Charo Camprubí
Para Lampadia
24 de octubre de 2017
Los catalanes están bajo el shock de las medidas dictadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155. Rajoy tardó mucho en tomar la decisión pero, una vez que lo hizo con el acuerdo del PSOE y de Ciudadanos, fue contundente. Las medidas se han centrado más en las personas que gobernaban y que han desobedecido la ley, que en las Instituciones. Estas continúan como tal, aunque mediatizadas y controladas desde Madrid. Lo que se ha producido es una intervención del Estado español en la Autonomía catalana, no una suspensión de dicha autonomía. Pero no estamos ante una intervención de mínimos. Lo que tiene que aprobar el Senado este viernes por mayoría absoluta, es una intervención en toda regla.
El propósito de las medidas es regresar al orden constitucional y convocar elecciones autonómicas en un clima de normalidad y seguridad. Para cumplir con estos dos requisitos, la primera medida en llevarse a cabo será la del cese del Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de su Gobierno, culpables de haber subvertido el orden constitucional y de negarse reiteradamente a convocar unas elecciones que temen perder.
La segunda afecta al Parlamento Catalán. Este órgano continuará ejerciendo sus funciones aunque verá disminuidas algunas de sus competencias, como la de celebrar un debate de investidura. Pero, lo que más duele, es que el Gobierno pueda disolver el Parlamento Catalán y se dé un plazo de seis meses para convocar elecciones. Ese plazo ha hecho saltar chispas en Cataluña porque significa que estarán intervenidos por mucho más tiempo de lo que esperaban. Además, como esos seis meses están supeditados al restablecimiento de la “normalidad institucional”, el plazo se podría alargar aún más.
La tercera medida se relaciona con la seguridad. Los Mossos de Esquadra (Policía catalana) le fallaron al Gobierno ya que no cumplieron con sus directivas el día del Referéndum ilegal. En la mayoría de los casos, no cerraron los colegios electorales ni requisaron las urnas como se les pedía que hicieran. Obedecieron al Gobierno catalán en vez de obedecer al Gobierno central. Esta insumisión no se puede repetir, razón por la que el Ministerio del Interior asumirá con toda probabilidad el control de los Mossos y relevará a su principal responsable. También se enviarán a Cataluña efectivos de la Policía Judicial española y de la Guardia Civil.
Otras medidas están en relación con la convocatoria de elecciones. Con objeto de “garantizar una información respetuosa con el pluralismo político, social y cultural…” el Gobierno va a intervenir la radio y la televisión pública de Cataluña. Dado que estos medios de información han sido, hasta ahora, auténticos instrumentos de propaganda del independentismo, que su control cambie de manos será sin duda un duro golpe para ellos. Asimismo, la administración autonómica pasará a estar dirigida por el Gobierno de España el cual podría incoar expedientes disciplinarios contra los funcionarios públicos que incumplan las resoluciones del Ejecutivo, que también podrá nombrar nuevas autoridades y nuevos órganos en Cataluña si fuese necesario.
En total, 19 páginas de medidas contundentes y detalladas, que tendrá que estudiar el Comité del Senado nombrado a estos efectos. Sin embargo, una cosa es el papel y otra la aplicación de unas medidas que, en la práctica, se pueden encontrar con muchos obstáculos que sortear. Gobernar Cataluña desde Madrid será un rompedero de cabeza y actos de insumisión o brotes de violencia callejera no pueden descartarse. Si los ánimos estaban ya exacerbados por la puesta en prisión, por una jueza de la Audiencia Nacional, de “los dos Jordis” considerados presos políticos por los independentistas catalanes, ahora, con la puesta en marcha del artículo 155, tendrán aun más razones para salir a la calle y, si la calle se enciende, puede suceder cualquier cosa.
El victimismo está al orden del día en Cataluña y nada les gusta más a los independentistas que hablar de la “represión” del Estado español. En este contexto, no es de extrañar que una dirigente del partido antisistema de la CUP haya propuesto, como respuesta al 155, un gobierno catalán en el exilio (en Perpiñán, Francia) ni que Oriol Junqueras de ERC considere que se ha suspendido “no solo la autonomía sino la democracia” ni que el PDeCat hable de “golpe de estado”. Unidos Podemos, el partido de ámbito nacional que se sitúa a la izquierda del PSOE, se alinea con los independentistas al decir que “se ha suspendido la democracia en Cataluña y por lo tanto en España” y denomina “bloque monárquico” a los tres partidos que van a votar las medidas en el Senado, es decir, el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos.
Pero nadie quiere que el agua llegue al río y aún se están tendiendo puentes. Puigdemont no convoca hasta el jueves al Parlamento catalán para debatir las medidas y es posible que luego comparezca en el Senado para tratar de influir en dicho órgano. En todo caso, el Senado podría modificar las medidas que le ha remitido el Gobierno como podría, el sábado, cesar al Gobierno catalán. Esta es una semana decisiva para España.
