Iván Arenas
Diálogo Social
Para Lampadia
El economista Hernando de Soto ha presentado -junto a Romualdo Ochoa (presidente de la comunidad de Huancuire en Coyllurqui) una propuesta que en resumidas cuentas, asegura el ex candidato presidencial, acabarían con los conflictos sociales alrededor de la minería moderna.
La propuesta del economista es convertir en socios a las comunidades aledañas a las operaciones o proyectos mineros (inspirados en unas reglas de juego tradicional quechua llamada “waky” que quiere decir sociedad).
Esta propuesta tiene un eje central: la creación de acciones o papeles- valor que sean comercializados en los mercados mundiales. En otras palabras, el valor de la superficie comunal potencialmente minera (no el subsuelo que le pertenece a la nación) serán colocadas en los mercados mundiales a través de acciones.
Antes de continuar y desarrollar la idea sobre dónde radica el yerro de Hernando de Soto vale detenerse en lo siguiente: La propuesta de Hernando de Soto no incluiría en todo caso a la comunidad de Huancuire por una sola y sencilla razón que explico a continuación. En el 2013, es decir, hace 9 años atrás, Las Bambas compró a Huancuire, el predio de Chalcobamba, el próximo tajo de producción de cobre- a S/222 millones de soles que fueron repartidos entre las familias (le tocó S/1.7 millones). Vale indicar que primero fueron S/122 millones y luego S/100 millones.
Como se sabe, desde mayo pasado los dirigentes de Huancuire y los comuneros han tomado (invadido) el predio Chalcobamba y no reconocen la venta que se hiciera a Las Bambas. No solo eso: al día de hoy Las Bambas y el tajo Chalcobamba han obtenido la Autorización de Inicio de Actividades, requisito técnico y legal entregado por el Ministerio de Energía y Minas. En otras palabras: el tajo Chalcobamba debería -en el papel- iniciar actividades para su explotación en el mediano plazo. Todo lo anterior nos lleva a una sola conclusión: en caso de que la propuesta de De Soto funcione, Huancuire no podría ser incluida ¡porque ya vendió, ya tiene un acuerdo, un contrato de compra y venta y ha obtenido beneficios (¡S/222 millones) por ello!
Ahora bien, vayamos a identificar el yerro de De Soto quien indica que con su propuesta se acabarían todos los conflictos sociales. El principal error de De Soto es considerar que el acuerdo económico solucionará el conflicto entre comunidades-empresas, alrededor de la minería moderna.
Ello no es tan cierto. Para el suscrito el problema fundamental es la baja institucionalidad comunal que origina la ruptura de los acuerdos y compromisos por parte de las propias comunidades. ¿Por qué?
Tomemos el caso de Huancuire. Dicha comunidad en el 2013 vendió la propiedad Chalcobamba a S/122 millones sin embargo años después (2017) -con otra directiva y asesorados por estudios de abogados expertos en generar conflictividad exigió -mediante paro y bloqueos- una nueva transacción y mayores beneficios económicos. El resultado es que Las Bambas volvió a pagar otros S/100 millones, ante una posible escalada del conflicto.
El caso de Fuerabamba es exactamente igual. La comunidad, dirigentes tras dirigentes han “logrado” re negociar con Las Bambas acuerdos y compromisos firmados en el marco de la ley peruana y el respeto al Estado de derecho. Fuerabamba ha logrado beneficios por más de S/1000 millones de soles.
En otros conflictos alrededor de proyectos u operaciones han sucedido situaciones similares. La comunidad, la asamblea y sus dirigentes se comprometen a recibir ciertos beneficios no obstante meses o años después, esa misma asamblea dirigida por otros líderes vuelve a patear el tablero y exige renegociar lo firmado. Así tenemos que cada dos años se establecen mesas de diálogos para “revisar” los compromisos, ergo para exigir renegociaciones pecuniarias. Así hasta el infinito.
¿Por qué sucede esto? Por varias razones inherentes a la propia comunidad, entre ellas porque existe la percepción que el dirigente comunal recibe mayores compensaciones directas o indirectas en las propias negociaciones. Asimismo, los cambios generacionales y la alternancia dirigencial (que suelen representar a grupos diversos dentro de la propia comunidad) son incentivos y condiciones que llevan a romper las reglas de juego.
Para De Soto, todo se resuelve con acuerdos comerciales, transacciones económicas entre privados, pero ello ya se realiza con beneficios directos y a veces millonarios para las comunidades.
El tema aquí es que no se respetan estos acuerdos o compromisos por parte de las propias comunidades, un privado al fin y al cabo.
Suspirar por el waki waki o anhelar la reciprocidad es parte solo de una parte mal contada de prejuicios y anteojeras con los que se suelen ver a las comunidades. Lampadia
