Convención Constitucional de Chile
La Tercera – Chile
Carlos Said
5 MAR 2022
Este sábado, la instancia votó varias propuestas que apuntan a estatizar a las empresas y acabar con las concesiones una vez que se promulgue la nueva Constitución. Una iniciativa propone crear una Comisión de Transición Minera para adecuar al mundo minero a la nueva legislación.
La Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional votó este sábado 12 propuestas relativas a la explotación y propiedad minera en Chile, ingresadas por los convencionales o a través de iniciativas populares, avanzando hacia la nacionalización de las empresas mineras una vez que se apruebe la futura Carta Magna.
Por 13 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, los convencionales aprobaron una iniciativa de estatuto minero (873-5), que en su artículo sexto transitorio establece que, una vez promulgada la Constitución, el Estado tendrá un plazo de un año para nacionalizar las empresas que trabajen con minerales metálicos, no metálicos y con hidrocarburos, entre otros, según lo determine el presidente de la República.
El Estado tomará posesión inmediata de estos bienes en la oportunidad que determine el presidente de Chile, quien tendrá como plazo máximo de 1 año desde la promulgación de la nueva Constitución para implementar dicha disposición.
Art. 6 Transitorio, de la iniciativa 873-5 de la Convención Constitucional
La norma no es clara sobre si las empresas recibirán una indemnización, porque en un párrafo afirma que no se las indemnizará (“no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre sustancias minerales y de hidrocarburos”, dice), luego plantea que la Contraloría determinará el monto a indemnizar e inmediatamente después dice que la indemnización será según el valor contable de la empresa.
En todo caso, la propuesta establece que será el presidente de la República quien fije el monto definitivo y lo apruebe por decreto. El pago se tendrá que hacer en un plazo máximo de 30 años.
La iniciativa también dice que en un plazo de tres años se someterán a evaluación ambiental todos los proyectos mineros cuya operación comenzó antes de 1993, y que se caducarán inmediatamente las concesiones existentes en áreas de exclusión (como glaciares) y en tierras indígenas.
Los convencionales igualmente aprobaron una propuesta de dominio minero (721-5), que en su primer artículo dice que “a la entrada en vigor de la presente Constitución se extinguirá la propiedad de las concesiones mineras”, y que los titulares de las concesiones mineras vigentes tendrán un plazo de cinco años para adecuarse al nuevo régimen jurídico.
Además, establece que se constituirá una Comisión de Transición Minera, que supervisará el paso de cada concesión a la nueva regulación, considerando si estas han provocado daño ambiental, si es una empresa pública o privada, y si ya recuperó o no su inversión.
Otra normativa aprobada (882-5) también en su artículo transitorio establece que quedarán “sin efecto todas las concesiones mineras otorgadas bajo la vigencia de los códigos de minería de 1932 y 1983″, y que se creará un sistema a cargo de Sernageomin para entregar licencias o permisos.
En general, la mayoría de las propuestas aprobadas establecen que el Estado tendrá “dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todos los bienes públicos”, entregándole al Estado la posibilidad (o el mandato, como en el caso de la propuesta 873-5) de nacionalizar las empresas mineras que estime conveniente.
Son bienes de dominio público de carácter absoluto, exclusivo, inalienables e imprescriptibles todas las sustancias minerales metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos.
Art. 1, inciso primero, de la iniciativa 430-5, aprobada por 14 votos a favor.
Igualmente, le entregan la posibilidad al Estado de terminar con las concesiones de forma inmediata, para reordenar al mundo minero en una transición hacia la nueva legislación.
Durante la jornada, y de forma paradojal, también fue votado dos veces un artículo que estaba presente en dos iniciativas distintas, siendo aprobado primero y rechazado después. La iniciativa dice que el suelo, los recursos naturales y los medios de producción podrán “ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva o de otras formas de gestión colectiva”.
También fueron puestas en votación algunas propuestas de convencionales de derecha y por la plataforma Compromiso Minero, los que fueron rechazados.
Camila Zárate (Lista del Pueblo), coordinadora de la comisión y patrocinante de la propuesta que nacionaliza a las mineras, dijo que estaba a favor de “aprobar todas las normas que produzcan un cambio, lo que tiene que ver con la primacía minera por sobre toda forma de producción”.
Y Bernardo Fontaine (Vamos por Chile) planteó que es “legítimo, pero equivocado, que algunos quieran usar la Constitución para que terminemos con la actividad minera. Esto es un capricho”, afirmando que el esquema de nacionalización provocaría incerteza jurídica y el descenso en las inversiones en Chile.
“La estatización implica entregar indemnizaciones amplias que nadie ha calculado, e implica dejar al Estado sin plata para las labores sociales”, añadió.
