Eduardo Ferreyros
Correo, 20 de setiembre del 2024
Cada vez es más frecuente escuchar frases como “la minería industrial contamina” o la “pesca industrial depreda”, pero no nos detenemos a hacer el ejercicio de pensar quién o quiénes están detrás de ese falso discurso.
La minería es la principal actividad económica de nuestro país; sin embargo, según Videnza, el aporte de la minería para el desarrollo del Perú se ha debilitado con los años debido a un proceso de formalización desordenado y entrampado por los propios actores ilegales, quienes han adquirido un poder económico que hoy supera al narcotráfico. Así, justos pagan por pecadores. Mientras que la minería formal genera ingresos para el país beneficiando a todos los peruanos con empleo de calidad, divisas y tributos que deberían traducirse en carreteras, hospitales y colegios; la minería ilegal solo beneficia a unos cuantos delincuentes.
Lo mismo ocurre en el sector pesquero. Por un lado, las empresas formales respetan las reglas de un sector altamente regulado y hacen importantes esfuerzos para operar sosteniblemente y en armonía con el medio ambiente. De otro lado, existen plantas de procesamiento clandestinas para la elaboración ilegal de harina y aceite de pescado, así como embarcaciones que realizan pesca ilegal a lo largo de nuestro litoral, contaminando el ambiente.
Vemos claros ejemplos de ello en las recientes intervenciones realizadas en Pisco, que merecen el reconocimiento de todos los peruanos que queremos vivir en un país próspero y con futuro. Por ello, la labor de fiscalización de nuestras autoridades debe ser frontal y enérgica para poner un freno a este daño irreparable que le hacen al país, actuando impunemente y protegidos por mafias y algunas ONG. No nos quedemos de brazos cruzados frente a estos enemigos de la patria.
