Por: Alejandro Falla
El Comercio, 12 de junio de 2019
El Comercio, 12 de junio de 2019
Siete Sopas es un restaurante muy popular de Lince. Se ha hecho conocido por vender solo sopas. La gente hace cola en la puerta. Siguiendo con la tradición sopera, la atención es de 24 horas. No hay mejor cosa que una buena sopa para arreglar el cuerpo en la madrugada.
Recientemente han tenido que reducir su horario de atención. Por disposición municipal (ordenanza 416-2019-MDL de marzo del 2019), se ha restringido su horario de atención solo hasta la medianoche. Los que quieran una sopita en la madrugada se fregaron. Lo mismo ha sucedido con otros negocios (oficinas administrativas, panaderías, etc.). Ahora los gimnasios no podrán abrir a las 6 a.m. Si operan fuera del horario permitido, ponen en peligro sus licencias.
El horario de funcionamiento de un negocio debiera ser libre (cada quien lo definirá en función a su demanda o modelo de negocio). Salvo que exista alguna buena razón para limitar la operación de un negocio en particular (ruidos molestos a vecinos generados por un restaurante, por ejemplo), no existe motivo para limitar el funcionamiento de todos los negocios incluidos en ese rubro.
La Municipalidad de Miraflores ha aprobado una ordenanza (Ordenanza 518- MM, de mayo del 2019) mediante la cual fuerza a las empresas que prestan el servicio de delivery a registrar los datos de identificación de los repartidores y de sus unidades (bicicletas incluidas). Si no hay registro, adiós a la licencia. El año pasado los paseadores de perros fueron obligados al registro (Surco); este año les tocó a los repartidores de comida.
Nada indica que la seguridad se incremente mediante un registro de repartidores. El aumento en los ingresos de la municipalidad (no hay registro gratis) no parece una buena razón para establecer este tipo de obligaciones.
Estos son ejemplos del impacto (negativo) que puede tener la regulación municipal en el desarrollo de negocios. Las municipalidades son fuente de muchas regulaciones ilegales o irracionales que dificultan o incrementan los costos de hacer negocios. Si bien estas regulaciones pegan a todos, afectan más a los pequeños o medianos negocios.
Las municipalidades (provinciales o distritales) lideran el ránking 2018 de entidades condenadas por el Indecopi por establecer barreras burocráticas: el 85% de las que han sido identificadas y sancionadas tiene su origen en alguna municipalidad.
El Indecopi hace sus esfuerzos para atacar el problema. Se puede hacer más. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puede condicionar la transferencia de recursos a las municipalidades a la eliminación de barreras burocráticas por parte de ellas. No tiene sentido que el MEF transfiera recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal a municipalidades que lideran el ránking de entidades sancionadas por imponer barreras burocráticas. Nada de esto requiere de una gran reforma del sistema político. No hay excusa. Mientras el Ejecutivo se decide a hacer algo, puede ir al Siete Sopas de Surquillo. Allí no existe restricción horaria.
