Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 19 de marzo de 2019
Perú21, 19 de marzo de 2019
Un detalle clave, que ha pasado medio desapercibido en nuestros medios (no sé si adrede en algunos…), es que la Corte Suprema de Brasil determinó recientemente, en votación ajustada, que la financiación ilegal de partidos se debe dilucidar en la justicia electoral local (que tiene “dientes” penales) y no vía tribunales penales ordinarios.
Como sostuvo el penalista Carlos Caro en Gestión, pasaría entonces en Brasil a ser falsedad ideológica y ya no el más serio de lavado de activos, porque no hay delito fuente que fuera de conocimiento de los acusados, ni esa plata ha generado o redistribuido nuevos fondos delictivos nuevos (“lavados”), ni los partidos son “organizaciones criminales”, como tan temerariamente se les ha acusado aquí. Los caviares y oficialistas –a los que la justicia les importa un comino con tal de aplastar a los que odian– responderán que eso es legislación brasileña y no peruana. OK, pero lo que ha sucedido aquí es igual: no ha habido lavado de dinero, sino financiamiento ilegal, lo que incluso era una falta y no un delito en aquel entonces. ¡Hasta en eso coincido con RMP! Conversen con cualquier penalista y les dirá lo mismo, solo que la mayoría se muere de miedo de pelearse con la ignorancia jurídica de una opinión pública enfervorizada y con medios alineados con un MP borracho de populismo legal.
Estamos viviendo la misma insania penal revanchista de hace 18 años, cuando indebidamente el “abogado estrella” y su juez extendieron el delito de peculado a quienes NO eran funcionarios públicos. Nadine fue a prisión por gusto por lavado, como lo están Keiko, Yoshiyama y otros actualmente. Solo si a cambio de ese financiamiento partidario se otorgó una obra, entonces SÍ hay delito (y soborno, no lavado). Pero el linchamiento es nuestra “justicia”.
