David Tuesta
Perú21, 20 de marzo del 2025
«Al restringir artificialmente el crédito, los bancos dejan de prestar a quienes no pueden asumir tasas dentro de los límites impuestos».
En Perú, algunas decisiones legislativas, lejos de proteger a los ciudadanos, los dejan expuestos al crimen organizado. Mantener los topes a las tasas de interés ha cerrado las puertas del sistema financiero formal a miles de peruanos, obligándolos a recurrir al ‘gota a gota’.
El problema no es exclusivo del país. En Colombia, más del 60% de quienes acceden a estos préstamos caen en ciclos de endeudamiento incontrolable. En México, estas redes están ligadas a la extorsión y la violencia. En Perú, entre 2021 y 2023, los casos de extorsión crecieron un 370%, alcanzando 22,396 denuncias, un fenómeno relacionado con la expansión de estos préstamos. Se estima que medio millón de peruanos están atrapados en este financiamiento ilegal.
Al restringir artificialmente el crédito, los bancos dejan de prestar a quienes no pueden asumir tasas dentro de los límites impuestos. Esto no significa que esas personas dejen de necesitar financiamiento, pero quedan a merced de informales que operan sin regulaciones y recurren a métodos violentos para garantizar el cobro.
El ‘gota a gota’ ha proliferado en mercados, ferias y barrios populares, impulsado por redes organizadas de otros países. Estos préstamos se presentan como soluciones rápidas y sin requisitos, pero las tasas ocultas superan el 500% anual. Cuando un deudor no puede pagar, comienzan las amenazas, destrucción de negocios y agresiones. Se han reportado casos de incendios provocados, ataques con armas y ejecuciones en la vía pública. Esta crisis es consecuencia directa de una mala política pública.
Estudios demuestran que el acceso al crédito formal fomenta el crecimiento y reduce la pobreza. Mientras otros países buscan expandir la inclusión financiera con innovación y competencia, en Perú se sigue insistiendo en medidas populistas que fortalecen el mercado negro del dinero. Lo peor es que los defensores de estos topes son los mismos que luego se escandalizan por el auge de los préstamos informales y la inseguridad que conllevan.
Más que regulaciones ineficaces, se necesita fomentar la competencia en el sistema financiero, reducir costos operativos y ampliar las opciones de financiamiento para sectores vulnerables. La educación financiera es clave. Además, la digitalización del sistema financiero ha demostrado ser una herramienta efectiva en otros países.
Pero el Congreso sigue legislando de espaldas a la realidad. Con cada día que pasa, más peruanos quedan atrapados en un sistema que los excluye y los entrega a redes criminales. Mientras las denuncias por extorsión y violencia crecen, los legisladores siguen sin entender el problema que han creado. ¿Cuántas víctimas más deberán sumarse antes de que reaccionen? Esperemos retorne el sentido común en el Parlamento y dejen de legislar en favor de estas mafias que traen más pobreza y exclusión.
