Por: Camila Bozzo
Perú21, 28 de abril de 2021
Si el pueblo pide una nueva Constitución, la tendrá; si pide nacionalizar los recursos, lo tendrá; y si pide desactivar el TC o disolver el Congreso, también lo tendrá. Para Castillo, las decisiones del poder político deben reducirse a la voluntad popular. Hay dos opciones: o esas constantes referencias al pueblo son la antesala de lo que será un gobierno plebiscitario o son subterfugios para disimular las limitaciones de su propuesta programática. Ambas son peligrosas.
Es natural que, frente a la crisis de representación y frente a la precarización de las condiciones de vida, la población se identifique con candidatos que ofrezcan entablar una relación directa con el pueblo con el fin de acabar con el statu quo. Lo cierto es que la voluntad del pueblo se recoge en la elección; y cuando se gobierna únicamente en base a la opinión del pueblo (haciendo uso de mecanismos como los referéndums), las instituciones, la división de poderes y los mecanismos de control se diluyen y se abre paso a la concentración del poder, a lo que Merkel llama las “democracias defectuosas”. La experiencia lo demuestra, los líderes plebiscitarios terminan por perforar las instituciones (Venezuela o Bolivia). Ahora bien, Castillo tiene una barrera: la Constitución. Las reformas constitucionales deben aprobarse por el Congreso y ratificarse por referéndum; y en el Congreso no tiene mayoría absoluta (ni con sus aliados), por lo que no podrá materializar sus propuestas, a menos que dé un golpe de Estado y disuelva el Congreso inconstitucionalmente (como propuso Zaira Arias).
También es posible que sus referencias al pueblo sean la coartada perfecta frente a la ausencia de ideas. El problema es que genera falsas expectativas en una población que exige cambios. Lo cierto es que no hay claridad, y las respuestas de Castillo, en sus acotadas apariciones mediáticas, son contradictorias. Lo mínimo que podemos exigirle es que se comprometa a respetar la institucionalidad democrática.
