Por: Elmer Cuba, economista
El Comercio, 30 de agosto de 2018
El Comercio, 30 de agosto de 2018
El problema central de la economía peruana es su baja tasa de crecimiento, que no permitirá que el país tenga una convergencia hacia el desarrollo económico.
Según un estudio del Banco Mundial sobre el Perú (2015), casi un tercio del crecimiento económico entre el 2000 y el 2013 se debió a fundamentos estructurales (escolaridad, crédito privado, apertura económica, infraestructura, gasto del gobierno y calidad de las instituciones). Otro tercio, a la persistencia del modelo económico (estabilización macroeconómica y reformas estructurales pasadas). Y el último tercio, a factores externos (precios de las materias primas y liquidez internacional).
Si esto es correcto, la economía peruana está condenada a irse estancando secularmente ante la ausencia de nuevas reformas económicas e institucionales.
Ello porque los vientos externos son neutrales en el largo plazo. Es decir, algunas veces tendremos vientos de cola favorables y otras en contra, generando ciclos económicos. Y las reformas económicas de hace 25 años ya no son suficientes para acelerar el crecimiento, así que sus efectos se irán agotando con los años. No es que no sea necesario mantenerlas, sino que no son suficientes para salir de la llamada “trampa del ingreso medio”.
Otra aproximación al crecimiento económico es la clásica descomposición entre la parte que es explicada por la mayor fuerza laboral, la acumulación de capital y los cambios en la productividad. Ambas alternativas arrojan un potencial de crecimiento actual de cerca de 4% al año. Claramente esta cifra no es mala para hacer negocios, pero resulta baja para enfrentar la dinámica de la oferta laboral, mejorar las remuneraciones reales y seguir reduciendo la pobreza a una mayor velocidad. El PBI mundial crece a una tasa similar, por lo que la convergencia a ser un país de ingresos altos se aleja en el tiempo.
¿Es posible acelerar el crecimiento económico?
La respuesta es afirmativa. Con mejoras permanentes de capital humano (educación) y un aumento de la tasa de inversión privada (factible gracias a la inversión minera y en proyectos de agroexportación) podemos llegar a alcanzar una tasa de 5%. Y si atacamos de lleno el aumento en la productividad, podríamos alcanzar la cifra de 6% en algunos años más.
Las autoridades económicas del país están correctamente enfocadas en mantener la estabilidad macroeconómica. Pero una inflación baja y un cuadro de solvencia fiscal pueden ser consistentes con un crecimiento económico de 2%, 4% o 6%. Es decir, tenemos que diseñar y ejecutar políticas explícitas de productividad para acelerar el crecimiento económico en los próximos años.
Una manera de hacer esto es a través de un consejo de productividad o competitividad, que cuente con autonomía, solvencia técnica y empoderamiento. Se necesita darles cierta institucionalidad a las políticas de productividad (como ocurre con el Consejo Fiscal, por ejemplo). Algo así como una especie de defensoría del pueblo en temas económicos.
Además de la reforma educativa y de una mayor inversión privada, se requiere aumentar la productividad. Para esto, tenemos que desmontar las barreras que impiden una mejor asignación de los recursos. Asimismo, una reasignación de factores puede aumentar la productividad sensiblemente.
La lista tentativa –por estudiar– es la siguiente.
Facilitar el traslado de capital y trabajo entre sectores económicos y entre empresas. La mejor política laboral es el pleno empleo.
Un sistema financiero eficiente. Para su nivel de desarrollo, el país presenta bajos niveles de crédito y de alto costo. El ‘spread’ de tasas de interés está en el decil más alto en un grupo de 117 países que registra el Banco Mundial.
Un régimen sectorial y tributario que permita el crecimiento de las pequeñas y microempresas; primero hacia la formalidad y luego hacia un mayor tamaño.
Menores costos de transacción. Una economía eficiente necesita información para tomar mejores decisiones de inversión. En decenas de países las empresas informan a la autoridad competente sobre sus estados financieros. Esa información es pública. Esto permite a las mismas empresas compararse entre sí y no navegar a ciegas. Ello muestra que el Tribunal Constitucional no solo se equivoca en temas laborales sino también en temas empresariales.
No será fácil crecer más rápido. Se requieren consensos políticos que hagan posible romper las resistencias de algunos grupos de interés en aras de las grandes mayorías. Es ese el reto de la democracia representativa aplicada a la política económica.
*El autor es economista y también es miembro del directorio del BCRP.
