Gonzalo Prialé, Presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN)
El Comercio, 29 de febrero de 2016
El manejo del agua y el saneamiento suscita temores de la población y eso desanima a los políticos de encarar el problema. El agua es la necesidad básica fundamental. Lastimosamente en el país aún existen millones de peruanos sin conexión domiciliaria de agua ni desagüe. Los problemas de salud que esto acarrea son endémicos en las zonas más pobres. Uno de los más relevantes indicadores de pobreza es la falta del servicio.
Sedapal, la empresa pública encargada del servicio en Lima, no está a la altura del reto. No tiene capacidad de invertir lo que se presupuesta anualmente para mejoras de redes o ampliación del servicio, y sus recursos están lejos del monto necesario para cerrar la brecha en los próximos años. Resultaría iluso ‘repotenciar’ la empresa pública, listándola en bolsa e introduciéndole gobierno corporativo y buenas prácticas. Las cosas no cambiarán por decreto.
En las regiones, las entidades prestadoras del servicio están casi todas quebradas, y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), presentado como fórmula salvadora, no ha dado resultado. Según AFIN, la brecha estimada nacional 2016-2020 es de US$6.970 millones.
Para Lima, sin embargo, surgen esperanzas de solución. El año pasado se presentaron tres iniciativas privadas autosostenibles (IPA) para la gestión del agua y saneamiento en Lima norte, Lima centro y Lima sur, respectivamente, que han sido priorizadas y halladas relevantes. Estas, además, continúan en análisis para su declaratoria de interés, lo que –según el Ministerio de Vivienda– tendría que definirlo el siguiente gobierno.
El proponente asume los riesgos de demanda, de morosidad y de la tarifa, y no requiere subsidio alguno del Estado ni solicita aumento de la tarifa.
Se pretende llegar al 100% de cobertura, incluido el incremento de la población, y brindar 24 horas de agua continua al día, en un programa con metas preestablecidas. Hoy la cobertura promedio en Lima –según Sedapal– supera el 90%, con 22 horas de agua promedio al día, pero solo 83,5% de los usuarios cuenta con micromedición.
¿Cómo se cubrirán los costos y expandirá el servicio, sin necesidad de incrementar tarifas? Pues mediante mejoras de eficiencia respecto a la gestión de Sedapal. Hoy 29% del agua despachada por Sedapal se pierde, no es facturada, y no se cobra 9% de lo que factura.
Entonces, hay que disminuir costos de operación y costos administrativos generados por la ineficiente tercerización de funciones hecha por Sedapal. También reducir el agua perdida por fugas y robos, las conexiones clandestinas, el número de reclamos y su tiempo de atención. Asimismo, mejorar los índices de gestión e incrementar la facturación.
No estamos ante una privatización o tarifazo. Se trata de contratar a operadores calificados, con expertise a escala internacional, para que manejen la gestión del agua y el saneamiento, su distribución, operación, mantenimiento y expansión de redes, en contratos a 30 años.
Los cientos de miles de pobladores limeños que ahora no tienen agua y pagan más de diez veces la tarifa residencial, al conectarse a la red pública, tendrán un ahorro muy significativo, lo que los convertirá en defensores de las IPA en agua y saneamiento. Lampadia
