Asociación de Contribuyentes del Perú
Perú21, 6 de febrero del 2025
En un país donde la informalidad y la economía ilegal se mueven sin restricciones, la Sunat ha decidido enfocar su mirada en un nuevo objetivo “crítico para el crecimiento peruano”: las compras en plataformas como Temu y Ali Express. En lugar de combatir la informalidad o a los grandes informales, atacando el problema de raíz, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Sunat se concentran en las personas que compran su muñeco capibara por Temu. Todo esto bajo la tiránica supervisión de la Dirección General de Políticas de Ingresos Públicos.
Según la propia Sunat, en 2023 se registraron aproximadamente 1.8 millones de actividades de comercio a través de estos couriers, cifra que en 2024 se disparó a 4.4 millones y que se proyecta alcanzar los 7 millones para fin de año. Ante este boom del comercio electrónico, la entidad ha decidido “acompañar” este crecimiento con fiscalizaciones más estrictas para detectar el llamado “comercio hormiga”.
Este afán de satanizar las transacciones comerciales con etiquetas negativas es parte de una narrativa instalada por el anterior ministro José Arista, cuyo único trabajo fue el de exprimir a los contribuyentes formales para salvar Petroperú y reducir el déficit fiscal generado por la burocracia estatal que él mismo alimentó y sostuvo.
Así, la lógica de la Sunat consiste en aparecer como el “perseguidor” de transacciones comerciales que no pagan impuestos, como si gravarlas fuera un deber moral, una acción virtuosa y esto no puede ser más falso. Cobrar impuestos no es una acción buena en sí misma. Es solo una tarea que debe ser balanceada y controlada por dos factores clave: primero, no puedes exprimir mucho al contribuyente formal so pena de generar más informalidad, y segundo, los impuestos son legítimos en la medida en que sirven para que el Estado sirva a los contribuyentes y no al revés. Y analizando ambos factores, en Perú, la Sunat está sirviendo los intereses de un Estado que no cumple con su parte del contrato.
¿Qué pasará con las compras menores, entonces? La nueva persecución de la Sunat implica que los peruanos que compran artículos en el extranjero, porque encuentran mejores precios que en el mercado local, podrían enfrentar controles más rigurosos bajo la sospecha de que revenden estos productos sin tributar. La norma actual permite importar productos hasta por 200 dólares al año sin pagar impuestos, siempre que sean para uso personal. Sin embargo, la Sunat busca endurecer la vigilancia sobre estas compras, argumentando que algunas personas las convierten en un negocio informal. De más está decir que 200 dólares es una cifra ridícula y arbitraria.
La pregunta clave es: ¿por qué la Sunat, con recursos públicos y capacidades limitadas, decide perseguir a los jóvenes y consumidores comunes en vez de enfocarse en las verdaderas causas de la informalidad? La respuesta es simple: es más fácil presionar a quienes no tienen los medios para defenderse que enfrentarse a los grandes problemas de informales y a la economía ilegal que opera con total impunidad.
En lugar de buscar soluciones estructurales como reducir impuestos, simplificar el proceso de formalización o eliminar barreras burocráticas, este Gobierno prefiere hacer gala de su “poder” persiguiendo pequeños emprendedores y consumidores. Para Camila Costa, directora de la Asociación de Contribuyentes del Perú, “este tipo de accionar solo genera un rechazo en la población, precisamente el sector que más se beneficia de la tecnología y el comercio electrónico, que es más productivo, que ya paga impuestos y que no recibe ningún servicio público de calidad a cambio”.
El verdadero desafío del nuevo ministro José Salardi no está en controlar las compras de Temu y Ali Express, sino en corregir el desbalance estructural de las finanzas públicas. Salardi asume el Ministerio de Economía y Finanzas en un momento crítico: el déficit fiscal llegó al 3.6%, impulsado por un gasto descontrolado del Estado. El gasto corriente, en particular, ha crecido desproporcionadamente, con el componente de remuneraciones aumentando un 8.7% y 40% desde 2019 a 2024. Que el Estado se ajuste a sí mismo, antes de ajustarnos a nosotros. Punto.
