se ampara con la informalidad, ha logrado constituirse como una fuerza productiva con externalidades negativas, amén de una economía brutalmente criminal. Para reforzar la idea, se estima que solo de las zonas cercanas a Las Bambas salen aproximadamente más de 150 camiones que transportan el mineral de cobre hacía las plantas del sur peruano. Por el lado de Chumbivilcas son más o menos 200 camiones. Por lo tanto, hay dos corredores: el primer corredor minero formal y moderno, que tributa, cumple estándares sociales, genera una economía local encadenada al mundo donde hay comunidades proveedoras; el segundo es el corredor minero ilegal-informal que no beneficia a las comunidades, destruye vías y varias razones. Aquí están los mal llamados mineros ancestrales, invento de empresarios ilegales y algunas ONG, coartada perfecta para legitimar socialmente sus economías ilícitas.
“Tenemos oro, tenemos cobre, pero el pueblo sigue pobre”. Es uno de los tantos eslóganes agitados por la izquierda opositora a la minería en cada calle y plaza para liquidar las inversiones privadas en nuestros metales. Lo que no dicen es que gobernadores y alcaldes de las zonas mineras que viven de los beneficios de la minería formal provienen desde la propia izquierda; sin embargo, son una absoluta nulidad. Un dato: entre enero y noviembre de 2024 las transferencias del sector minero formal al Estado han llegado a S/8,024 millones; y de este último número S/5,579 millones provinieron del canon minero. Así estamos.
Mientras las economías ilegales empiezan a mirar al cobre, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha amenazado con posibles aranceles al aluminio y al cobre. La idea de Trump es que sus propios inversores desarrollen proyectos en EE.UU., tarea difícil porque una mina demora en entrar en funcionamiento más o menos 29 años. Ya Reagan —en 1984— trató de imponer aranceles a Chile a pedido de empresarios que, en aquel entonces, buscaron la protección del “papá-Estado”, cosa que se negó.
Nadie sabe cómo actuará Trump. Por ello Chile ha conformado un grupo especial para seguir con atención el tema y construir escenarios en caso suceda. Como siempre en el Perú, tercero en producción después del Congo (hoy en un caos político), aún el Estado y el gobierno no han tomado precauciones.
