Por: Camila Bozzo
Perú21, 02 de abril del 2022
“Es cierto que la desafección con la clase política es un fenómeno mundial, pero en el Perú se ha agudizado por la profunda crisis partidaria”.
Los peruanos les hemos retirado la confianza a nuestros políticos, las encuestas lo demuestran: siete de cada 10 desaprueban al presidente y al Congreso (Ipsos, marzo). La situación de los ministros es similar y en la oposición no hay liderazgos que convoquen ni que generen confianza. Nadie nos representa, no hay nadie que despunte en el horizonte, nada a lo qué asirnos.
La desafección generalizada y el profundo desprestigio de nuestra clase gobernante no debería extrañarnos. De hecho, es la secuela de una elección profundamente fragmentada: el presidente Castillo pasó a segunda vuelta con apenas el 19% de los votos, y en el Congreso alcanzó representación una docena de partidos. Como la oferta electoral no convencía, el voto se diluyó entre distintos postulantes que se desplazaban en la medianía.
Una vez en funciones, el gobierno y el Congreso han ayudado con esmero a ahondar su propio desprestigio. El gobierno, con su menesterosa gestión y su aproximación rentista de la política, el Congreso con el favorecimiento de agendas particulares y con su incapacidad para ejercer de manera efectiva su rol constitucional de control político.
Es cierto que la desafección con la clase política es un fenómeno mundial, pero en el Perú se ha agudizado por la profunda crisis partidaria. La población no se siente representada y los mecanismos políticos están desacreditados. El riesgo de ese desencanto es la deslegitimación de la democracia como sistema político.
Por eso es un imperativo, más allá de las salidas de corto plazo, que los ciudadanos exijamos que se avance la reforma política para fortalecer a los partidos, mejorar la calidad de los políticos y regular la relación entre poderes.
Urge que, por ejemplo, se elimine el voto preferencial, se apruebe la reelección congresal, la bicameralidad, se regule la vacancia y el juicio político al presidente, y se fijen requisitos de idoneidad moral para los postulantes. De lo contrario, seguiremos enfrascados en este espiral perpetuo de ingobernabilidad.
