Alejandra Benavides
Para Lampadia
Al cierre de la presentación de listas de pre-candidatos presidenciales, tenemos 33 listas, de 24 partidos inscritos en la ONPE. Que el menú sea amplio, no significa que los platos sean buenos, sino que hay una gran cantidad de personas que se perciben “presidenciables” y los requisitos para poder postular son mínimos. Desde hace tiempo me pregunto, ¿por qué personas sin preparación, sin ideas ni convicciones y sin experiencia, podrían creer que están a la altura de tan grande responsabilidad? Y, siempre termino respondiéndome a mí misma, que la premisa de la pregunta es errada y que lo más probable es que menos del 10% de aquellos pre-candidatos hagan una reflexión sobre su propia idoneidad, tanto intelectual como moral, para ocupar el más alto cargo del país.
Un ejemplo perfecto de esto es el ex – presidente Ollanta Humala (OH). Un militar cuestionado (Locumba, Andahuaylazo, “Capitán Carlos”), que hizo un gobierno malo y corrupto, pero que no se avergüenza de expresar sus ambiciones de llegar nuevamente al sillón presidencial y hoy es único pre-candidato en la lista del Partido Nacionalista. En su gobierno, crecimos a un magro promedio de 3% anual, mientras que en el quinquenio anterior crecíamos a 7%. Su política de “incluir para crecer”-carente de lógica, hizo que se infle el gasto corriente, superávit y endeudamiento, mientras que la inversión privada creció sólo 2% en promedio durante su gobierno – antes esta cifra crecía 19% anual en promedio. Siempre me pregunto ¿de dónde creen los izquierdistas que sale la plata? La pobreza sólo se redujo en 20% durante su mandato – producto de las políticas del gobierno anterior, donde la pobreza se redujo casi a la mitad. OH se dedicó a programas sociales plagados de burocracia y corrupción, y en paralelo a espantar la inversión privada con amenazas y cambios en regímenes tributarios (ej. minería) y renegociación de contratos (lotes 56 y 57 de Camisea), llegando hasta menos de 50 puntos en el índice de confianza del consumidor.
Además de su fallido performance como presidente, nunca cumplió su (estúpida) promesa más importante de campaña, el famoso “Balón a 12 soles” – promesa que luego desmintió. Mientras carcomía la economía, se encargó de darle más de US$8,000 millones en obras – muchas de ellas inservibles, a las empresas brasileras corruptas Odebrecht y OAS. Aún se están haciendo investigaciones sobre el rol del exmandatario en estas cuestionadas obras y sus coimas, sin embargo, ya tiene una denuncia fiscal por lavado de activos por haber recibido fondos de campaña tanto de Odebrecht como del gobierno de Venezuela en el 2006 y 2011. Esta denuncia fue realizada por el fiscal Juarez Atoche en mayo de 2019, sin embargo, sigue en la etapa de “control de la acusación” en manos del juez Concepción Carhuancho hace más de 1 año – entre audiencias y dilataciones por temas de COVID-19. Luego de esto, iría a juicio oral, y de ser juzgado culpable, podría ir hasta 20 años a prisión.
Este es el caso más claro de pretensión de la presidencia para escudarse bajo la inmunidad que ésta otorga. Pero, entonces ¿Quién protege a los electores? La ley establece que nadie con sentencia privativa de la libertad puede postularse, lo que deja esa parte en manos de una lenta, inepta y oscura fiscalía y poder judicial. Sin embargo, la otra pieza clave son los leves requisitos para postular a la presidencia: ser peruano de nacimiento (ojo con Forsyth), ser mayor de 35 años, gozar de derecho de sufragio. Para tan importante cargo, esos requisitos no parecen ser suficientemente duros y debiéramos modificarlos para subir la valla y establecer criterios más acordes con el perfil necesario para un presidente de la república. ¿Ahí no debió estar el enfoque de la reforma política?
Referencias:
elmundo.es/america/2011/09/29/noticias/1317259479.html
https://diariocorreo.pe/politica/reanudan-caso-humala-despues-de-seis-meses-noticia/
