Ian Vásquez, Instituto Cato
El Comercio, 7 de enero de 2017
Ecuador celebra elecciones presidenciales el mes que viene y con eso está llegando a su fin la llamada “revolución ciudadana” liderada por Rafael Correa. O tal vez no. El candidato oficialista, Lenin Moreno, encabeza las encuestas con una ventaja de más de diez puntos sobre el ex banquero Guillermo Lasso, y muchos ecuatorianos sospechan que, de salir elegido, Moreno respondería a Correa siguiendo el modelo que ingenió Vladimir Putin cuando dejó la presidencia rusa temporalmente unos años atrás –pero no dejó de mantener el control–.
En estos tiempos, sin embargo, en que las democracias desde el Perú y Colombia hasta EE.UU. y Gran Bretaña nos han sorprendido, es imprudente adivinar qué pasará. La oposición también podría estar confiada de su triunfo, pues con una economía en deterioro el gobierno se ve complicado por casos de corrupción que han salido a la luz, como los de Odebrecht en el que hubo US$33,5 millones en sobornos a sus funcionarios.
Parece interminable la lista de proyectos cuestionados o que sufren de irregularidades sospechosas. Incluye un oleoducto de 93 kilómetros para conectar una refinería que aún no existe y en la que se han gastado US$1.500 millones, una planta de gas y una refinería cuyos costos por lo menos se duplicaron, medicamentos vendidos por la empresa estatal farmacéutica a precios cinco veces superiores a los internacionales, etc. También se destapó una red de corrupción en la empresa estatal petrolera que involucró al gerente de Petroecuador, nombrado por Correa y su vicepresidente, quien es ahora el candidato oficialista para el mismo puesto. El problema del gobierno se agudiza porque el actual fiscal, Galo Chiriboga, firmó proyectos involucrados en escándalos de corrupción como presidente del directorio de Petroecuador y ministro de Minas y Petróleo. Es el mismo fiscal que ha mostrado poco interés en investigar el Caso Odebrecht.
El gobierno que llegó al poder prometiendo “manos limpias” ya no se ve tan puro. En realidad, nunca lo fue. Desde el momento que empezó su mandato en el 2007, Correa empezó a violar las instituciones. Amparó la destitución ilegal de la oposición en el Congreso, lo cual le dio la mayoría para remover a los miembros del Tribunal Constitucional que se pronunciaron en contra de dicha destitución, cosa que le permitió también formar una Asamblea Constituyente, que a su vez violaba la ley dado que la Constitución no la contemplaba.
Fue así como empezó la “revolución ciudadana”. Para suerte de Correa, coincidió con la bonanza petrolera. Por eso pudo agigantar al Estado. Para el 2014 el gasto público llegó a 44% del PBI, la deuda pública aumentó de US$8.000 millones en el 2010 a US$28.000 millones y el empleo público se incrementó en más del 50%. El gobierno justificó todo con resultados: durante varios años, Ecuador gozó de un alto crecimiento de entre 3% y 8% y la pobreza bajó del 37% en el 2007 al 24% en el 2015.
Pero como lo muestran Pablo Lucio Paredes y Pablo Arosemena en un libro nuevo, antes de la bonanza petrolera, entre el 2000 y el 2006, la economía creció en promedio 4,2% –lo mismo que en los años de bonanza entre el 2007 y el 2014–. Además, la pobreza estaba cayendo a un ritmo mayor que antes de la “revolución ciudadana”. Con muchos más recursos se ha logrado menos.
Después de un 2016 de contracción económica de -2,2%, que a su vez siguió a un año de estancamiento, al Ecuador le espera por lo menos un año –y quizás más– de contracción, según proyecciones.
La “revolución ciudadana” ya es más difícil de justificar. Y no debe sorprender que ese modelo de gasto descontrolado, centralización de poder y arbitrariedad en la gobernanza trajera como consecuencia un alza de corrupción y una pérdida de libertades ampliamente documentada por organizaciones internacionales. Human Rights Watch (HRW), por ejemplo, ha criticado duramente al gobierno porque “ha abusado de sus facultades para acosar, intimidar y castigar a sus críticos”. Los casos de censura y abuso son deplorables. HRW concuerda con otras ONG en que el gobierno está socavando la independencia judicial.
Que la campaña presidencial ecuatoriana se esté dando dentro de ese contexto político e institucional hará de la contienda y sus resultados algo más impredecible.
