Anthony Laub
Perú21, 15 de abril del 2026
«La integridad de un proceso electoral no se mide solo por el conteo de votos, sino por la garantía efectiva de que todos pudieron votar en igualdad de condiciones».
Lo ocurrido en Lima el día de la votación no es un incidente menor ni un simple problema logístico. Más del 13% de las mesas de sufragio no abrió hasta pasado el mediodía, reduciendo sustancialmente el tiempo efectivo para que miles de ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto.
Esto es un hecho. Si se considera el padrón electoral de Lima, hablamos de unos 1.1 millones de electores afectados. Bajo escenarios conservadores, si entre un 7% y 10% de ellos no logró votar producto de estas demoras, son entre 77,000 y 110,000 votos no emitidos.
En una elección reñida, ese margen no solo es relevante, es potencialmente decisivo, pues puede definir quién pasa a segunda vuelta. Sostener que lo ocurrido “no cambia nada” es una afirmación que requiere ser demostrada con datos por las autoridades electorales y por quienes buscan minimizar este escándalo.
La responsabilidad es de la ONPE bajo la jefatura de Piero Corvetto. Cuando una proporción tan significativa de mesas no logra instalarse a tiempo, no estamos ante un evento anecdótico, sino ante una falla sistémica cuya responsabilidad debe ser asumida y explicada.
Atribuir lo ocurrido a un “error puntual o logístico” es insuficiente. La magnitud de estas fallas hace razonable cuestionar si estamos ante una simple negligencia o una afectación del proceso electoral.
Cuando un vicio tiene el potencial de afectar el resultado, surge una pregunta inevitable: ¿el impacto fue neutro?; más aún si las demoras se concentraron en determinados distritos o segmentos, cuyo efecto podría no ser proporcional, lo que generaría un sesgo en el resultado final.
Corresponde que el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público actúen con celeridad para definir las responsabilidades y consecuencias que correspondan.
La integridad de un proceso electoral no se mide solo por el conteo de votos, sino por la garantía efectiva de que todos pudieron votar en igualdad de condiciones. Cuando eso no ocurre, no basta con cerrar el proceso y mirar los resultados: es indispensable esclarecer los hechos.
En democracia, la confianza se construye y, cuando se ve afectada, corresponde una explicación completa y clara asunción de responsabilidades. Los errores o vicios no se eliminan con opiniones y mucho menos con una escueta hoja escrita a mano exonerando del pago de la multa a quienes, en los hechos, se les impidió votar.
