Ian Vásquez, Instituto Cato
El Comercio, 22 de octubre de 2016
¿Será eficaz la nueva campaña contra la corrupción anunciada por el gobierno? Sin un mayor cambio institucional, cosa que no está contemplado, me temo que los resultados serán bastante limitados. La cultura de la corrupción está para quedarse en el Perú.
Y ciertamente se trata de un factor cultural, condicionado por siglos de reglas y normas que favorecen la coima, los tratos preferenciales y las prácticas que corrompen al servidor público y al ciudadano. Es una de las razones por las que es tan difícil combatir la corrupción. Mucha gente en puestos de poder y miembros de la élite se benefician del statu quo y no están dispuestos a cambiar las reglas del juego. Además, si todos esperan que otros vayan a sobornar, por ejemplo, al inspector, hay un incentivo para hacer lo mismo. La corrupción se vuelve parte de la realidad social, un aspecto cultural difícil de romper.
Sabemos, felizmente, que las actitudes y las normas de la gente pueden cambiar en el tiempo y que hay ejemplos de países que han reducido notablemente sus niveles de corrupción. Es el caso de la República de Georgia, que hace diez años figuraba en el puesto 130 del índice de corrupción publicado por Transparencia Internacional y que ahora ocupa el lugar 48. También es el caso de Hong Kong y de Singapur, según el profesor Eric Uslaner de la Universidad de Maryland.
Esos y otros casos muestran una tendencia general: hay una relación fuerte entre el nivel de corrupción y el ambiente institucional. Si las políticas y las instituciones de un país ofrecen oportunidades para que florezca la corrupción, la gente se comportará acorde con esa realidad. Si las regulaciones burocráticas son excesivas y costosas de cumplir, la gente las ignorará cuando pueda y coimeará cuando pueda para poder ejercer alguna actividad. De allí que la mayoría de los peruanos se encuentran en la informalidad. Estrictamente, son delincuentes. Las leyes peruanas han corrompido a la población.
Esa tendencia entre un Estado pesado y la alta corrupción la comprueba el Índice de Libertad Económica del Fraser Institute, pues la correlación entre los dos indicadores es fuerte. A más libertad económica, menos corrupción. Parece comprobar, además, que la corrupción es efecto, no causa, como dice el experto legal Enrique Ghersi. La corrupción no es lo que causa el subdesarrollo, sino que es un síntoma de ello. En vez de programas que buscan luchar contra los corruptos, es mucho más eficaz cambiar el ambiente que alienta prácticas corruptas. Hace 15 años, Georgia era un país reprimido por un Estado sobredimensionado; ahora figura, como Hong Kong y Singapur, entre los países mas económicamente libres –y con mucho menos corrupción–.
El gasto público también suele ser una fuente de corrupción. Por eso, el reconocido economista búlgaro Simeon Djankov dice que “la corrupción se reduce significativamente si se reduce el rol redistributivo del Estado”. Da varios ejemplos de países económicamente exitosos de Europa central que redujeron su gasto público de manera sustancial.
En países con grandes problemas de corrupción, los programas para combatirlos están destinados al fracaso si no reducen el peso del Estado. Más aun si tales países sufren de un Estado de derecho débil, como es el caso peruano. (De hecho, la relación entre la corrupción y un Estado de derecho débil es todavía más fuerte que su relación con la libertad económica). Y cuando el imperio de la ley es deficiente, la discreción enorme que tienen los gobernantes sobre el gasto y la formulación de las leyes abre las puertas a más corrupción. No solo es difícil aplicar sanciones a quienes vulneran la ley, los legisladores crean reglas para incrementar oportunidades para la corrupción en vez de incrementar el bienestar.
Todo eso, según Luigi Zingales de la Universidad de Chicago, cuenta como corrupción, a pesar de ser en parte legal. Para Zingales, es un acto corrupto que un legislador destine fondos a una universidad, por ejemplo, que haya apoyado su candidatura. Viola, pues, el concepto de la imparcialidad. Y no solo debilita el Estado de derecho; caracteriza al Estado sobredimensionado y la forma de gobernar en el Perú. La mejor manera de combatir la corrupción es achicar el papel de los políticos y los burócratas en la sociedad.
