Por: Adriana Tudela, Congresista de la República
El Comercio, 26 de Agosto del 2022
“Los ciudadanos, ante la falta de acción del Congreso, terminan viéndolo como cómplice”.
Cuidar las famosas ‘balas de plata’ para evitar el cierre del Congreso ha sido el eje central –sino el único– de la estrategia de la oposición desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, pasado un año, empieza a mostrarse como un pretexto para no ejercer el control político necesario para enfrentar a un gobierno corrupto, con vocación totalitaria y más interesado en repartirse el dinero de los peruanos como un botín que en generar desarrollo y prosperidad para el país.
Se dice, por ejemplo, que Aníbal Torres es un muerto político que simplemente está esperando a ser reemplazado, por lo que sería un desperdicio promover una censura en su contra. Creer eso es, a modo de avestruz, esconder la cabeza ante una realidad peligrosa. Torres no es inofensivo, sino un hombre clave para Castillo, pues es el gran comunicador y articulador de la narrativa manipuladora del gobierno, la cual ha terminado siendo uno de los pocos pilares que lo sostienen.
Es así que evitar usar las ‘balas de plata’ para proteger la institucionalidad y la democracia y no tomar acciones que puedan gatillar una cuestión de confianza constituye un razonamiento circular: el Congreso, al no ejercer un rol fiscalizador para evitar asumir riesgos, está permitiendo que el Gobierno vulnere la institucionalidad, atropelle la Constitución y que afecte gravemente el Estado de derecho. Se trata, además, de una lógica falaz, pues el Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza en cualquier momento.
En lugar de actuar, estamos constantemente tirándole la pelota a otros actores, como la fiscalía y la prensa, sin comprender que salir de esta crisis depende de la voluntad política del Legislativo. Nuevamente, la oposición está escondiendo la cabeza como un avestruz, esperando que mágicamente “algo” pase para actuar.
Lamentablemente, con estas actitudes, la oposición se ha convertido en la principal alimentadora de la idea de que, para resolver la crisis política, nos tenemos que ir todos. Los ciudadanos, ante la falta de acción del Congreso, terminan viéndolo como cómplice por omisión: les estamos fallando al no ser un contrapeso real al Gobierno. Ahora, si bien esta es una frustración que comprendo y muchas veces comparto, resulta inadmisible equiparar la responsabilidad del Congreso con la del Gobierno en generar esta crisis.
Y eso es precisamente lo que hace el #QueSeVayanTodos, que, como propuesta, tiene serias desventajas, tales como generar inestabilidad e incertidumbre extremas y no ser otra cosa que una salida inmediatista que fomenta el populismo y que podría terminar siendo un remedio peor que la enfermedad.
Sin embargo, lo más grave de la propuesta es que busca diluir de manera absoluta la responsabilidad política de Pedro Castillo y su gobierno. Si todos son responsables, en realidad nadie lo es. Por eso, recurrir a ella sería, en la práctica, conceder una especie de amnistía política al gobierno de Pedro Castillo y eso es algo que no debemos aceptar.
