Por: Camila Bozzo
Perú21, 19 de noviembre de 2021
El periodismo siempre será incómodo para el poder porque uno de sus roles es precisamente fiscalizarlo, pedirle cuentas. Es por eso que desde distintas instancias del poder se busca silenciarlo. En el Congreso disuelto, por ejemplo, se presentaron proyectos para aumentar la pena de cárcel por difamación (a contracorriente de lo que sucede en las democracias constitucionales del mundo), para regular la publicidad estatal en medios y para exigir la colegiatura obligatoria de periodistas. En este Congreso, que no tiene ni cuatro meses en funciones, se ha desempolvado una ley observada por el gobierno de Sagasti que busca regular la publicidad estatal en medios y se ha presentado (PL) una iniciativa para controlar su contenido (que se declare de necesidad pública “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico”).
Los embates de este gobierno al periodismo son también preocupantes: la pasmosa opacidad del presidente, el maltrato a periodistas por parte de la seguridad del Estado, la retórica que busca deslegitimar a los medios del mismo presidente (ofreció revelar cuánto ganan los conductores de televisión) y de algunos de sus ministros (como Silva y sus declaraciones sobre Canal 7), y la negativa del presidente a firmar las declaraciones de Chapultepec y de Salta que establecen compromisos a favor de la libertad de expresión.
Por si esto fuera poco, el líder de APP, uno de los partidos con mayor representación congresal, busca amedrentar al periodismo. César Acuña ha presentado una solicitud de embargo contra el periodista Christopher Acosta (autor del libro plata como cancha), Jerónimo Pimentel y la editorial que él dirige, en el marco del proceso por la querella por difamación en contra de Acosta. Acuña solicita 100 millones de soles por daño a su reputación. Instrumentalizar a la justicia para silenciar a periodistas es una práctica peligrosa para la democracia, sorprende que venga de un político que dice querer defenderla.
