Gonzalo Prialé, Analista político
Correo, 31 de enero de 2016
Hasta hace unas tres décadas gravitaba en América Latina y el mundo una pugna entre la corriente estatista y la de los partidarios del libre mercado. En nuestra región no había vuelta que darle: las grandes obras se hacían como obra pública, con financiamiento de las multilaterales que dominaban la materia y las decisiones de los gobiernos de turno.
Como los recursos fiscales eran limitados, se hacían pocas obras públicas de importancia. En el Perú, por ejemplo, se podría decir que en la segunda mitad del siglo pasado se hicieron un par de grandes proyectos, megaproyectos para la época. La hidroeléctrica del Mantaro y el Zanjón en Lima. La construcción de la hidroeléctrica, con 800 MW de generación, se inició en 1967 y su segunda etapa concluyó en 1979. El Zanjón o Paseo de la República se inició en 1967, llegó de Plaza Grau a Javier Prado en 1968, y su segunda etapa hasta Barranco se culminó en 1971. ¡Dos “megaproyectos” en medio siglo!
A inicios de los años 90, esto empezó a cambiar. El Reino Unido lanzó con éxito su primer programa de asociaciones público-privadas (APP) en infraestructura. El modelo pegó, comenzó a evolucionar y a expandirse a otros países. La razón es que la participación privada brinda capitales, aligerando la carga de la deuda para los gobiernos, y que la gestión privada de las obras y de los servicios públicos ha probado ser superior a la estatal. Además, su operación y mantenimiento a largo plazo, a cargo del concesionario, está garantizada en los contratos de APP, subsanándose así el gran problema de los gobiernos en el mundo: la falta de mantenimiento de las obras públicas.
Cómo será de grande este problema, que McKinsey estimó hace pocos años que el mundo necesita invertir unos 57 trillones de dólares (casi el PBI mundial) en infraestructura pública al 2030 solo para sostener un ritmo de crecimiento moderado, acompañar el incremento de las necesidades y evitar que siga deteriorándose la infraestructura existente.
Las APP son el vehículo adecuado para cerrar las brechas en los países e incrementar su potencial de crecimiento sostenible. El viejo debate con respecto al rol del Estado y las obras públicas quedó superado por las alianzas público-privadas. Ampliando el enfoque, veamos a continuación otros dilemas del pasado vinculados al anterior que han quedado también superados por la realidad, aunque muchos no se percatan.
Crecimiento hacia afuera o hacia adentro. Hasta hace unos años se creía que la solución para nuestra economía es exportar, y que al crecer las exportaciones se produciría un chorreo que resolvería los demás problemas y la pobreza en automático. Esto no es así. No basta conectar las minas con los puertos. Debemos impulsar la conectividad y la infraestructura económica y social en las regiones. Se necesita desarrollar el mercado doméstico sin descuidar las exportaciones ni el comercio exterior.
Manejo económico procíclico o contracíclico. Si bien es cierto que las APP dan resultados como una inversión contracíclica que sirve para salir de la desaceleración al reactivar la economía, hay mucho más que eso. Esencialmente, la inversión en infraestructura debe ser acíclica, convertirse en un empeño permanente. Para dejar atrás la pobreza, los países necesitan invertir continuamente en obras rentables económica y socialmente, bien seleccionadas y priorizadas, durante al menos 10 años seguidos para comenzar, aunque las vacas estén flacas o estén gordas.
Diversificar la economía o exportar minerales. Con los tributos mineros, la principal fuente de ingresos del país, se puede construir la base material de infraestructura que permitirá diversificar la economía y viabilizar inversiones competitivas en las regiones. Al bajar el costo de transar, una vez equipadas con energía, agua, transportes y comunicaciones, las regiones podrán atraer inversiones competitivas, sostenibles. Cuando el Estado escoge ganadores y promueve sus inversiones en zonas del país, aunque no estén conectadas y equipadas, no logra resultados, dado que por la falta de infraestructura el costo logístico en el Perú supera largamente el de otros países que producen los mismos bienes a menor costo total.
El consenso favorable a las APP y al uso de recursos fiscales y endeudamiento público para cofinanciar lo que resulte necesario, que se aprecia en la campaña electoral, permite esperar acciones inmediatas del nuevo gobierno. Mientras se va cerrando la brecha en infraestructura 2016-2025, de 160,000 millones de dólares, se generarán empleos, mayores impuestos, y se irá reduciendo la pobreza, al tiempo que el país incrementa su potencial de crecimiento.
