Por Alfredo Torres, Presidente ejecutivo de Ipsos Perú
El Comercio, 28 de octubre, 2015
Así como las familias y los negocios ponen llaves y candados para asegurar su tranquilidad y sus expectativas de progreso, del mismo modo las sociedades necesitan candados para proteger su estabilidad y sus posibilidades de desarrollo. Los principales candados que emplean los estados son su Constitución Política y los tratados internacionales. Menos evidente pero igualmente efectivo es un candado virtual, el consenso social: cuando líderes y ciudadanos comparten una visión sobre algún tema, este acuerdo nacional se vuelve un candado muy poderoso.
El Perú ha construido en las últimas décadas algunos candados muy efectivos en el sistema económico. La traumática crisis de la década de 1980 llevó a que en 1993 se aprobase una Constitución con un régimen económico que introdujo una serie de instituciones –como la autonomía del Banco Central de Reserva– que han contribuido significativamente a la estabilidad que ha caracterizado a la economía peruana desde entonces. Los tratados de libre comercio suscritos en la última década también constituyen candados eficaces para la salvaguarda de la economía de mercado y para que el Perú pueda aprovechar las oportunidades que brinda la globalización. Ambos candados son muy seguros debido a que también cuentan con el apoyo de la opinión pública, del consenso social.
Otros candados económicos –como el rol subsidiario del Estado– son más endebles, porque subsiste una visión estatista en un amplio sector de la población. Dos ejemplos de esta debilidad son las votaciones del Congreso para que Petro-Perú arriesgue recursos públicos en el lote 192 y para derogar el Decreto Legislativo 1198 que permitía al sector privado invertir en la puesta en valor del patrimonio arqueológico del país. Bastaron algunas movilizaciones en Iquitos y Cusco para que los congresistas cedieran a la presión popular.
En el ámbito político, dos buenos candados –cuyos orígenes se remontan a la Constitución de 1979– son el requisito de ganar la elección con más de 50% de la votación y la no reelección inmediata. El primero impulsa a los candidatos –especialmente en la segunda vuelta electoral– a correrse hacia el centro político. El segundo evita que líderes mesiánicos pretendan enquistarse en el poder, como lamentablemente ha ocurrido en algunos países de la región.
Sin embargo, faltan candados para impedir que la corrupción aproveche la debilidad del sistema político para llegar al gobierno. Actualmente ingresa a las campañas electorales dinero proveniente de actividades ilegales y aportes oscuros –del Perú y el extranjero–orientado a obtener luego beneficios indebidos de las autoridades elegidas. Eso no debe continuar. La asociación civil Transparencia ha propuesto otorgar facultades a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que esta estime el monto invertido en cada campaña a partir de tarifas calculadas técnicamente. Los partidos estarían obligados a acreditar los ingresos que sustentan dichos gastos. Si no lo hacen, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) les quitaría el derecho a la franja electoral gratuita en televisión y, si el incumplimiento es reiterado, les retiraría su inscripción. Esta propuesta cuenta con el respaldo ciudadano y debería ser recogida por el Congreso de la República.
Por último, es indispensable un candado muy seguro para impedir que personas peligrosas actúen en política. Actualmente, alguien que ha sido sentenciado en segunda instancia con pena privativa de la libertad puede ser candidato. También puede postular quien ha cumplido pena de cárcel por terrorismo, asesinato o secuestro. Un ex convicto tiene derecho a rehacer su vida laboral, pero no debe permitirse que sea representante de la nación. Del mismo modo que una persona que cumplió condena por violación de menores no puede ser profesor escolar, debe impedirse que una persona que ha atentado contra el Estado y la vida de sus conciudadanos postule a un cargo público. Según Ipsos, más del 90% de la opinión pública apoyaría la prohibición para que ex convictos puedan ser candidatos. El Congreso debe actuar de inmed
