David Tuesta
Perú21, 23 de enero del 2025
«El Consejo Privado de Competitividad subraya que las cifras de criminalidad de 2024 y los primeros datos de 2025 dan cuenta de un ascenso imparable de los delitos violentos, mientras las autoridades parecen mantenerse indiferentes ante esta realidad», afirmó David Tuesta.
La inseguridad en el Perú ha escalado a niveles alarmantes, evidenciando una preocupante inacción por parte del gobierno. El Consejo Privado de Competitividad subraya que las cifras de criminalidad de 2024 y los primeros datos de 2025 dan cuenta de un ascenso imparable de los delitos violentos, mientras las autoridades parecen mantenerse indiferentes ante esta realidad.
Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta el 31 de diciembre de 2024 se registraron 2,011 homicidios en el país, superando significativamente los 1,431 casos reportados en 2023. Este incremento del 40% en homicidios posiciona a 2024 como el año más violento en casi una década.
La Macrorregión Norte fue particularmente afectada, con un incremento del 93% en las denuncias por secuestro y extorsión en comparación con 2022. Este aumento refleja la expansión y consolidación de organizaciones criminales en zonas que anteriormente presentaban menores índices de violencia.
Los primeros días de 2025 no muestran señales de mejora. Entre el 1 y el 11 de enero, se perpetraron 60 homicidios, una cifra que supera a la de años anteriores en el mismo periodo desde 2017. Esta tendencia sugiere que, de no implementarse medidas efectivas, 2025 podría superar los récords negativos establecidos en 2024.
A pesar de la gravedad de las estadísticas, la respuesta del Gobierno ha sido, en el mejor de los casos, tibia. La declaración de estados de emergencia en distritos afectados y el despliegue de fuerzas militares no han logrado frenar el avance de la criminalidad. La percepción de inseguridad entre la población es palpable; encuestas recientes indican que el 87% de los peruanos se siente inseguro en las calles de su ciudad.
La falta de ejecución presupuestal en materia de seguridad agrava la situación. Municipios de regiones con altos índices de homicidios han invertido menos en seguridad ciudadana, dejando recursos sin utilizar en medio de una crisis evidente. Esta desidia institucional no solo perpetúa la violencia, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
La escalada de violencia y la indiferencia gubernamental ante ella exigen una reevaluación profunda de las políticas de seguridad. Es imperativo que el Gobierno abandone su postura pasiva y adopte medidas integrales que aborden las raíces de la criminalidad. La ciudadanía no puede seguir siendo rehén de la inacción estatal; es momento de que la seguridad se convierta en una prioridad real y efectiva.
