Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Recientemente, la comisión de justicia del Congreso ha planteado que a los jóvenes de 16 y 17 años se les sancione penalmente por delitos graves, igual que a los adultos. A ese respecto, La República entrevistó a la Coordinadora del Programa Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público, quien considera que esa propuesta es inviable.
Resulta interesante que, la entrevistada, apele a la “Convención de los Derechos del Niño”, como si un individuo de esas edades lo fuera. Probablemente a mediados del siglo XX, un adolescente de 16 o 17 años resultaba aún inocente, poco expuesto al contacto y relacionamiento con delincuentes y a las conductas delictivas; alejado de las drogas, de la delincuencia (que en esos tiempos era muchísimo más moderada que la actual, no usaban armas de fuego) y muy cuidado por la familia.
A estas alturas del siglo XXI, la cantidad y calidad de información puesta a disposición de los menores de edad, incluso desde muy niños, incluye el “bombardeo” y la exaltación de temas sexuales y de género, puesta a su disposición por los colegios, programas de radio, televisión y las redes sociales, al igual que los temas de violencia. La existencia de paradigmas y “personajes” emblemáticos, creados para ellos, con sesgos de comportamiento desviados y alejados de las tradiciones y códigos de conducta de nuestra sociedad. Esto los aleja de la inocencia y actitud propia del modelo de adolescente, para los que se crearon las normas de “justicia restaurativa”.
Soy un creyente de la justicia restaurativa, pero únicamente para delitos menores, que perfectamente podríamos catalogar como “faltas”, cometidas por menores con personalidades en formación. Pero, de ninguna manera resulta aceptable la tibieza de los regímenes restaurativos, para ser aplicados a delitos contra la vida el cuerpo y la salud y contra la libertad sexual.
El problema es que la delincuencia y las bandas organizadas, cada día más violentas y sanguinarias, captan a adolescentes de 16 y 17 años, a quienes les hacen saber que, por ser adolescentes, la ley los protege y gozarán de impunidad y de un trato muy especial, ante delitos muy graves. Por eso, los captan para sicariato, extorsión y robo agravado con afectación de la vida y la salud, al igual que para delitos contra la libertad sexual.
Resulta impresionante que esta fiscal diga, que “sólo el 5.65% de los casos en conflicto con la ley penal”, está constituido por adolescentes y que, por lo tanto “resulta ínfimo”. Es evidente que tiene un grave error de comprensión de la realidad, pues, si la población de 16 y 17 años de edad en Perú representa menos de 5% de nuestra población total (mitad de ellos hombres), todo indicador superior a 5% de casos de conflicto con la ley penal, merece inmediata atención del problema.
Significa, más bien, que hay un crecimiento preocupante de la propensión al delito en ese grupo etario, que la propensión al delito entre los 16 y 17 años es cerca de 20% (si suponemos que tanto hombres como mujeres tienen la misma propensión al delito) superior al del resto de la población y, consecuentemente, merece el diseño de una estrategia especial y urgente y no una actitud pasiva y complaciente, como la mostrada por esta fiscal.
Me parece que, en términos generales y para delitos menores, debemos trabajar en la justicia restaurativa de estos adolescentes, pero, para los casos de delitos graves contra la vida el cuerpo y la salud, así como para delitos contra la libertad sexual, debemos aplicar la justicia punitiva y sancionadora. No sólo eso, sino que debemos hacer una seria campaña de comunicación, para que los adolescentes sepan que no tienen ninguna protección, sino que les caerá todo el peso de la ley, para castigarlos como adultos.
La peor torpeza en la que podemos incurrir como sociedad, es permitir que los adolescentes crean que estarán protegidos por un velo de impunidad. En todo caso, su aplicación e intensiva labor de divulgación, deberían ser empleadas como un elemento disuasivo, por lo que se les debe advertir para que no sean utilizados por las bandas delictivas, como brazo ejecutor del delito. De esta manera, no se convertirán en víctimas de las bandas criminales, que “se la pintan fácil”.
¡La democracia no puede ser tan boba! Lampadia
