Gonzalo Rojas
El Mercurio, 12 de octubre de 2016
¿Podía el actual gobierno lograr una reacción unánime frente a alguna de sus reformas estructurales?
Sí, lo ha conseguido en el caso del proyecto sobre educación superior: no ha habido quien lo haya encontrado ni siquiera aceptable. Y esos quienes son nada menos que los rectores, los parlamentarios y los investigadores especializados en el tema; incluso, los dirigentes estudiantiles lo rechazan. Las razones varían, pero la repulsa es generalizada.
El ministerio parece allanarse entonces a la necesidad de hacer indicaciones sustitutivas. Pero, ¿no sería justamente esta la oportunidad de emprender un trabajo de otra envergadura, serio y metódico, todo lo desideologizado que se pueda, paciente y patriota?
Por cierto que sí, pero esa tarea no puede realizarse desde el mismo ministerio, contaminado justamente con los vicios contrarios: frivolidad, improvisación, ideologización, apuro, sesgo.
¿Por qué no encargarle al Consejo Nacional de Educación ese trabajo? Esa entidad tiene entre sus fines promover la reflexión y la investigación en el ámbito educacional, y para cumplir sus tareas se relaciona con la Presidencia de la República a través del Ministerio de Educación. Cualquier informe sobre la materia podría, por lo tanto, llegar a la Presidenta pasando por el mismo organismo hoy a cargo, solo que depurado de los vicios exhibidos.
Para concretar su tarea, el Consejo podría hacer la gran encuesta aún no realizada, la que el Gobierno ha omitido porque sin duda arrojaría resultados claramente contrarios a los presupuestos en que se funda el actual proyecto. En las universidades chilenas enseñan hoy unos 70 mil profesionales, de los cuales casi un tercio tiene el grado de doctor. Ese es el universo fundamental para cualquier consulta sobre educación superior; ese es justamente el gran pozo de información y criterio hasta hoy ignorado. Diseñar una buena encuesta sobre los grandes temas del ramo les tomaría un tiempo breve a los auténticos especialistas.
¿Qué debiera incluir?
En primer lugar, la pregunta por la autonomía y la diversidad. Esa consulta nos daría la posibilidad a todos los profesores universitarios de reafirmar nuestra conformidad con un sistema de múltiples provisiones, de múltiples idearios, de múltiples orientaciones. Mostraríamos con nuestras respuestas cuán a gusto nos sentimos trabajando para esta o aquella institución y qué positivo nos parece que los que quieran puedan moverse dentro del sistema, buscando mejores posibilidades de docencia e investigación.
A continuación, la encuesta podría preguntarnos por los regímenes de participación y gobierno. Seguramente se encontraría con una muy mayoritaria respuesta apoyando el carácter jerárquico de las universidades, con la afirmación de la necesidad de que las gobiernen a todos los niveles los profesores de las más altas categorías, oyendo a los alumnos y a los administrativos, pero sin las interferencias de los fracasados cogobiernos.
Si además se incluyera una pregunta sobre admisión, muy probablemente la mayoría de nosotros insistiría en métodos que asegurasen el reconocimiento del talento y del mérito, y que alejen de la universidad el fantasma del igualitarismo que nivela hacia abajo y hace casi imposible la docencia en primer año, transformándolo en un quinto medio. Y si a esta pregunta fuese asociada aquella otra, la de la gratuidad, no sería para nada sorpresivo que la mayoría nos inclináramos por las becas en reconocimiento de la calidad y no por una legislación de gratuidad universal, tan proclive a la mediocridad como regresiva.
Y así con otra media docena de temas.
¿Se animará el Consejo?
