Por: Iván Alonso, Economista
El Comercio, 4 de enero de 2019
Se ha vuelto un lugar común decir que debemos poner a un lado nuestros intereses particulares para dar paso al interés general del país. ¿Cómo se reconcilia esta exhortación con nuestras ideas de libertad? Toda persona tiene derecho a buscar la felicidad a su manera. A unos les interesan los deportes; a otros, viajar; a otros, el urbanismo. Que cada uno pueda perseguir sus intereses particulares es la esencia de una sociedad libre.
En cuanto a la libertad económica, que no es más que una de las dimensiones de la libertad personal, los que creemos en la economía de mercado nos atenemos (o deberíamos atenernos) a la célebre sentencia de Adam Smith: que cada persona, al perseguir sus intereses particulares, es llevada como por una mano invisible a servir el interés general. Para ganar plata, hay que vender algo que la gente quiera comprar y a un precio que esté dispuesta a pagar. Hay que satisfacer, en otras palabras, los intereses particulares de los consumidores, por la sencilla razón de que, en una economía libre, ningún consumidor está obligado a comprarle a nadie.
Si las economías más libres son, como demuestra la historia, las más prósperas (y también, sospechamos, las menos corruptas), ¿tiene cabida ese llamado a deponer los intereses particulares? Pues sí la tiene; pero no en el terreno de la producción y el consumo, donde los intereses particulares de unos compiten con los de otros para orientar los recursos hacia aquellos bienes y servicios que mejor los satisfacen, sino en el terreno de las políticas públicas. Son el gobernante y el legislador quienes deben poner siempre, en el ejercicio de sus funciones, el interés general por encima de los intereses particulares, propios o ajenos.
Cuando la ley se sesga en favor de algún interés particular, inmediatamente se sesga en contra de otros. Un arancel sirve al interés particular del ganadero, que no puede competir con las importaciones de leche, pero atenta contra los intereses particulares de los consumidores, que terminan pagando un precio más alto. Un subsidio a los beneficios sociales para los jóvenes sirve a los intereses particulares de los trabajadores menores de 25 años o de 30, pero atenta contra los intereses particulares de los mayores, que ven reducidas sus oportunidades de empleo. Una reducción de la tasa del impuesto sobre la renta sirve al interés particular de la acuicultura, pero atenta contra los de otros sectores, que tienen que ofrecer rentabilidades más altas, antes de impuestos, para atraer capital.
Naturalmente, si el interés particular de una persona o de una empresa o de un sector necesita de la ley para prevalecer sobre sus competidores es porque no puede desplazarlos compitiendo. No puede ofrecerle al consumidor un producto más barato que el producto importado. No puede ofrecerle al empleador las mejores habilidades disponibles en el mercado para un determinado puesto de trabajo. No puede ofrecerle al inversionista un retorno comparable al que ofrecen otras oportunidades de inversión. Cada vez que la ley favorece algún interés particular, desvía los recursos hacia usos menos productivos y reduce, en esa medida, el bienestar económico del país. En el terreno de las políticas públicas, la persecución del interés particular no conduce al gobernante a servir el interés general, sino todo lo contrario.
