Quizá la mejor definición del nuevo Régimen Laboral Juvenil sea, como señaló responsablemente, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde: “un paso tímido” en la dirección correcta. “Creo que las críticas que se hacen son un poco injustas, porque estamos hablando de gente que no tiene empleo, que es la que estaría entrando a este régimen” ha dicho.
En los hechos la ley busca incentivar el empleo en un segmento de la población que se calcula en 250 mil peruanos, sin experiencia y/o con problemas de empleabilidad, entre los 18 a 24 años, que no tiene derechos hoy y que vive en la informalidad laboral. Es una iniciativa dirigida a quienes no han sido contratados antes o no están o han estado en planilla, otorgándoles 15 días de vacaciones, acceso a la Seguridad Social y al Seguro de Trabajo y Riesgo, etc.
La norma es aplicable inclusive a los jóvenes que en esas edades, tengan educación secundaria completa o incompleta, o superior técnica o universitaria y que a la fecha se encuentren desocupados. El régimen es opcional no pudiendo, quienes ya están contratados con mayores derechos, ser despedidos y luego reenganchados. Del lado de las empresas el beneficio está en el crédito tributario por la capacitación a estos jóvenes y el pago, durante el primer año, del seguro social.
La ley es importante, útil y hasta oportuna, pero pésimamente comunicada y manejada por el gobierno. Una vez más Ollanta Humala y prácticamente todos sus operadores, han mostrado torpeza porque lejos de buscar consensos han actuado en desorden, con el pie innecesariamente en alto –como el incontrolable Cateriano- y explicando las cosas mal o tardíamente. Los voceros gubernamentales que se supone tienen la responsabilidad de dirigir y organizar las juventudes han dado pena demostrando en los medios su absoluta incapacidad.
Hay varias paradojas: Los inspectores laborales del Ministerio de Trabajo iniciaron hace unas horas un paro nacional por el incumplimiento de un laudo arbitral por parte del ministro Fredy Otárola; y los sindicatos de trabajadores de EsSalud acaban de comenzar un paro de 48 horas para reclamar por un bono que no se hace efectivo dentro de sus remuneraciones. El gobierno habla de derechos laborales, por un lado, pero hace «perro muerto» a sus propios trabajadores, por el otro.
Sorprende que un sector del periodismo que se supone informado haga juego y se sume a las críticas de quienes quieren pescar a río revuelto. Esta ley puede no ser perfecta pero es un camino más justo que la jungla que hoy viven decenas de miles de peruanos en busca de una oportunidad laboral formal. Decir que recorta derechos laborales donde hoy no existe trabajo no es la forma de enfrentar seriamente un tema tan delicado como el presente y el futuro de los jóvenes en el Perú.
