Por: Federico Salazar
El Comercio, 11 de Setiembre del 2022
“Cuando la corrupción es de un gobernante de izquierda, ¿se descarta su eventual responsabilidad?”.
El presidente Pedro Castillo es investigado por la Fiscalía de la Nación. Él y su defensa hacen todo lo posible por evitar que se sepa la verdad.
Castillo se calla ante la fiscalía. Hace cambios en la Policía Nacional del Perú para sacar a Harvey Colchado de la pesquisa fiscal-policial. Trata de cerrar el paso a la información que la prensa obtiene sobre las acusaciones.
Castillo tiene derecho a la defensa política. Sus defensores –deben saberlo– defienden a un investigado por actos de corrupción.
Castillo presentó una tesis, supuestamente, en el 2012. Su ex secretario general Bruno Pacheco contó que la tesis fue comprada en el 2021 y, de hecho, contiene citas, plagiadas, del 2017. El fraude es flagrante.
En la licitación de Puente Tarata III, se sabe que existieron reuniones entre empresarios, Zamir Villaverde y funcionarios de Provías descentralizado. La cadena de testimonios es asombrosa.
El presidente habría cobrado cupos por ascensos militares y policiales. Lo dice Bruno Pacheco, que ha reconocido que intermediaba.
Hubo tráfico de influencias en la licitación por US$70 millones para la compra de biodiésel. Coinciden testimonios y visitas de un empresario al presidente.
Un decreto de urgencia facilitó fondos a la Municipalidad de Anguía. El alcalde está investigado por coimas y Yenifer Paredes, la cuñada-hija del presidente, había ofrecido esas obras a través de empresas fantasmas.
El primer ministro Aníbal Torres habla de un complot mediático, fiscal y judicial para, supuestamente, sacar a un presidente elegido democráticamente.
Alejandro Toledo fue elegido democráticamente. Ahora sabemos que, desde el inicio de su gobierno, pidió sobornos a Odebrecht.
Vladimir Cerrón, de Perú Libre, también defiende a Castillo. Dice que ha sido un mal presidente y que ha traicionado su programa.
Según Cerrón, sin embargo, los indicios “solo comprometen a personas del entorno”. Más aún, “todavía no hay una prueba irrefutable de que Castillo está involucrado”. La “guerra contra Castillo es una guerra racial”.
¿Toledo es inocente por razones raciales? Por razones raciales, entonces, ¿Castillo es, necesariamente, inocente?
Cerrón defiende “el proceso democrático” para no darle paso a “un golpe de Estado derechista”. Es el mismo discurso del ministro Torres. Como hay un golpe en curso, Castillo es inocente, y no debe ser investigado. Eso es como decir, en 1959, que Fulgencio Batista era inocente porque fue derrocado en Cuba.
Guido Bellido, candidato a presidente del Congreso, también defiende a Castillo. Ha dicho que “nadie tiene derecho a pedir la renuncia de un presidente democráticamente elegido”.
“Frente a la implementación de la guerra jurídica (Lawfare) contra el presidente Castillo y militantes de Perú Libre con el único fin de derrocarlo, la defensa de la democracia pasa a manos del pueblo peruano, son ellos (sic), como dueños del poder, encargados de hacerlo respetar.” (Un tuit del 10 de agosto). Castillo, dice, está “obligado a resistir”.
Verónika Mendoza, excandidata presidencial, no se pronuncia sobre las denuncias de corrupción. Ataca el “golpismo”, pero calla sobre la tesis fraudulenta, las licitaciones amañadas, las prisiones preventivas, los cupos para los ascensos.
Cuando la corrupción es de un gobernante de izquierda, ¿se descarta su eventual responsabilidad?
De izquierda o derecha, la corrupción debe denunciarse. No hay pretexto para encubrirla o soslayarla. La izquierda, la oficiosa y la oficialista, encubren. Eso es muy malo para su futuro político, pero sobre todo para el país.
